ICE se niega a responder preguntas de periodistas sobre el caso de Heidy Sánchez Tejeda y otros similares, operando con opacidad propia de regímenes autoritarios.
Mientras medios de comunicación buscan respuestas sobre la deportación de la cubana Heidy Sánchez Tejeda, separada de su hija lactante en Florida, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha optado por el silencio. La agencia no respondió a las preguntas enviadas por reporteros de Scripps News y Belly of the Beast, que han documentado la historia de esta madre deportada a Cuba apenas 48 horas después de una cita rutinaria con inmigración.
Sánchez Tejeda, que vivía en Estados Unidos desde 2019, había formado una familia en Tampa junto a su esposo ciudadano estadounidense. Ambos compartían la crianza de una bebé con problemas médicos, a quien ella aún amamantaba. El 22 de abril, cuando acudió con la niña a una oficina de ICE, fue informada de que debía ser deportada de inmediato. Su esposo escuchó los gritos desde afuera: “¡Por favor, no se la lleven!”. Nadie le dio opción. Nadie le explicó nada.
Ni ICE ha ofrecido una declaración al respecto. Tampoco lo ha hecho en casos similares recientes, como el de migrantes deportados a El Salvador sin aviso a sus abogados, o el de familias separadas sin documentación clara del proceso. El patrón es claro: cada vez son más los episodios en los que la agencia federal actúa sin rendir cuentas a la prensa ni a la opinión pública.
Esta negativa a informar no es solo una omisión comunicativa: es una política institucional que bloquea la supervisión pública. ICE no está incumpliendo solo con periodistas. Lo hace con las familias, con los abogados, con los ciudadanos y hasta con los propios niños que quedan traumatizados por decisiones tomadas sin voz ni voto de los afectados.
Mientras tanto, funcionarios como Tom Homan, exzar de inmigración bajo Trump, defienden públicamente que “las familias ahora tienen opción de irse juntas”. La versión oficial, sin embargo, no concuerda con los hechos: ni Sánchez Tejeda fue informada de esa supuesta opción, ni se le permitió decidir nada sobre su hija.
El abogado de la madre cubana, Claudia Cañizares, intenta gestionar un visado humanitario para que regrese con su esposo y su hija, quien padece convulsiones. “La separación fue forzosa, sin ninguna consideración. Estamos viendo esto con más frecuencia. Es una locura”, afirmó en entrevista.
Con cada negativa a responder preguntas básicas, ICE refuerza una imagen de poder descontrolado, inaccesible, que se aleja de la transparencia exigible a cualquier institución en una democracia funcional. Y mientras esa opacidad continúa, madres como Heidy solo pueden ver a sus hijas por una pantalla.
CASOS SIMILARES
El caso de Heidy Sánchez Tejeda no es un hecho aislado. La negativa de ICE a responder preguntas sobre su deportación se inscribe en un patrón más amplio de opacidad institucional. A continuación, se presentan ejemplos recientes que ilustran esta tendencia:
- Kilmar Abrego García: Deportado a pesar de protección legal
Kilmar Abrego García, residente legal en Maryland, fue deportado a El Salvador en marzo de 2025, a pesar de contar con una orden judicial que impedía su expulsión debido al riesgo de persecución por parte de pandillas. ICE admitió que su deportación fue un «error administrativo», pero el gobierno se negó a facilitar su regreso, argumentando falta de jurisdicción. La jueza federal Paula Xinis calificó la deportación como «totalmente ilegal» y ordenó su retorno, pero la administración Trump apeló la decisión y mantuvo su silencio ante los medios. - Pedro Escobar Blanco: Desaparecido sin notificación a su abogado
Pedro Escobar Blanco, migrante venezolano con un caso de asilo pendiente, fue deportado secretamente a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Su abogado no fue informado de su paradero, y las audiencias judiciales continuaron sin su presencia, resultando en órdenes de deportación sin debido proceso. ICE no proporcionó información sobre su ubicación ni respondió a las solicitudes de los medios. - Yorely Bernal: Separada de su hija sin explicación
Yorely Bernal, inmigrante venezolana, fue deportada sin su hija de dos años, Maikelis Antonella, quien permanece detenida en El Paso, Texas. A pesar de las recomendaciones de expertos en bienestar infantil para reunificar a la familia, el gobierno ignoró las solicitudes y no ofreció información sobre el proceso. - Daniel Lozano-Camargo: Deportado violando un acuerdo legal
Daniel Lozano-Camargo, joven venezolano en Houston, fue deportado a El Salvador en marzo de 2025, a pesar de un acuerdo legal que prohibía su expulsión mientras su solicitud de asilo estaba pendiente. El gobierno justificó la deportación alegando vínculos con pandillas, sin presentar pruebas, y se negó a comentar sobre el caso. - Vuelos de deportación sin supervisión del DHS
El 30 de marzo de 2025, un vuelo de deportación trasladó a 17 migrantes desde Guantánamo Bay a El Salvador sin personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a bordo. El Pentágono calificó el vuelo como una «misión antiterrorista», eludiendo así la supervisión civil. El DHS declinó responsabilidad y no respondió a las preguntas sobre la legalidad del operativo.
Todos estos casos mostrarian a las claras un patrón de opacidad y falta de rendición de cuentas por parte de ICE y otras agencias gubernamentales en asuntos de deportación y separación familiar, mostrando serias preocupaciones sobre el respeto al debido proceso y los derechos humanos, típico no de los Estados Unidos, sino de regímenes totalitaristas como Nicaragua, Venezuela, Irán, Cuba, Siria, Bielorrusia, Rusia y Corea del Norte.
Con información de las siguientes fuentes: AP News, The New Yorker, The Washington Post, Politico, Reuters
