Parlamento cubano aprueba nuevo Código Penal pese a críticas

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La Asamblea Nacional del Poder Popular cubana (ANPP) aprobó por unanimidad un nuevo Código Penal, a pesar de que ha sido ampliamente criticado por los cubanos en redes sociales desde su publicación.

El código, que entrará en vigor 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República, incluye 37 nuevos delitos y amplía la posibilidad de imponer la sanción de muerte hasta en 24 tipos penales considerados de “extrema gravedad”, como atentar contra la seguridad del Estado.

Opositores al gobierno cubano y activistas por los derechos humanos han advertido que el nuevo Código Penal se utilizará para coartar la libertad de expresión debido a que contempla sanciones de entre cuatro y 10 años de prisión a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.

Entre tanto, prevé sanciones de cárcel de seis meses a un año para quien “amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o, de cualquier modo, ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones o en ocasión o con motivo de ellas”.

El texto especifica que si ese tipo de delito “se realiza respecto al Presidente o Vicepresidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los demás miembros del Consejo de Estado o del Consejo de Ministros, a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República o al Presidente del Consejo Electoral Nacional, la sanción es de privación de libertad de uno a tres años”.

El nuevo Código Penal cubano aumenta además la aplicación de la cadena perpetua respecto al anterior.

Asimismo, eleva la condena por el delito de salida ilegal del país hasta los ocho años de cárcel para personas que reincidan en ese tipo de hechos y establece sanciones de privación de libertad “de dos a cinco años o multa de quinientas a mil cuotas o ambas” para quienes participen del mercado informal de divisas.

El documento incluye también delitos como el de «desórdenes públicos» e introduce nuevas sanciones como las de “reclusión domiciliaria” y “servicio en beneficio de la comunidad”.

Durante la quinta sesión extraordinaria de la ANPP, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio, explicó que el nuevo código mantiene la responsabilidad penal de los ciudadanos a partir de los 16 años, pero su aplicación en estos casos velará por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño.

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