Según un pronunciamiento del sindicato que respalda a los cubanos detenidos, Yan y Alex, la detención por parte de ICE tras asistir a su cita regular de actualización “es un golpe a la confianza del trabajador migrante legalmente residente que cumple con sus obligaciones”.
No en balde acaban de perder los republicanos unas elecciones y por 25% de diferencia.
Dos trabajadores hospitalarios cubanos en Nueva York, no dos delincuentes, que huyeron de la isla en busca de vivir su vida unidos y seguros, se encuentran detenidos por United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) y enfrentan la posibilidad de ser deportados a Cuba, a pesar de que habían solicitado asilo argumentando persecución debido a su orientación sexual.
Alcibiades “Alex” Lázaro Ramírez González y Yannier “Yan” Vázquez Hidalgo llegaron a los Estados Unidos en diferentes años —uno en 2021, el otro en 2022— y tras varios años separados por fronteras decidieron finalmente casarse en un tribunal del condado de Clay, en North Syracuse. Ambos trabajan en el hospital estatal SUNY Upstate Medical University: Alex como supervisor de mantenimiento, Yan como asistente de limpieza. Compraron una casa juntos en North Syracuse.
Ambos habían solicitado protección de asilo argumentando que en Cuba sufrían bullying, violencia y amenazas por su condición de hombres homosexuales y que la vida en su país estaba en riesgo. Según familiares, habían pasado una “evaluación de riesgo creíble” requerida para avanzar en su trámite migratorio.
Syracuse.com revela en una nota que el 29 de octubre de 2025, acudieron juntos a una cita programada en la oficina de ICE en Mattydale para actualizar su información. Creían que sería su última reunión antes de que se fijara una audiencia final y quedaran autorizados a vivir legalmente en EE.UU. En cambio, fueron detenidos sin cargos criminales frente a sus rostros atónitos. Sus pertenencias quedaron abandonadas en el vehículo, mientras la noticia se propagó entre compañeros, familiares y sindicatos.
Así lo explican familiares y amigos de ellos:
La detención ha generado movilización inmediata. El gobernador de Nueva York, Kathy Hochul, acudió a Syracuse el sábado para reunirse con las familias de los detenidos y prometió ayudarlos a conseguir un buen abogado. Sus sindicatos aluden a la injusticia: ambos hombres trabajan para una institución pública estatal, cumplen con sus labores, viven en comunidad y no han sido acusados de delito alguno. Facebook
La incertidumbre se apodera de la familia y los amigos. Un familiar, habló mediante intérprete: “Les dije que todo iba a estar bien, que había gente del lado de ellos que los apoyaba. Pero mentalmente la situación pesa mucho”. A pesar de haber pasado un trámite técnico que favorecía su permanencia, no saben cuál será el próximo paso.
El caso pone en evidencia la tensión entre la política migratoria de mano dura que impulsó el expresidente Donald Trump y el sueño de integración de muchos inmigrantes que producen, pagan impuestos y aspiran a normalizar su vida en EE.UU. Trabajadores esenciales, adquieren bienes raíces, contribuyen a sus comunidades, y aún así quedan atrapados en un sistema de detención por trámites migratorios.
Para la comunidad cubanoamericana y los activistas LGBTI+, la situación representa un doble flagelo: persecución en su país de origen por su orientación sexual, y temor de manipulación del sistema migratorio en su país de destino. Según un pronunciamiento del sindicato de Yan y Alex, la detención por parte de ICE tras asistir a su cita regular de actualización “es un golpe a la confianza del trabajador migrante legalmente residente que cumple con sus obligaciones”.
En su cuenta de redes, la familia publicó: “Su vida aquí, su casa aquí, su trabajo aquí… ¿Y los mandan a un país donde el odio los espera?”. La cita judicial fijada para Yan es el 17 de noviembre en Batavia; para Alex aún no se ha asignado fecha, lo cual incrementa la angustia.
Este episodio ilustra que más allá del debate público sobre flujo migratorio, fronteras y deportaciones, hay historias personales que muestran cómo la política se traduce en rostros, casas adquiridas, empleos ganados y futuros construidos. Al final, la pregunta no es cuántos entran, sino qué pasa con quienes ya están trabajando al día y aún pueden ser devueltos. Y en este caso, el costo no es solo legal: es emocional, comunitario y profundamente humano.
