En julio próximo una nueva versión del Código de las Familias cubano será puesta a consideración del Parlamento cubano, “luego de las transformaciones realizadas al documento a raíz de la consulta popular en la que participaron más de seis millones de personas”, según refirió el diario oficial Granma, donde fijó el venidero mes de septiembre como nueva fecha para su votación en la Asamblea Nacional.
El mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez declaró que en los próximos 60 días Cuba entrará en “una etapa decisiva de todo el apoyo que necesitamos para lograr que los principios emancipadores, de igualdad y de inclusión que se defienden en el Código de las Familias sean realmente aprobados”, a favor de los cuales estuvo el 61.96% de los ciudadanos consultados, según estadísticas ofrecidas por el gobierno en mayo pasado.
Por esto, el funcionario declaró que “existe un reconocimiento a las virtudes del Código de las Familias por una parte importante de la población, pero nosotros podemos y tenemos potencialidades para llegar a más personas”, entre las que zonas del documento como las correspondientes al matrimonio, la responsabilidad parental, la gestación solidaria, la discriminación y la violencia en el ámbito familiar, los derecho de los niños y adolescentes en el ámbito familiar y la filiación asistida han sido los más polemizados y criticados, en buena parte por las feligresías de las iglesias protestantes y católicas, que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo biológico.
Recientes intervenciones televisivas de autoridades protestantes y manifestaciones autorizadas en espacios públicos de congregaciones religiosas, donde se ha criticado como anti cristiana la unión sentimental y sexual de dos personas del mismo género, hablan, no obstante, de una inclinación oficial hacia estos grupos. Mientras la contraparte, que se manifiesta a favor del matrimonio igualitario, ha tenido poco o nulo reflejo en los medios oficiales, y en el espacio público.
La “conga” LGBTIQ+ organizada y programada por el CENESEX para el pasado mes de mayo, fue suspendida con el pretexto del duelo por la tragedia del Hotel Saratoga, pero no fue reprogramada, aprovechando que a escala global junio se celebró como mes de la diversidad o del orgullo.
Sin especificar sobre la resistencia que ha encontrado este tópico, así como las nuevas regulaciones sobre la responsabilidad parental, que sustituye la aún vigente concepción legal de la “patria potestad”, Díaz-Canel insistió en “seguir con la argumentación, el esclarecimiento y la concientización de la importancia del voto. Qué ganamos votando a favor del Código o qué perdemos si votamos en contra del Código, es una de las esencias que debemos continuar trabajando”. Y el período de vacaciones que abarca julio y agosto será a su entender, decisivo para que sea aprobado el Código.
“Este es un Código de las Familias, ante todo, de espíritu, de sentimientos, de comprensión hacia un grupo de problemáticas que no estaban resueltas en nuestra sociedad”, sentenció el político de manera general, sin referir los puntos de discordia específicos del documento, que pudieran o no haber sido modificados —a partir de las informadas 6 417 propuestas de la ciudadanía— en esta nueva versión que aún no es de dominio público, y quizás en los próximos meses se distribuya.
Las vacaciones serán un momento idóneo para “explicar cómo va a ser el referendo, cómo se votará, cuál es la pregunta que se hará, cómo se mide la validez del proceso para que las personas participen conscientemente”, explicó Díaz-Canel, enfatizando que hay que “trabajar persona a persona, casa a casa, familia a familia, joven a joven, trabajador a trabajador”.
A diferencia del Código Penal actual, el de las familias si ha sido puesto a consideración de la población, con un amplio proceso de consulta pública que abarcó los meses de febrero, marzo y abril de este año, con la realización de 79 000 reuniones contabilizadas por el Comité Electoral Nacional.
