En las últimas semanas, Florida ha sido escenario de múltiples arrestos de personas de origen extranjero, reflejando un panorama migratorio cada vez más complejo y restrictivo en Estados Unidos. Estos incidentes no solo resaltan la creciente vigilancia y aplicación de leyes migratorias, sino también las implicaciones legales y humanitarias que enfrentan los inmigrantes en el país.
El 5 de febrero, en el centro de Miami, un sujeto de origen hispano, Luis Acosta-Barbon, un hombre de 59 años y sin hogar, fue arrestado por la policía bajo cargos de asesinato en segundo grado tras una disputa que culminó en el apuñalamiento mortal de Wilfredo Clemente Campo Alegre, también de 59 años. El incidente ocurrió fuera del restaurante Cacique, y las autoridades lograron identificar y detener a Acosta-Barbon gracias a imágenes de vigilancia que lo mostraban huyendo en un patinete eléctrico blanco.
En otro incidente, Sara Knyane, una madre migrante de 29 años originaria de Antigua y Barbuda, fue arrestada en el Hotel Chelsea de South Beach. La policía encontró a su hijo de 8 años solo y desnudo en una habitación del hotel. Knyane enfrenta cargos de negligencia infantil sin causar daño físico grave y se le impuso una fianza de $2,500.
Además, seis hombres, incluyendo dos de los condados de Miami-Dade y Broward, fueron acusados por fiscales federales de participar en un esquema de fraude estimado en $80 millones.
Utilizando identidades falsas y negocios ficticios, realizaron depósitos por aproximadamente $50 millones entre 2021 y 2025. Los acusados enfrentan múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer fraude bancario y electrónico, lavado de dinero y robo de identidad agravado.
Los seis hombres, todos de origen extranjero, dos en la Florida, uno en N.York y 3 en New Jersey, acusados por fiscales federales de participar en el esquema de fraude estimado en $80 millones son:
Shan Anand, de 34 años, residente en Queens, Nueva York.
Nicholas Pappas, de 28 años, residente en Miami.
Leonard Ujkic, de 44 años, residente en Fort Lauderdale.
Nosakhare Nobore, de 29 años, residente en Edgewater, Nueva Jersey.
Solomon “D1 ReallyRich” Aluko, de 19 años, residente en Hackensack, Nueva Jersey.
Jorge Gonzalez, de 28 años, residente en North Bergen, Nueva Jersey.
Mientras, en el condado de Martin, Enrique De Jesus Cante-Gomez, de 34 años, y Victor Alexander Perez-Ruiz, de 28 años, ambos de Miami, fueron arrestados tras un accidente de tráfico. Ninguno poseía una licencia de conducir válida y, tras su detención, se les impuso una orden de retención por parte de ICE, lo que significa que serán transferidos a servicios de inmigración y posiblemente deportados.
Estos casos ilustran la intensificación de las políticas migratorias en Florida y a nivel nacional. La administración actual ha implementado medidas más estrictas, como la ley SB-2 en Florida, que amplía la colaboración entre las fuerzas de seguridad locales y ICE, imponiendo penas más severas para delitos menores cometidos por indocumentados y creando nuevos delitos relacionados con la reentrada al estado sin autorización.
Además, el programa 287(g), reactivado recientemente, permite a los agentes locales realizar funciones de inmigración, interrogando y reteniendo a detenidos hasta ser entregados a ICE. Esta colaboración ha generado preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos civiles y discriminación racial.
La expansión de las «deportaciones aceleradas» también es motivo de inquietud. Esta política permite a ICE deportar rápidamente a ciertos inmigrantes sin llevar sus casos a los tribunales, afectando a aquellos que han vivido en EE. UU. por menos de dos años sin estatus legal.
Incluso los residentes permanentes legales, conocidos como titulares de Green Card, enfrentan incertidumbre. Funcionarios de alto nivel han señalado que poseer una Green Card no garantiza protección absoluta contra la deportación. El vicepresidente J.D. Vance ha indicado que el gobierno tiene discrecionalidad para revocar la residencia permanente bajo ciertas circunstancias, lo que ha generado preocupación entre los inmigrantes con estatus legal.
Abogados especializados en inmigración advierten que, aunque las leyes no han cambiado, la aplicación más estricta de las mismas puede poner en riesgo a los titulares de visas y Green Cards, especialmente si tienen antecedentes penales o han cometido infracciones menores.
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