El 29 de diciembre de 2025, una investigación del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, OCAC, puso números y contexto a una sensación extendida dentro y fuera de la isla: la crisis sanitaria cubana ya no es una suma de faltas puntuales, sino un colapso con efectos medibles en enfermedad, mortalidad y discapacidad. El grupo presentó su Dossier 42, titulado Dossier 42: The Health Collapse in Cuba, y lo enmarcó como el resultado de decisiones acumuladas durante años que han debilitado la capacidad del Estado para proteger la vida y la salud de la población, señala Cubasiglo21.com.
La tesis central del documento es que la emergencia epidemiológica actual, marcada por la circulación simultánea de dengue, chikungunya y otros virus, ocurre sobre un sistema previamente devastado. No describe un derrumbe “de golpe” ni lo atribuye a un único factor externo: habla de desinversión crónica, infraestructura hospitalaria deteriorada, apagones y falta de agua en centros de salud, escasez extrema de medicamentos e insumos, y una pérdida sostenida de personal médico por emigración o por abandono del sector.
En ese marco, el dato más polémico del dossier es la estimación de muertes. OCAC calcula al menos 8.700 fallecimientos vinculados al escenario epidemiológico, una cifra que, afirma, sería 185 veces mayor que la reconocida por los reportes oficiales. El documento sostiene que el subregistro no es accidental: atribuye la invisibilidad estadística tanto a la falta de reactivos y capacidad diagnóstica como a una decisión práctica de muchas familias de no acudir a instituciones donde no hay recursos para tratar complicaciones, además de la denuncia de manipulación en la forma de consignar causas de muerte.
La diferencia entre el relato independiente y el relato estatal se entiende mejor cuando se mira el propio contexto de las cifras oficiales de diciembre.
Medios que recopilan lo dicho por autoridades sanitarias reportaron que, a inicios de ese mes, el Gobierno SOLO reconoció 33 muertes en lo que calificó como una “epidemia nacional” vinculada a enfermedades transmitidas por mosquitos, con una proporción significativa de menores entre los fallecidos reconocidos. Esa admisión, aun siendo grave, queda muy lejos del orden de magnitud que plantea OCAC, y es justo esa distancia la que el dossier coloca como parte del problema: si el país discute una crisis recortada en números, también recorta la urgencia de las soluciones.
El informe detalla escenas de funcionamiento degradado que ya forman parte de la conversación cotidiana: policlínicos y hospitales sin agua corriente, equipos fuera de servicio, interrupciones eléctricas prolongadas y carencias básicas como guantes, jeringuillas, soluciones intravenosas o antitérmicos. En paralelo, cita datos oficiales sobre el desabastecimiento farmacéutico: más del 64 por ciento de los medicamentos que debía suministrar la industria estatal estaban en falta al inicio de 2025, y el dossier subraya que después no se publicaron actualizaciones, lo que agrava la opacidad y dificulta medir la evolución real del problema.
Una parte especialmente inquietante del diagnóstico se concentra en lo que viene después de la fiebre: las secuelas. OCAC destaca el impacto de mediano y largo plazo del chikungunya y recoge evidencia internacional que sugiere que entre el 30 y el 60 por ciento de los infectados puede desarrollar consecuencias crónicas, como dolor articular persistente, fatiga extrema y limitaciones funcionales. El dossier afirma que en Cuba esas secuelas quedan prácticamente sin tratamiento por ausencia de programas de rehabilitación, falta de medicamentos y debilitamiento de la atención primaria, lo que convierte la epidemia en una fábrica de discapacidad que golpea productividad, ingresos familiares y calidad de vida.
Para el observatorio, el colapso sanitario no se entiende aislado del resto de la crisis nacional. Lo coloca junto a la inseguridad alimentaria, el deterioro de servicios como la recogida de basura, la proliferación de vectores y una crisis energética que expone a la población a apagones prolongados. El argumento es que la malnutrición y el estrés sostenido debilitan la respuesta inmune y elevan el riesgo de complicaciones, con lo cual la enfermedad deja de ser solo un evento biológico y se convierte en un fenómeno social que se expande donde el tejido básico ya está roto.
El texto concluye con una acusación política: OCAC define el colapso como una forma de violencia estructural, porque mantener a millones de personas en vulnerabilidad sanitaria, malnutrición y exposición permanente a riesgos epidemiológicos no sería un accidente, sino el efecto de un modelo que dejó de priorizar el bienestar básico. Con esa idea, el dossier no pide únicamente más insumos o un plan de contingencia; pide que se permita una evaluación independiente y que se hagan cambios estructurales, porque sin eso —advierte— la isla seguirá acumulando enfermedades evitables, sufrimiento prolongado y una pérdida sostenida de dignidad.
