La justicia estatal de Florida dio un paso histórico al emitir una orden de detención sin derecho a fianza contra el exmandatario cubano Raúl Castro, imputado por conspiración para cometer asesinato en primer grado. La resolución, firmada por la jueza presidenta del Undécimo Circuito Judicial de Florida, Ariana Fajardo Orshan, responsabiliza a Castro, de 95 años, con el ataque contra dos aeronaves de la organización humanitaria Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, presentó los pormenores del dictamen durante una comparecencia pública en la Universidad Internacional de Florida (FIU). Las autoridades precisaron que el proceso penal se fundamenta en una investigación del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, la cual determinó la existencia de causas probables suficientes para procesar a Castro. Asimismo, se estableció que la jurisdicción estatal se sustenta en la labor de inteligencia realizada en su momento por dos agentes infiltrados de La Habana que recopilaron y transmitieron datos sobre los trayectos aéreos antes de la agresión.
El caso remonta sus antecedentes directos al derribo de dos avionetas Cessna 337 sobre aguas internacionales del estrecho de Florida, siniestro en el que perdieron la vida Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. En aquel periodo, Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y llegó a asumir públicamente la autoría del ataque en una grabación difundida años después. En dicho registro de audio, el exfuncionario dio la instrucción precisa a sus mandos: “Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan; y no consulten los que tienen las facultades”.
Esta nueva acción de los tribunales locales se suma a la causa federal presentada el pasado 20 de mayo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Castro y otros cinco exoficiales militares. Aquella acusación incluyó siete cargos por crímenes individuales y conspiración para privar de la vida a ciudadanos estadounidenses. Desde esa fecha, el longevo exgobernante mantiene la condición de fugitivo ante el sistema judicial federal al no haberse personado ante los juzgados norteamericanos.
Pese al alcance de ambas resoluciones, ninguna de las órdenes de captura podrá ejecutarse de forma inmediata mientras el imputado permanezca en Cuba, dada la ausencia de un acuerdo bilateral de extradición entre Washington y La Habana. Sin embargo, el dictamen judicial representa un severo golpe simbólico para el entorno del régimen castrista y añade una nueva restricción internacional a las figuras históricas del oficialismo en la Isla.
