El presidente salvadoreño Nayib Bukele confirmó la llegada de 238 presuntos miembros del Tren de Aragua, quienes fueron deportados desde Estados Unidos como parte de un acuerdo con el gobierno de Donald Trump. Los individuos fueron trasladados directamente a la megacárcel CECOT, en El Salvador, sin acceso a la prensa durante el operativo.
El Tren de Aragua es una organización criminal originaria de Venezuela, conocida por sus actividades de narcotráfico, secuestros y extorsión, que se ha expandido por distintos países de Latinoamérica. Por su parte, la Mara Salvatrucha (MS-13) es una violenta pandilla que surgió en Los Ángeles en la década de 1980 y que posteriormente se extendió a Centroamérica, siendo considerada una de las bandas más peligrosas del mundo.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, también informó que junto a los venezolanos, llegaron 23 miembros de la Mara Salvatrucha, incluyendo dos cabecillas de alto rango. Según trascendió, el gobierno estadounidense pagará a El Salvador unos 6 millones de dólares para mantener encarcelados a los miembros del Tren de Aragua durante un año, con un costo aproximado de 20.000 dólares por prisionero.
Bukele, conocido por su política de mano dura contra las pandillas, afirmó que estas acciones contribuirán a la autosostenibilidad del sistema penitenciario salvadoreño, que actualmente alberga a más de 40.000 reclusos bajo el programa Ocio Cero.
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es una cárcel de máxima seguridad que Bukele mandó a construir en 2022 y donde los presos carecen de visitas, programas educativos o de rehabilitación. El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, dejó claro que los detenidos «nunca volverán a sus comunidades».
Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025
The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6
El acuerdo entre El Salvador y la administración Trump se alcanzó el mes pasado, e incluso se especuló que El Salvador podría recibir ciudadanos estadounidenses detenidos, aunque EE.UU. legalmente no puede deportar a sus propios ciudadanos a otro país.
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Esta política ha generado polémica, especialmente por las críticas de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, que han cuestionado las condiciones extremas en la megacárcel y la prolongación del régimen de excepción en el país.
Las imágenes de la llegada de estos reclusos generaron polémica, pues mostraban a los deportados esposados de pies y manos, con el torso doblado y en posturas sumamente humillantes mientras eran custodiados por agentes con equipo antidisturbios. La escena reflejaba un trato deshumanizante que ha sido criticado por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Ernesto Castañeda, director del laboratorio de Inmigración de American University, criticó el reciente operativo impulsado por Donald Trump y Nayib Bukele, calificándolo como un acto político y mediático más que una medida efectiva contra el crimen.
Según Castañeda, este operativo, en el que se trasladó a más de 200 presuntos miembros del Tren de Aragua y 23 integrantes de la MS-13 a la megacárcel salvadoreña, fue presentado de forma cinematográfica para generar impacto en la opinión pública. Destacó que se intentó vincular de forma visual a los migrantes con pandillas y terrorismo, sin pruebas claras de que los deportados fueran realmente miembros de estas organizaciones criminales.
El experto también señaló que Trump recurrió a la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa obsoleta que solo se aplica en tiempos de guerra, lo que hizo que el operativo fuese ilegal. Subrayó que, según las leyes estadounidenses, toda persona que enfrente una deportación tiene derecho a comparecer ante un juez de inmigración, lo que no ocurrió en este caso.
Castañeda advirtió que entre los deportados había personas con residencia legal en EE.UU., beneficiarios de TPS e incluso individuos sin antecedentes penales, lo que agrava la ilegalidad del proceso. Además, alertó que la medida no solo afecta a presuntos criminales, sino que también perjudica a inmigrantes que vivían legalmente en el país.
El académico concluyó que esta acción, además de romper normas legales internas y del derecho internacional, forma parte de una estrategia de Trump para proyectar una imagen de mano dura contra la inmigración, utilizando este tipo de operativos como espectáculo mediático.
