Seis inmigrantes latinoamericanos —cuatro cubanos, un hondureño y un ecuatoriano— fueron deportados por ICE a la República Centroafricana a finales de julio, sin previo aviso, según relatan ellos mismos y sus familiares, quienes ahora piden la intervención de la congresista María Elvira Salazar.
Una investigación de Associated Press reveló que David Brouillette, identificado como el agente de ICE que mató al colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero en Maine, tenía antecedentes de violencia, problemas de salud mental y acusaciones de abuso doméstico. La pareja de la víctima habló del vacío que dejó su muerte.
ICE está realizando entre 20 y 40 arrestos migratorios diarios en aeropuertos estadounidenses, según un alto funcionario de Seguridad Nacional citado por NBC News y Noticias Telemundo. El aumento coincide con un récord de aproximadamente 51.000 detenciones de ICE durante julio y con una mayor cooperación entre la agencia migratoria y la TSA para localizar a determinados viajeros.
Estados Unidos reanudó los vuelos de deportación hacia Venezuela con el traslado de 147 migrantes al estado Anzoátegui, semanas después de los devastadores terremotos del 24 de junio. La operación es la primera desde que un vuelo anterior llevó a 146 deportados a Venezuela horas antes de los sismos y más de un centenar quedaron atrapados o desaparecidos tras el colapso del hotel donde fueron alojados.
La familia de Lorenzo Salgado Araujo asegura que la sustancia cristalina encontrada en su camioneta era sal para preparar electrolitos y no metanfetamina. El FBI planteó la sospecha en una declaración jurada, pero hasta ahora no ha divulgado pruebas de laboratorio que confirmen la presencia de drogas.
Los tribunales de inmigración de Florida dictaron unas 35.300 órdenes de deportación desde el 1 de octubre de 2025. De ellas, 4.007 correspondieron a ciudadanos cubanos, la cuarta cifra más alta del estado, según datos de TRAC analizados por medios locales.
La muerte de Joan Sebastian Guerrero durante un operativo de ICE en Biddeford, Maine, provocó protestas, una vigilia multitudinaria y reclamos de una investigación independiente. El colombiano de 26 años tenía autorización de trabajo y no era la persona buscada por los agentes, según reconoció posteriormente el Departamento de Seguridad Nacional.
Este sujeto está acusado de amenazas de violencia, abuso físico y otros medios coercitivos para obligar a cuatro mujeres a prostituirse en beneficio propio.
