La cubanoamericana Alina López Miyares, condenada a 13 años de prisión por presuntos cargos de espionaje, fue puesta en libertad condicional por el Tribunal Militar Territorial Occidental que llevó su caso, a ocho meses de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas intercediera por ella ante las autoridades de la isla.
Aunque civil, López Miyares, de 62 años actualmente, fue juzgada por tribunales militares en 2017 luego que se descubriera la implementación por su parte de un plan de salida ilegal del país a favor de su esposo, ex teniente coronel de las Fuerzas Armadas en posesión de información clasificada. El gobierno cubano acusó además de la mujer de mantener vínculos con agentes de los servicios de inteligencia y contrainteligencia de lo Estados Unidos.
Oficialmente, las autoridades de la isla rechazaron la solicitud del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias a través de una carta emitida en febrero por la misión diplomática de Cuba ante las Naciones Unidas, pero acorde un auto del Tribunal Militar con fecha 8 de julio, se le concedió la libertad condicional por haber mantenido durante su tiempo en prisión “buena conducta” y presentar “antecedentes de hipertensión arterial grado II con ratamiento médico, lo que permite aseverar que existen razones fundadas, a partir de principios elementales de humanismo, que el fin de la punición se ha alcanzado sin necesidad de ejecutarse totalmente la sanción impuesta de privación de libertad.”
La entidad judicial le otorgó además una rebaja de 470 días a la sanción inicial por “buen comportamiento”, y reconoce en el documento que “mantuvo una excelente trayectoria en el cumplimiento de la pena fijada”.
La cubanoamericana pasará a residir en una casa de alquiler en el Vedado habanero, y no podrá salir de Cuba hasta el año 2030, en que culmina la pena. Hasta entonces, según el auto judicial, las autoridades pertinentes no podrán expedir pasaporte en su nombre. Y la libertad condicional podrá ser revertida en caso de que evidencie mala conducta o sea declarada peligrosa.
El caso de Alina López Miyares ha sido seguido por el independiente Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana, de conjunto con el Global Liberty Alliance, con sede en Washington. El coordinador del Grupo, Edilio Hernández Herrera, ha denunciado “quebrantamientos” legales durante el juicio y encarcelamiento de la mujer, empezando por su procesamiento en un tribunal militar siendo civil. Incluso el cargo de espionaje que se le imputó debió dirimirse en las instancias jurídicas civiles.
