Hasta el día de hoy, más de dos terceras partes de las naciones del planeta han abolido la pena de muerte. 108 naciones del mundo eliminaron tal condena de sus leyes, mientras 29 países mantienen una moratoria sobre las ejecuciones. 55 estados continúan aplicándola, entre ellos Cuba, que con el nuevo Código Penal, próximo a ser aprobado sin consulta pública, amplía su uso a cuatro figuras delictivas más que el código de 1987 aún vigente, casi todas relacionadas con delitos contra la seguridad del Estado, con excepción del asesinato.
A la vez, reduce su aplicación en casos que no atenten contra dicha “seguridad del Estado”. Los ciudadanos cubanos que incurran en la tortura de individuos, con la consecuente muerte de estos, en agresiones sexuales graves, y sean hallados culpables de la corrupción de menores, padecerán como máximo la pena de cadena perpetua.
Pero de 20 delitos que hasta ahora pueden ser castigados con el paredón, aumentarán a 24. El nuevo Código concentra el empleo de la pena por fusilamiento en delitos políticos, e introduce cuatro nuevos no contemplados por la legislación vigente: toma de rehenes (según el artículo 155.2), actos contra la seguridad de la navegación marítima (artículo 157.2), contra la seguridad de la aviación y los aeropuertos (artículo 161) y actos contra las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental e insular (artículo 166.2).
A la vez, aclara en su artículo 33.1 que la pena de muerte “tiene carácter excepcional, y solo se aplica por el tribunal en los casos más graves de comisión de los delitos para los que está establecida”, y acto seguido establece en el artículo 33.2 que “no puede imponerse a los menores de veinticinco años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito en estado de gestación , o que lo estén al momento de dictarse la sentencia o que ejecuten el hecho delictivo dentro de las setenta y dos horas posteriores al parto”.
El nuevo Código Penal cubano aumenta además la aplicación de la cadena perpetua, multiplicando casi por casi diez veces el número de delitos que pueden contemplan, de manera expresa, la posibilidad de utilizarla como sanción principal o como alternativa a la pena de muerte.
En los últimos años, otros varios países están en vías de abolir la pena de muerte como Kazajistán, que se comprometió a eliminarla de su código penal y Barbados finalizó las reformas para derogarla. La organización Amnistía Internacional (AI) continúa solicitando a las naciones “pongan fin para siempre a los homicidios autorizados por el Estado. Seguiremos haciendo campaña hasta que la pena de muerte queda abolida en todas partes, de una vez por todas”, declaró Mariela Belski, directora ejecutiva de AI en Argentina, quien afirmó que “la pena de muerte es un castigo intolerable”.
