La respuesta del gobierno cubano al ultimátum lanzado por el presidente estadounidense Donald Trump, pueden apostarlo, apuntará una vez más a un escenario de confrontación prolongada, no de negociación. Mientras Washington exige que Cuba “haga un trato antes de que sea demasiado tarde”, La Habana dejará claro que no aceptará condiciones políticas y que cualquier conversación deberá partir del levantamiento del embargo, sin compromisos estructurales a cambio.
El embargo, sin embargo, no puede levantarse así como así y Lo Habana lo sabe. Incluso, si Trump quisiera, no podría hacerlo de un plumazo. Y Trump, tampoco, hará nada sin recibir algo a cambio. Y ya sabemos que La Habana no da nada a cambio. Lo han sabido cada uno de los presidentes que ha pasado por la Casa Blanca, incluyendo al último de los «buena gente»: Barack Obama.
El mensaje oficial fue reiterado este martes por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que “nadie dicta” el rumbo del país y calificó las advertencias de Trump como un acto de injerencia. La declaración se produjo horas después de que la Casa Blanca anunciara el fin del suministro de petróleo y apoyo financiero procedente de Venezuela, una medida presentada por Trump como castigo directo al gobierno cubano.
Horas después Trump dijo que estaba al habla con La Habana. Presumiblemente con Díaz-Canel y este con Raúl Castro de escucha, asesorándolo.
De acuerdo con Reuters y AP, la suspensión del flujo petrolero venezolano supone un golpe significativo para una economía ya debilitada por la escasez, la inflación y los apagones.
Hasta ahora, el gobierno cubano no ha dado señales públicas – nunca – de estar dispuesto a aceptar reformas políticas profundas como parte de una negociación. Ni elecciones libres ni desmontaje de las estructuras de control interno figuran en el horizonte inmediato. La Habana ha respondido al ultimátum como siempre, insistiendo en la soberanía y denunciando la presión de Washington.
Desde la perspectiva del régimen, el sistema electoral cubano no requiere cambios sustanciales. Funcionarios y medios estatales lo presentan como legítimo y participativo, descartando cualquier reforma que permita competencia política real. En ese marco, aceptar elecciones democráticas supervisadas internacionalmente equivaldría a renunciar al control del poder, una línea roja histórica.
En lugar de ello, analistas consultados por medios internacionales apuntan a una estrategia de desgaste y tiempo. La Habana podría optar por gestos parciales, como la liberación gradual de presos políticos, no como resultado de una negociación formal sino como decisiones soberanas unilaterales. Ese tipo de movimientos permitiría reducir presión internacional sin alterar la arquitectura del sistema.
El cálculo político también incluye la variable estadounidense. Sectores del gobierno cubano consideran que Trump podría perder margen de maniobra tras las elecciones de medio término, especialmente si su política hacia Venezuela y su línea dura en inmigración generan costos internos. En ese escenario, resistir ahora podría resultar más rentable que ceder.
¿Marcharse del poder? ¿Refugiarse en otro país? Ni soñarlo.
La narrativa de la injerencia externa juega un papel central en esta estrategia. La insistencia de Trump en figuras como el senador Marco Rubio, incluso mencionándolo como posible actor en el futuro de Cuba, ha reforzado el discurso oficial de que Washington busca imponer un cambio de régimen dirigido desde Florida. Ese argumento permite al gobierno cubano cohesionar filas internas y justificar la negativa a negociar bajo presión, algo en lo que se ha sentido cómodo durante décadas.
Con este panorama, el “deal” que Trump exige parece condenado a quedarse en consigna. La Habana seguirá reclamando el fin del embargo como condición previa, mientras ofrece, en el mejor de los casos, concesiones limitadas y reversibles. Un intercambio que implique elecciones libres, apertura democrática y renuncia al control político, sencillamente, no está sobre la mesa.
