La plataforma cívica independiente YoSíTeCreo en Cuba denunció “la impunidad, que crece por el negacionismo y la desactualización del sistema cubano”, cuyo sistema de leyes no “apenas reconocen la especificidad de la violencia machista por lo que la legislación y las instituciones del sistema jurídico no responden a las necesidades de las víctimas y se convierten en agentes de revictimización”, afirmaron las activistas, alegando que “el Código Penal Cubano y demás leyes están desactualizados y no se atemperan a la realidad del país ni a las exigencias en cuanto a la protección a víctimas de violencia de género”.
Estos argumentos forman parte de la declaración “¡Alto a la impunidad ante la violencia de género en Cuba!”, publicada en sus redes sociales, que critica la visión de especialistas reunidos en la reciente Cuarta Reunión de Investigadores/as “Construyendo políticas basadas en evidencias científicas”, organizada por el Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes) y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por Mariela Castro, hija de Raúl Castro.
La plataforma cita textos sobre este evento publicados en medios oficiales como Cubadebate, donde se reproducen las palabras de Tania de Armas Fonticoba, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, quien expresó durante las sesiones que “aunque no se han producido todas las transformaciones normativas que se requieren de inmediato en la legislación penal respecto a la visibilización de la violencia basada en género, sí se observa una intencionada y enfática protección a las víctimas, especialmente a las que lo han sido de violencia de género”, apoyándose en los avances que significan “la Ley 143 del 2021, del proceso penal, junto a otras tres normas (leyes de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo y Código de Procesos), aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en octubre de este año, durante el séptimo periodo ordinario de sesiones de su novena legislatura”.
La primera de las legislaciones referidas por de Armas Fonticoba entrará en vigor el primero de enero de 2022, y establece que “la víctima alcanza la condición de sujeto procesal y se le reconocen derechos a ser escuchada y recibir asesoramiento por más de un abogado; al respeto a su dignidad; a impugnar, proponer pruebas y declarar en privado si así lo desea, entre otros derechos.”
YoSíTeCreo afirma que de las 122 personas atendidas hasta la fecha a través de su Línea de Apoyo a Personas Afectadas por la Violencia de Género, víctimas de delitos como Amenazas, Lesiones, Violación, Ultraje Sexual o Abusos Lascivos, “solo dos agresores han sido debidamente sancionados por los tribunales cubanos.”
Entre otras tantas carencias de los abordajes legales cubanos sobre la violencia de género, la plataforma destaca al ciberacoso o acoso en línea, una “modalidad delictiva que no se regula en nuestro Código Penal.
No obstante, cada día son más las mujeres víctimas de hechos a través de redes sociales. En estos casos la policía se niega a recibir denuncias y justifican este actuar negligente en la falta de pruebas y en la idea machista de que «mientras no te toquen no hay delitoʼ”, enfatizaron en la declaración.
El referido artículo de Cubadebate cita a otra profesora titular de derecho de la Universidad de La Habana, la doctora Arlín Pérez Duharte, quien declaró en la reunión que “en Cuba no existe impunidad cuando sucede la muerte de una mujer a manos de su pareja. No hay impunidad, porque hay un delito de asesinato y homicidio, hay un delito de asesinato incluso por el grado de parentesco o por el vínculo marital que pueda existir, dígase el matrimonio formalizado o no. Por eso, siempre hemos dicho que no aceptamos el calificativo de que en Cuba haya feminicidios, porque el Estado no le da la espalda a ese comportamiento tan grave”, consideró la especialista, negando de plano los reclamos de activistas, feministas y plataformas cubanas contra la violencia de género, que confirman 23 feminicidios este año.
El feminicidio puede definirse como “el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres”, acorde la activista y escritora sudafricana Diana Russell, y está reconocido en numerosos códigos penales y legislaciones de países de América Latina como Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Perú.
A su vez, Pérez Duharte reconoció que “sí es cierto que desde el derecho penal, el hecho de que no esté de manera expresada la violencia basada en género en una modalidad de la conducta, en un delito que específicamente la contemple, hace que no exista noción de la ocurrencia estadística de estos hechos y, por lo tanto, no hay la posibilidad de trabajar con el resultado que desde esa data se deriva. Además, no solamente estamos hablando de feminicidio, porque este es una punta en ese iceberg que es la violencia basada en género”.
Esta postura, según la declaración, es parte de “un problema sistémico, profundamente grave y doloroso, que se ha extendido por décadas de negacionismo, medias tintas y cambios aparentes”, que terminan levantando “barreras, deficiencias y negligencias que atentan contra la protección legal de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijes (sic)”, donde la policía cubana juega un papel primordialmente negativo y retardatario, dada la “poca o nula capacitación sobre violencia de género” de sus fuerzas que tienden a minimizar y desatender “manifestaciones de acoso, maltratos y amenazas, a pesar de que algunos de estos delitos están contenidos en el Código Penal.”
Tampoco la oficialidad sigue “por igual el protocolo establecido para el abuso sexual a menores de edad, lo que obstaculiza el acceso a la justicia y la recuperación de niñes y sus familias”, según argumentan las activistas.
La ausencia de refugios para mujeres y sus hijos, la falta total de “responsabilidad estatal ni accionar de las autoridades municipales (Gobierno, Fiscalía, Vivienda, FMC), en pos de garantizar una protección efectiva a estas mujeres y sus niñes, las que llegan a ser desalojadas o abandonan el hogar para salvar sus vidas”, son otras tantas deficiencias que la plataforma señala a las instituciones legales cubanas.
YoSíTeCreo denunció además la absoluta desprotección en que se hallan las “víctimas de violencia política por parte del gobierno y sus órganos represivos” ante la ausencia de “instituciones independientes a las que acudir. Ellas sufren, sobre todo, amenazas, vigilancia policial, detenciones arbitrarias y domiciliarias, violaciones al debido proceso, secuestros, violencia vicaria y los llamados ʽactos de repudioʼ (actos masivos y discursos de odio)”.
