Los cubanos que llegan vía Parole no tienen idea del impacto del programa de libertad condicional de CHNV en los beneficios sociales y los impuestos, particularmente en términos de costos de Medicaid, que reciben.
Aunque aún no han sido divulgadas las cifras de cubanos beneficiados con el Parole Humanitario, el número debe superar ampliamente los 60 mil, si tenemos en cuenta que las cifras divulgadas el pasado 13 de noviembre que incuye un cierre hecho el 31 de octubre señalaba que el número estaba ya cercano a los 57 mil.
Cuando el 13 de noviembre CBP reveló los datos de cubanos llegados a los EE.UU. por esta vía, el número ascendía a 57,243 cubanos que habían sido acogidos en Estados Unidos a través de este programa, aunque no todos han llegado a los EE.UU.
Este número es el de las personas aprobadas, luego de que entrara en vigor el programa implementado por la administración de Biden que permite la entrada legal de hasta 360,000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela cada año.
Este programa, conocido como CHNV, ha sido criticado por ignorar los límites de inmigración anuales establecidos por el Congreso y por ser un regalo de bienestar social, según la ley de 43 años y otra más reciente de 1996 destinada a limitar los beneficios de bienestar social.
Los nacionales cubanos y haitianos acogidos bajo el programa CHNV son elegibles para solicitar Medicaid, SNAP y TANF tan pronto como llegan a Estados Unidos. Esto ha generado preocupaciones sobre la competencia con los estadounidenses más necesitados por los limitados beneficios de bienestar social y el impacto en los contribuyentes, que financian estos programas a través de impuestos federales y estatales.
El Centro de Estudios para la Inmigración publicó un artículo que detalla claramente el impacto económico de la llegada de los migrantes cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, en general, bajo esta condición.
El artículo analiza el programa de libertad condicional del presidente Biden y sus implicaciones para los beneficios sociales y los impuestos en los Estados Unidos, en el que se aborda también el tema de las detenciones fronterizas, que según la administración Biden han disminuido luego de la entrada en vigor de este programa.
El artículo explica que, según la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA), la mayoría de los extranjeros no son elegibles para beneficios públicos sujetos a verificación de recursos como Medicaid, SNAP (cupones de alimentos) o TANF (bienestar social), pero describe sin embargo, que hay excepciones, incluso para los «entrantes cubanos y haitianos» que están en libertad condicional. Los «entrantes cubanos y haitianos», reciben asistencia en efectivo, asistencia médica, preparación laboral y mucho más.
El mismo artículo, sin embargo, critica que la administración Biden no publicita los costos asociados con programas como la libertad condicional de CHNV, lo que deja a los contribuyentes inconscientes de la carga financiera.
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