Según este análisis, el gobierno de Estados Unidos habría cobrado más de mil millones de dólares en tarifas migratorias por solicitudes que no tiene intención de adjudicar bajo ciertas políticas recientes.
La decisión responde a la creciente carga de trabajo y las críticas por demoras en los trámites que han caído sobre USCIS, que financia el 96% de su operación con las tarifas migratorias.
Connecticut está siendo testigo de una creciente ola de solicitantes de asilo de Haití, Venezuela y Cuba, impulsada por una combinación de factores políticos, económicos y relacionados con la pandemia.
