cárceles cubanas

El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas documentó en septiembre cuatro muertes y 79 violaciones de derechos humanos en 34 cárceles, campamentos de trabajo y centros de instrucción penal de Cuba. Entre los fallecidos figuran el preso político Florentino Morono Torres, que murió tras un infarto sin atención oportuna, y dos reclusos de Mar Verde cuyas muertes se atribuyen a la desnutrición severa.

Distintos refuerzos policiales han empleado “balas de goma”, “gas pimienta” y violencia física para contener la protesta.

El temido exmilitar ya no aparece en registros públicos como detenido por ICE.

Las condiciones de trabajo descritas en el informe son duras: ausencia de herramientas adecuadas, falta de equipos de protección, ausencia de descansos y riesgo constante de lesiones graves. Muchos entrevistados aseguraron haber sido obligados a trabajar a pesar de padecer enfermedades crónicas o discapacidades. Además, el informe denuncia que afrodescendientes y mujeres están sobrerrepresentados entre las víctimas, y que en el caso de estas últimas las formas de violencia incluyen abusos sexuales.

La familia del preso político, que no lo veía desde noviembre pasado, exigió una fe de vida porque se rumoraba que había muerto en prisión.

La nueva ley tendría prevalencia en actores de la sociedad cubana como periodistas independientes, activistas y disidentes a quienes hasta ahora el régimen se ha encargado no solo de perseguir e interrogar, sino de desacreditar a través de campañas públicas, las cuales argumentan que estas personas son financiadas con fondos internacionales destinados al cambio de gobierno en el país.