En apenas unas semanas, varias capitales han empezado a mover piezas alrededor de Cuba con una mezcla de presión, gestos humanitarios y reacomodos regionales que, vistos en conjunto, dibujan un tablero más inestable que hace un mes.
Ha sucedido de todo. Más al norte, más al este, más al oeste… y mientra Washington ajusta su estrategia energética y legal, y uno pensaría que el principal golpe ya está dado en México y Venezuela, con el primero de ellos dejando el tema del petróleo en pausa pública mientras mide costos con su principal socio comercial; y mientras Canadá anuncia un plan de asistencia para la isla sin precisar sus alcances, el gobierno de Honduras anunció que no renovará el convenio de brigadas médicas con Cuba, lo cual signfica una pérdida de una fuente sensible de divisas para La Habana.
Mientras Cuba sigue dependiendo de decisiones externas para sostener lo más básico: combustible, turismo, operaciones industriales y, en último término, electricidad,… llegó una señal llamativa: la administración de Donald Trump prepara directrices para “reasegurar” a compañías energéticas estadounidenses y extranjeras de que pueden vender petróleo y combustibles a actores privados cubanos.
El anuncio llegó desde Bloomberg, que precisa que la prohibición se mantendría enfocada en el Estado y sus entidades. El argumento, según la lógica descrita por la agencia, es separar a la élite gobernante del resto del país, abriendo una válvula de suministro para el sector no estatal en un momento en que la crisis de combustible amenaza con convertirse en crisis humanitaria; y por qué no: demostrar que el gobierno no tiene problemas con el pueblo, sino con la clase dirigente que lo oprime. Que ese giro se filtre en febrero de 2026 no es casual: el pulso por el petróleo se ha vuelto el cuello de botella central, y Washington intenta que el costo político de la escasez recaiga sobre La Habana sin cerrar por completo las opciones de supervivencia económica fuera del aparato estatal.
Habrá que ver ahora cuáles actores privados serán autorizados y de dónde sacarán el dinero. Se presume que un gran porciento de esos actores privados que ejercen como tapaderas para blanquear dinero y generar ingresos al Estado importarán petróloleo a mansalva, lo que puedan, y quedará por parte de los EE.UU. ver quién es, por qué importa tanto combustible y… desautorizarlo, mientras agrega el nombre de la entidad y sus «propietarios» a una lista de futuras sanciones.
Ese movimiento coincide con un terremoto jurídico en EE.UU. que, aunque parezca técnico, está cambiando ciertos incentivos. El Tribunal Supremo dictaminó el 20 de febrero de 2026 que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles, lo que obligó a la Aduana (CBP) a dejar de cobrar los gravámenes ligados a esas órdenes y abrió una batalla de reembolsos multimillonaria. FedEx ya demandó a Trump, y es muy probable que no sea la última y que solo haya sido «la primera».
Si bien este fallo no “levanta sanciones” contra Cuba, sí desactiva un instrumento concreto con el que se amenazaba a terceros países por comerciar energía con la isla, y empuja a la Casa Blanca a rediseñar herramientas bajo otras bases legales. En paralelo, la propia Casa Blanca mantiene una “emergencia nacional” declarada el 29 de enero de 2026 “con respecto a Cuba”, lo que deja claro que el endurecimiento sigue, aunque cambie el mecanismo. Por lo menos ha quedado claro: no será mediante aranceles a terceros que lo harás.
Eso, sin embargo, no modifica, ni mejora ni empeora que, mientras Washington reacomoda su caja de herramientas, la isla no siga sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Entre ellas, esclavizar «modernamente» a sus profesionales de la salud. Sobre el tema se ha hablado un montón de veces pero ahora vuelve a caerse otra torre. Es una ficha que, eliminada del tablero, golpea directamente una de las mayores fuentes de divisas del Estado cubano.
Honduras
La decisión de que Honduras decidiera no renovar el convenio que mantenía a 128 médicos cubanos en el país fue explicada por el gobierno hondureño como «un asunto de política exterior», pero diversos medios regionales la han leído como lo que es: una tendencia. Varios países ya han revisado o cancelado acuerdos similares no solo bajo presión de EE.UU., que ha calificado estos programas como esquemas de trabajo forzoso o explotación laboral, sino porque medios de investigación, entre ellos medios independientes cubanos como Cubanet Noticias y El Toque —donde la pluma, la investigación y las fuentes de la periodista cubana Annarella Grimal han jugado un papel clave— han divulgado pruebas contundentes, con imágenes y declaraciones de actores involucrados, de cómo el régimen cubano, a la par de quedarse con una enorme tajada de las ganancias por la exportación de estos servicios, los presionaba en asuntos tan básicos como la libertad de movimiento; entre otras cosas, retirándoles sus pasaportes. A la par que los obligaba a inflar números, también les exigía que «combatiesen en las redes», y a aquellos que se ponían reticentes o se «olvidaban» de cumplir «con el deber», hasta los retiraban de las misiones, no sin antes amedrentarlos con sus familiares en la isla, a los que no volverían a ver. Si esto no es esclavitud…
La Habana, a pesar de todas las evidencias en su contra, ha continuado respondiendo con su defensa a la “cooperación” sanitaria; en buena medida no sin motivos —la carencia de médicos en las regiones a donde ellos envían su «material exportable» —, pero el dato crudo que está detrás de todo esto es financiero; y cada contrato que cae reduce ingresos en divisas cuando el país más los necesita para comprar alimentos, medicamentos y energía.
A ello se refería el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, quien calificó como un “delito” privar a un país de sus fuentes legítimas de ingresos.
Y mientras él lo lamentaba, otros lo celebraban; entre ellos la congresista republicana María Elvira Salazar, quien calificó las llamadas “misiones médicas” como “un negocio disfrazado de solidaridad” y aseguró que estos programas han explotado a profesionales cubanos y financiado la represión en la isla.
“Honduras le dijo BASTA a la dictadura cubana”, escribió Salazar en la red social X.
México
Uno de los países que insiste en seguir contando con los profesionales de la salud cubanos es México, que por demás ha quedado en el centro de la ecuación mayor porque, además, se ha convertido, por volumen y proximidad, en un proveedor clave de crudo y derivados para la isla.
Reuters ha documentado que, dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum, existía desde enero una revisión sobre si continuar envíos ante el temor de represalias de Washington, y que a inicios de febrero la propia presidenta reconoció que los despachos estaban detenidos. En los últimos días, con la anulación de los aranceles IEEPA, Sheinbaum ha evitado comprometerse públicamente a reanudar el flujo y ha repetido que el tema “se está revisando”. En el tablero México–EE.UU.–Cuba, ese silencio no es vacío: es tiempo, y el tiempo en Cuba se mide en horas de apagón y en disponibilidad de diésel para transporte, generación y logística.
Canadá
Canadá, por su parte, entró con un anuncio que suena humanitario, pero también es geopolítico. Reuters y AP reportaron que Ottawa prepara un “plan de asistencia” para Cuba, confirmado por la ministra de Exteriores Anita Anand, sin detallar qué incluirá ni cuándo se anunciaría.
El contexto es delicado: Canadá es históricamente uno de los mayores emisores de turismo hacia la isla y un actor económico importante en minería, con la canadiense Sherritt como socio relevante en níquel y cobalto; por eso, una crisis de combustible que paralice industria y aeropuertos no es solo un problema “de Cuba”. Al mismo tiempo, cualquier gesto que roce el tema energético puede chocar con el endurecimiento estadounidense, país con el que tiene un tratado multimillonario, fronteras, y ahí está la tensión: ayudar sin cruzar líneas que provoquen fricción directa con Washington.
El Título III de la Helms-Burton
A este paquete de países y sus tejemanejes, se le suma otra presión por la vía judicial: el Supremo de EE.UU. escuchó argumentos en casos relacionados con propiedades confiscadas en 1960 bajo el Título III de la Helms-Burton, incluyendo el pleito de ExxonMobil contra entidades estatales cubanas y litigios sobre el uso de instalaciones portuarias por líneas de cruceros. Reuters subrayó que el punto neurálgico es si la ley permite sortear o no la inmunidad soberana, y si los demandantes deben tener un interés vigente en el momento del supuesto “tráfico”.
Se trata de dos argumentos distintos, escuchados ambos en la Corte Suprema de Estados Unidos. Dos pleitos que, juntos, pueden cambiar de manera sustancial el mapa legal para cualquier empresa que haga negocios en Cuba con bienes que fueron confiscados por el Estado revolucionario a partir de 1959–1960.
Lo relevante no es solo el nombre de las partes, sino que es la primera vez que el tribunal entra de lleno a interpretar el Título III de la Ley Helms-Burton, una herramienta que permite demandar en tribunales estadounidenses a quienes se beneficien de propiedades expropiadas sin compensación.
La audiencia fue larga y estuvo marcada por preguntas constantes de los magistrados, señal de que no se trata de un asunto marginal: el fallo, previsto antes de finales de junio, puede abrir o cerrar puertas para decenas de casos similares y, por rebote, afectar inversión, turismo y transacciones con entidades estatales cubanas.
La decisión, prevista para antes de junio, puede elevar el riesgo legal para empresas que hagan negocios con Cuba y, por tanto, afectar inversión y turismo en un momento de extrema fragilidad energética. Es decir: una afectación mayor en divisas a la isla.
Pero, sobre ese asunto, hablaremos aquí
