Un informe presentado por la organización Prisoners Defenders ha puesto bajo la lupa la realidad de miles de reclusos en Cuba. Según el documento, alrededor de 60,000 presos, casi la mitad de la población penitenciaria de la isla, son obligados a realizar labores en condiciones que la ONG califica de “esclavitud moderna”. La denuncia no solo habla de explotación dentro de las cárceles, sino también de un sistema que convierte esa mano de obra en motor económico, con productos exportados a Europa.
El Primer Informe Integral sobre el Trabajo Forzoso en las Prisiones en Cuba, de 42 páginas, se elaboró a partir de 160 entrevistas, de las cuales 53 fueron firmadas como declaración jurada. El presidente de la ONG, Javier Larrondo, no escatimó en adjetivos al presentar los hallazgos: “Lo que hemos encontrado es una aberración, algo realmente repugnante”, afirmó, subrayando que se trata de un esquema generalizado y amparado por el propio Estado.
De acuerdo con el estudio, los reclusos —tanto políticos como comunes— trabajan un promedio de 63 horas semanales en actividades que incluyen la producción de carbón vegetal, la zafra azucarera, la construcción y la elaboración de tabacos. La mayoría lo hace sin contrato ni salario real, pues la paga rara vez supera los cuatro dólares al mes. En contraste, los productos generados, especialmente el carbón vegetal de marabú, representan ingresos millonarios para el Gobierno cubano.
El carbón de marabú se ha convertido en el sexto rubro exportador de la isla, con ventas por 61.8 millones de dólares en 2023, que la colocan como noveno productor mundial. El material se destina principalmente a España, Portugal, Grecia, Italia y Turquía, y desde allí se redistribuye a otros países de la Unión Europea. Según los cálculos de Prisoners Defenders, por cada saco de 15 kilos vendido en España, el preso recibe menos de un centavo de dólar, mientras que los intermediarios ganan más de 21 dólares y el Estado cubano alrededor de 8.
Las condiciones de trabajo descritas en el informe son duras: ausencia de herramientas adecuadas, falta de equipos de protección, ausencia de descansos y riesgo constante de lesiones graves. Muchos entrevistados aseguraron haber sido obligados a trabajar a pesar de padecer enfermedades crónicas o discapacidades. Además, el informe denuncia que afrodescendientes y mujeres están sobrerrepresentados entre las víctimas, y que en el caso de estas últimas las formas de violencia incluyen abusos sexuales.
La investigación, citada por la cadena Telemundo, también señala que al menos un 7,5 % de los puros cubanos, entre ellos marcas icónicas como Cohiba, se elaboran en parte gracias al trabajo penitenciario forzado. Esto implica que una parte significativa de las exportaciones más prestigiosas de la isla lleva consigo un origen vinculado a la explotación.
Prisoners Defenders concluye que tanto el Gobierno cubano como las empresas europeas que comercializan estos productos actúan con un “ánimo desmedido de lucro” y exhorta a la Unión Europea a aplicar sus propias leyes contra la importación de bienes producidos bajo trabajo esclavo. “El comprador tiene una responsabilidad directa”, remarcó Larrondo, quien instó a los países receptores a no mirar hacia otro lado frente a lo que definió como “un crimen económico y humano de gran escala”.
