Señala la agencia AP este 10 de mayo que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó un proyecto de ley de inmigración integral que se alinea con sus prioridades políticas, pero que a la vez prepara el escenario para su esperada campaña presidencial.
El proyecto de ley fortalece el programa de reubicación de inmigrantes de DeSantis y restringe los servicios sociales para inmigrantes sin estatus legal permanente.
Lo curioso de esta firma es que llegó justo antes de la expiración del llamado Título 42, un plan implementado durante la administración Trump, que permitió la rápida expulsión de migrantes en la frontera sur durante los últimos tres años.
DeSanti lleva meses enfocado en endurecer las leyes de inmigración de Florida.
Esta postura, de constante crítica a las políticas fronterizas federales de la administración Biden, lo ha llevado a granjearse más respeto aún entre los republicanos de la Florida, muchos de los cuáles fueron inmigrantes ilegales a su llegada a los Estados Unidos, y muchos de los que actualmente piden mano dura contra la inmigración irregular.
Esta postura de extrema derecha complace y atrae potencialmente a los votantes de las primarias republicanas.
En la ceremonia de firma del proyecto de ley en Jacksonville, DeSantis reconoció, al igual que lo ha hecho el presidente Joe Biden, que grandes desafíos que se avecinan; y al igual que Biden, señaló que es muy probable que la situación empeore.
La nueva ley incluye una disposición que asigna $12 millones para la iniciativa de reubicación de migrantes de DeSantis; un plan que consiste básicamente en reubicar a los migrantes en estados demócratas.
Esta reubicación se haría mediante un contrato con «proveedores». Según una portavoz de la división de manejo de emergencias del gobernador, que supervisa el programa de reubicación de migrantes.
Además, la ley amplía el requisito de que las empresas con más de 25 empleados usen E-Verify, un sistema que verifica la autorización legal de trabajo de los empleados; prohíbe a los gobiernos locales financiar organizaciones que emiten tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus legal permanente e invalida las licencias de conducir de otros estados en poder de personas indocumentadas.
Más terrible parece ser, dentro de su plan, la disposición que obliga a los hospitales que aceptan Medicaid a incluir una pregunta de ciudadanía en los formularios de admisión. Esto, afirman los críticos, podría disuadir a los inmigrantes indocumentados de buscar atención médica, lo cual eventualmente pudiera provocar la muerte de algunos de ellos.
Entre los críticos de este plan, está la líder demócrata del Senado, Lauren Book.
Book condenó el proyecto de ley y afirmó que este es un enfoque equivocado e ineficaz para abordar un problema que debería ser abordado por el gobierno federal.
Los críticos, incluidos los demócratas y los defensores de los inmigrantes, creen que la ley va demasiado lejos. Argumentan que los fondos federales ya están asignados para abordar estos problemas y que el estado no debería imponer cargos adicionales.
Como alternativa, Book y los demás proponen priorizar las responsabilidades del gobernador de la Florida, en lugar de utilizar a las personas como peones políticos.
Este paso, pudiera llevar a otros estados a establecer políticas similares en su gobernatura, y se especula que incluso pudiera convertirse en un proyecto de ley en el Senado de los EE.UU. Un proyecto de ley que ya el propio Biden ha dicho que vetaría.
El gobernador DeSantis argumenta que la ley es necesaria para disuadir a los inmigrantes de venir a Florida en busca de beneficios.
«La gente vendrá si obtiene beneficios (…) lo esta ley quiere hacer es decir que no hay beneficios si vienes ilegalmente», recoge Local 10 News.
La representante Dotie Joseph enfatiza la disponibilidad de dólares federales y cuestiona la necesidad de cargos a nivel estatal, mientras que el defensor de inmigrantes Thomas Kennedy enfatiza que los inmigrantes son personas trabajadoras que simplemente quieren apoyar y proteger a sus familias.
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