La decisión responde a la creciente carga de trabajo y las críticas por demoras en los trámites que han caído sobre USCIS, que financia el 96% de su operación con las tarifas migratorias.
Connecticut está siendo testigo de una creciente ola de solicitantes de asilo de Haití, Venezuela y Cuba, impulsada por una combinación de factores políticos, económicos y relacionados con la pandemia.
