Recientemente, la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó una lista nacional de supuestos terroristas, una medida sin precedentes anunciada por el Ministerio del Interior (Minint). Esta lista incluye a 61 individuos y varias organizaciones, destacando la presencia de influencers cubanos, periodistas, activistas por los derechos humanos y opositores al gobierno castrista, como Alexander Otaola, Manuel Milanés, Eliécer Ávila y el Paparazzi cubano.
La resolución 19/2023 del Minint justifica estas designaciones con «motivos o bases razonables», basándose en pruebas que afirman cumplir con criterios internacionales y nacionales. Entre las organizaciones señaladas están ALPHA-66, Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), Hermanos al Rescate y Movimiento Democracia, principalmente radicadas en Estados Unidos.
Esta acción ha generado considerable atención internacional y preocupaciones sobre una posible escalada contra voces disidentes en Cuba. La inclusión de figuras de la oposición y del ámbito digital en la lista ha desatado alarmas sobre la libertad de expresión y los derechos humanos en la isla.
Eliécer Ávila, uno de los influencers cubanos incluidos en la lista, respondió en declaraciones al medio independiente Diario de Cuba.
Ávila cuestionó la legitimidad de la lista, calificándola de «absurda y estúpida». Argumentó que no es él quien divide a la familia cubana o cercena las libertades, sino que estas acciones son características de la tiranía y la dictadura en Cuba. Ávila ve su inclusión en la lista como una medalla, reflejando su oposición al régimen actual.
Pero, ¿qué hay tras esta «oportuna» aparición de este documento con estos nombres?
Sin dudas se trata de una movida desesperada de La Habana para justificar el hecho de que un alto ex diplomático norteamericano, Manuel Rocha, haya sido detenido por – entre otras cosas y cargos – espiar para ellos desde Bolivia.
La aparición de estos nombres en la lista, le serviría al régimen cubano para (de)mostrar al mundo el por qué – la necesidad – de contar con espías – ojos y oídos – en el mundo entero.
Igual sucedió en Washington, recientemente, cuando Díaz-Canel viajó a Nueva York a llorar porque sacaran a Cuba de la lista de países terroristas, y elementos aún no identificados, pero rápidamente calificados por La Habana como terroristas, montaron un teatro con el lanzamiento de un coctel Molotov contra la embajada de Cuba en EE.UU. que le servía al gobierno para decirle al mundo: «¿Ven? Los terroristas no somos nosotros; nosotros somos víctimas de actos de terrorismo».
Curiosamente, tras el lanzamiento de las botellas incendiarias que no prendieron fuego – tenían como «mecha» un papel – la primera persona que se apareció frente a la Embajada para protestar por el hecho, fue la activista pro Cuba, Calla Walsh.
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Calla Walsh, una activista que se ha reunido varias veces con Díaz-Canel, fue la primera persona que denunció el ataque con cocteles molotov contra la Embajada de Cuba en EEUU., y lo hizo in situ, minutos después «del ataque», y fue la misma que recientemente fue arrestada y acusada de sabotaje en EE.UU. por estar en el techo de un edificio, precisamente con bombas incendiarias en la mano. Como diría el cubano: «verde con puntas…»
De todas maneras hay que apuntar un detalle. Cuba tiene firmados tratados con varios países en materia de delitos, mediante los cuales criminales que son buscados en sus países y son detectados en La Habana, son apresados y enviados a los países donde son buscados. Habrá que ver si, tras esta designación de estos influencers cubanos como «terroristas», no estaría buscando el régimen de La Habana que, cuando Otaola, Ávila, Santiesteban, Milanés et al viajen a Europa, por ejemplo, salten las alarmas de que son buscados en la isla, sean apresados y enviados a territorio cubano.
