La práctica de recoger a desconocidos en las carreteras es un fenómeno cultural y económico único en Cuba, donde “hacer botella” no solo es común, sino esencial para la movilidad diaria. Ethan Cardinal, en su artículo “The country where it’s mandatory to pick up hitchhikers”, destaca cómo esta forma de transporte, oficialmente reglamentada en los años 90, responde a la crisis de transporte derivada del llamado Período Especial.
En Cuba, los viajeros suelen esperar en puntos específicos, conocidos como «puntos amarillos», donde un funcionario gubernamental facilita el traslado tras cobrar una pequeña tarifa.
Según Cardinal, este sistema es tan omnipresente que los autos estatales tienen la obligación de recoger a los pasajeros si su ruta lo permite. Esto contrasta drásticamente con países como Australia, donde el autostop no solo es raro, sino ilegal en muchos estados y penado con fuertes multas.
La dependencia de «la botella» en Cuba se originó por la falta de combustible y vehículos públicos tras la retirada de apoyo de la Unión Soviética en 1991. Como señala Cardinal, el petróleo soviético representaba el 75 % del consumo energético cubano, y su ausencia dejó a la isla con un sistema de transporte colapsado. Para la mayoría de los cubanos, recurrir al transporte colectivo o privado se volvió una necesidad imperante, ya que la propiedad de vehículos era extremadamente limitada hasta las reformas de 2013.
Cardinal relata cómo la práctica de “hacer botella” refleja las desigualdades y carencias económicas de la isla. Aunque el sistema permite cierta movilidad, los usuarios deben pagar a los conductores, lo que resta altruismo al acto. Además, la falta de regulación y los constantes apagones afectan la eficiencia del transporte.
En comparación, en Australia y otros países desarrollados, el transporte público está mejor estructurado y el autostop es considerado inseguro. Cardinal resalta que, en Australia, el riesgo asociado a esta práctica ha llevado a estrictas leyes que lo prohíben en la mayoría de los estados. En contraste, en Cuba, el sistema es más una respuesta pragmática a las limitaciones que una elección cultural.
El acoso sexual en el contexto de «hacer botella» en Cuba es un problema latente que afecta especialmente a las mujeres. Al depender de este método de transporte informal, muchas enfrentan situaciones incómodas o directamente abusivas, ya que algunos choferes, en su mayoría hombres, aprovechan la vulnerabilidad de las pasajeras. Un aspecto que quedó fuera del «análisis» hecho por Cardinal.
«La botella» no siempre trae beneficios. Las mujeres que en Cuba usan la botella, a menudo son acosadas sexualmente.
Aunque la práctica de recoger pasajeros es vista como una forma de solidaridad y una respuesta al déficit de transporte en la isla, en ocasiones se convierte en un espacio para comportamientos inapropiados.
Si bien en Cuba no están documentados todos los casos en que viajeros que usaron «la botella», resultaron víctimas de comentarios insinuantes, propuestas sexuales y, en casos extremos, intentos de contacto físico no consentido, sí se conoce que, en otro países, donde existe una mayor transparencia informativa y no existe censura sobre la información, se han cometido graves violaciones de derechos, con casos extremos donde se ha escalado hasta episodios de violencia física, secuestros e incluso asesinatos.
En Cuba no se han documentado incidentes trágicos relacionados con mujeres que utilizan transporte público, que comparten viajes con desconocidos o hacen autostop, en buena medida debido a que estas actitudes son minimizadas o incluso normalizadas como parte de la cultura machista, lo que dificulta que las víctimas se sientan apoyadas al denunciar.
En Cuba, muchas mujeres no tienen otra opción que recurrir a «la botella», incluso si esto implica exponerse a situaciones potencialmente peligrosas.
Algunas de ellas han compartido testimonios de lo vivido (sufrido) en redes sociales y medios independientes. Entre las prácticas de acoso habituales están pedidos de números de teléfono, invitaciones a encuentros sexuales, e incluso amenazas veladas si rechazan las insinuaciones o si los denuncian. Estas situaciones generan un ambiente de inseguridad para muchas mujeres que necesitan trasladarse, especialmente en zonas rurales o durante horarios nocturnos.
La respuesta oficial ha sido limitada. Aunque en Cuba existen leyes contra el acoso sexual, su aplicación es insuficiente en espacios como el transporte informal. Campañas educativas y mecanismos para proteger a las víctimas son prácticamente inexistentes en este contexto, si las comparamos con países como Canadá o Alemania, donde se han implementado además medidas para proteger a los pasajeros, como cámaras en transportes públicos, registros de conductores en aplicaciones y líneas de emergencia dedicadas a reportar abusos. Estas medidas han demostrado ser útiles para reducir los incidentes y aumentar la seguridad. En contraste, en Cuba, la crisis económica y la falta de infraestructura adecuada dificultan la adopción de soluciones similares.
Aunque no hay una base de datos oficial que registre casos de violencia extrema en este contexto, los testimonios de mujeres que han sufrido acoso sugieren que el problema podría estar subestimado.
Sin embargo, en marzo de 2023, se reportó en Artemisa, Cuba, un caso de violación que generó indignación pública debido a la presunta impunidad del agresor, identificado como Luis Ángel Rivera Mena. Según la víctima, Rosyeilis de Armas Rodríguez, de 19 años, el ataque ocurrió el 24 de febrero en una carretera de San Cristóbal.
Aunque Rivera Mena fue detenido ese mismo día, posteriormente fue liberado bajo medidas no especificadas. La joven denunció que esta liberación se debió a la intervención de Leonardo Rivera Mena, hermano del agresor y alto dirigente del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Pinar del Río.
La activista Salomé García Bacallao compartió en redes sociales información sobre la posición de Leonardo Rivera Mena, destacando su influencia en el PCC y sugiriendo que utilizó su posición para favorecer a su hermano. Según una nota del diario oficialista Guerrillero, Rivera Mena ha ocupado diversos cargos en la Unión de Jóvenes Comunistas y ha sido primer secretario en los municipios de San Luis y Consolación del Sur.
Rosyeilis de Armas Rodríguez expresó su frustración por la falta de respuestas de las autoridades, afirmando que había acudido a múltiples instituciones sin obtener justicia.
En un mensaje dirigido al presidente Miguel Díaz-Canel, manifestó: «He ido a las estaciones de policía, a fiscalía municipal de La Lisa, a fiscalía general, a fiscalía militar, he recorrido toda La Habana en busca de respuestas y no me dan ninguna».
Este caso pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia sexual en Cuba, especialmente cuando los agresores tienen conexiones políticas. La percepción de impunidad y la inacción de las autoridades desalientan a otras posibles víctimas a denunciar, perpetuando un ciclo de violencia y desprotección.
Este caso pone de manifiesto las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia sexual en Cuba, especialmente cuando los agresores tienen conexiones con figuras de poder. La percepción de impunidad y la falta de transparencia en el sistema judicial agravan la situación, desalentando a otras posibles víctimas a denunciar por temor a represalias o a la inacción de las autoridades.
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