Una ola de denuncias, investigaciones y publicaciones en redes sociales ha empujado a varios represores del régimen cubano a tomar una decisión que parecía impensable hace apenas unos años: regresar a Cuba, el mismo país que abandonaron tras haber servido como piezas claves en la maquinaria represiva del Estado. La razón: evitar ser arrestados, procesados o deportados en Estados Unidos.
Uno de los casos más recientes y escandalosos es el del coronel Leandro Rubén Garnica, exjefe del G2 en las provincias de Cienfuegos y Santa Clara, cuyas víctimas lo recuerdan como un hombre extremadamente violento y abusivo. Garnica, quien había llegado a EE.UU. en 2017 reclamado por su hija, huyó recientemente del país y ya se encuentra en Cuba, según confirmaron fuentes cercanas a su familia.
Así lo hizo saber el creador de contenido Yamil Cuéllar desde su canal de Youtube Molinos por la Libertad.
Diversos testimonios, incluyendo el del expreso político Jorge Luis Brito y el exoficial Vladimir Rivero, lo vinculan con actos de tortura, maltratos a mujeres detenidas y amenazas de muerte a disidentes.
Rivero, quien fue alumno y subordinado de Garnica, lo define como «un extremista, un déspota, un abusador que intimidaba hasta a los secretarios del Partido». Incluso lo acusa de haber tenido intenciones de asesinar a Guillermo «Coco» Fariñas durante su huelga de hambre. Las denuncias llegaron a instancias internacionales como la ONU, pero en EE.UU., pese a que el FBI lo investigaba, Garnica logró evadir cualquier medida legal y tomar un vuelo que lo regresó al país que una vez dirigió desde las sombras.
Otro caso es el de Roberto Díaz Sotolongo, exministro de Justicia de Cuba, cuya firma aparece en sentencias extremadamente cuestionadas, incluyendo fusilamientos.
Tras ser expuesto en redes sociales por el creador de contenido Niover Licea, Díaz Sotolongo huyó también, pero su destino fue Canadá.
«Se fue antes de que pudieran iniciarse acciones en su contra, presumiblemente bajo una estrategia premeditada. Su esposa, Lysette Luis Martínez, conocida defensora del régimen, evitó en todo momento cualquier exposición de él en redes sociales,» dijo Niover en una publicación subida a sus plataformas.
Y luego está Claudio Záldivar, exjefe de Policía de Moa, también expuesto por Licea. Záldivar, asegura Niover, fue detenido en la frontera con México y se le denegó el acceso a EE.UU.
«Hoy está escondido en su casa en Cuba, evitando salir a la calle. Fue denunciado públicamente por sus acciones represivas, y la presión mediática impidió su ingreso al «mundo libre»,» señaló el creador de contenido en una publicación.
Estos tres casos no son aislados. Representan una tendencia creciente: la de los represores que, al ser descubiertos, optan por la autodeportación. Algunos, como Garnica, incluso tenían ciudadanía europea, lo cual pudo facilitar sus movimientos para burlar controles migratorios.
Entretanto, otros presuntos represores permanecen en silencio, escondidos en ciudades como Miami, Hialeah, Houston o Tampa. Saben que están bajo la lupa, pero también que los procesos legales en su contra son lentos o inexistentes. La denuncia ciudadana se ha convertido en una herramienta clave. Activistas piden a la población que no espere por periodistas o influencers, sino que denuncien directamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o al ICE. Incluso se puede hacer anónimamente.
El congresista Carlos Giménez ya ha entregado una lista de nombres de presuntos represores al DHS. El FBI tiene varios expedientes abiertos. Sin embargo, la gran pregunta sigue en el aire: ¿por qué no han sido procesados todos los que figuran en estas listas? ¿Cómo es posible que personajes como Garnica o Sotolongo simplemente tomen un vuelo y desaparezcan del radar legal estadounidense?
Los casos continúan acumulándose, al igual que la frustración de las víctimas. Mientras algunos represores regresan al país donde fueron temidos y ahora se ocultan, otros siguen libres y activos en Estados Unidos, amparados por lagunas legales y, muchas veces, por el silencio.
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