Un tribunal militar condenó a 12 civiles cubanos a penas entre los 5 y los 16 años de prisión por participar en las protestas multitudinarias del 11J en la ciudad de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, bajo los cargos de “sabotaje, desórdenes públicos, atentado, robo con fuerza en las cosas y robo con violencia o intimidación en las personas, previstos y sancionados en el Código Penal”, según comunicado oficial difundido por la Dirección de Comunicación Institucional del Tribunal Supremo Popular en medios estatales de comunicación como Cubadebate.
Según la postura de las autoridades militares y civiles cubanas los ciudadanos provocaron “graves disturbios y hechos vandálicos” con el único “propósito de dañar instalaciones, desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”, sin mencionar las motivaciones sociales, políticas y económicas de que motivaron de manera general las protestas.
La nota revela los nombres de los cubanos juzgados y condenados: “Jorge Luis Arguelles Bayate, 16 años de privación de libertad; Daniel Joel Cárdenas Díaz, 15 años de privación de libertad; José Carlos Hernández Barrio y Geraldo Díaz Alonso, 14 años de privación de libertad; Leidiana Prohia Guevara, 12 años de privación de libertad; Yoniel Santana Rodríguez, José Antonio Cue Monzón y Enoc Noe Fernández Fernández, 10 años de privación de libertad; Reydel Canasí Reyes, 7 años de privación de libertad; Alain Rosello Fernández y Jorge Gilberto Carrillo Isaac, 6 años de privación de libertad, y Yasniel Roque Valle, 5 años de privación de libertad, subsidiada por igual término de limitación de libertad”.
Un decimotercer acusado, nombrado Jorge Gilberto Carrillo Isaac fue absuelto por el tribunal militar ya que su participación en los hechos no fue comprobada.
El tribunal uniformado “consideró aprobado y demostrado” por la fiscalía que el 11J los referidos ciudadanos convocaron a un numeroso grupo de personas de Cárdenas y se “aglomeraron” alrededor del servicentro Las Brisas de la estatal empresa Cupet S.A.
El tribunal notificó la sentencia en la que consideró probado y demostrado que el 11 de julio, alrededor de las tres de la tarde, los acusados responsables salieron a las calles de esa ciudad, junto a un numeroso grupo de personas que previamente habían convocado, y se aglomeraron indistintamente en las proximidades de la unidad comercial servicupet Las Brisas.
“Una vez allí, los acusados lanzaron piedras y palos de forma violenta contra la instalación, causándole graves daños”, asevera la nota del Tribunal Supremo, y describe los daños como “roturas de ventanas y puertas y fracturas de paños de cristal y otras estructuras de vidrio”, además de que los implicados “sustrajeron parte de la mercancía que se expendía y, al personarse en el lugar varios agentes de la Policía Nacional Revolucionaria, comenzaron a agredirlos, lanzándoles piedras y cocteles molotov, tanto a dichos agentes como a los vehículos”.
El tribunal también dispuso “como responsabilidad civil de los acusados, la obligación de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades”, refiere la nota.
