En su más reciente informe, emitido este viernes 13 de mayo, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) expresó preocupación por informaciones remitidas a la organización mundial “que documentan casos de hostigamiento, agresiones, detenciones arbitrarias, encarcelamiento y represalias a defensores de derechos humanos, periodistas y artistas, especialmente aquellos considerados como opositores políticos” en Cuba, y solicitó a las autoridades de la isla investigar y “sancionar a los responsables del uso excesivo de la fuerza y malos tratos ocurridos durante las protestas sociales del 11 de julio de 2021”.
El Comité expresó además en el texto su preocupación por la subordinación de la Fiscalía General de la República al presidente de la República, establecida en el artículo 157 de la Constitución aprobada en 2019, así como por la restricción total de todo ejercicio independiente de la abogacía en el país. Solo tienen permitido desempeñarse los juristas miembros de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, también suscrita al Estado, que en su opinión debe velar, por el contrario, por la existencia de una plena independencia, imparcialidad y eficacia del poder judicial, ajustando el nombramiento de los jueces a las normas internacionales pertinentes.
El Comité de la ONU además informó sobre las “muertes en custodia”, sobre las cuales el gobierno cubano no ha presentado información estadística completa. Se trata de las personas que fallecieron durante períodos de reclusión en las prisiones, que según los datos disponibles suman alrededor de un centenar al año, y son mayormente acreditadas oficialmente a enfermedades cardiovasculares.
Para “investigar de modo pronto, independiente, y exhaustivo” a los responsables directos de los actos violentos contra los manifestantes mayormente pacíficos del 11J, la entidad que reúne a expertos independientes convocados por las Naciones Unidas, recomendó a Cuba el establecimiento de protocolos que regulen con efectividad la actuación de las fuerzas policiales durante las protestas populares acorde dictan las normas internacionales de protección a los derechos humanos.
Además, sugiere establecer un mecanismo nacional independiente de toda instancia gubernamental o militar, que garantice la protección de defensores de los derechos humanos, periodistas no oficiales y otros actores de la sociedad civil no afiliados a la institucionalidad.
Las preocupaciones de la ONU toman además en cuenta “las denuncias de juicios sumarios sin garantías al debido proceso, las restricciones a la movilidad, las limitaciones en el acceso a internet y los actos de repudio”, que se suman por miles en los años más recientes en Cuba, según los afectados o sus allegados han referido casi diariamente en sus redes sociales y otros medios.
Acerca de las muertes en custodia, el Comité de la ONU recomendó al gobierno de Cuba que asegure igualmente que todos los casos “de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial por un órgano independiente, teniendo debidamente en cuenta el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícita”, así como “investigar cualquier posible responsabilidad de funcionarios públicos en la muerte de personas en custodia, y cuando corresponda, castigar debidamente a los culpables y proporcionar una indemnización justa y adecuada a los familiares”.
Como elemento positivo de su análisis, el Comité contra la Tortura remarcó la adhesión del gobierno cubano al Protocolo para prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, así como los supuestos esfuerzos realizados para modificar las políticas y procedimientos cubanos protectores de los derechos humanos.
