108 familiares de cubanos acusados de sedición y encarcelados por manifestarse el 11J declararon que las peticiones fiscales y las penas de más de 10 y 20 años de cárcel años “son desproporcionadas. Si por ellas son condenados y condenadas, serían injustas. Como familias creemos que el sistema judicial y el Gobierno cubanos deben hacer un alto y reflexionar en que un daño, cualquiera sea, no se repara con una injusticia y en que el ejercicio de los derechos constitucionales no es un delito», según argumentaron en una carta enviada al mandatario Miguel Díaz-Canel Bermúdez con peticiones de amnistía que sería “un gesto de altura”.
La misiva fue entregada en la sede del Consejo de Ministros en La Habana, y entre sus muchos argumentos, recuerda a su destinatario que en 1955 el gobierno de Fulgencio Batista concedió una medida similar a los asaltantes del Cuartel Moncada el 26 de julio, liderados por el entonces joven Fidel Castro.
Desde finales del mes de octubre, la Fiscalía General de la República sumó el delito explícitamente político de “sedición” a las acusaciones por delitos comunes de instigación a delinquir, desorden público, robo con fuerza, resistencia, atentado, lesiones, desacato, daños a la propiedad y propagación de epidemias que se le han hecho a 1314 ciudadanos cubanos que se manifestaron el 11J en las calles.
Según datos compilados por las iniciativas independientes Justicia 11J y Cubalex, 137 personas han sido imputadas de sedición, que según el Código Penal vigente en Cuba, se castiga con privación de libertad de entre 10 y 20 años, o incluso con pena de muerte en caso de cometerse «en situación de guerra o que afecte la seguridad del Estado, o durante grave alteración del orden público, o en zona militar, recurriendo a las armas o ejerciendo violencia». 13 de estos acusados tienen solo 17 y 18 años de edad.
696 cubanos continúan presos, y muchos de los 570 excarcelados están a la espera de juicios bajo medidas cautelares de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria, según las fuentes referidas.
«Son nuestros hijos e hijas, nuestros padres y madres, nuestros hermanos y hermanas, nuestros esposos y esposas, nuestros compañeros o compañeras. Nuestros niños y niñas”, declara la carta de los familiares dirigida a Díaz-Canel.
“Estos últimos ante todo que, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, firmada y ratificada por Cuba, no deberían haber estado nunca presos o deberían estar ya en sus hogares. Y merecen estar con nosotras, compartiendo con nuestras familias, todas humildes, luchadoras y trabajadoras, cuyos mejores alimentos, casi siempre únicos, son el amor, la unidad y la cohesión, en medio y a pesar de la pobreza», refrenda.
«Ellas y ellos no han cometido delito alguno a la luz de los derechos que les reconoce la Constitución vigente”, añaden los firmantes.
“El 11 y 12 de julio salieron a las calles de forma pacífica como antes lo hicieron otros, y en la mayoría de los más de 62 lugares donde ocurrieron manifestaciones, a reclamar lo que entienden son sus derechos a una mejor vida y a la libertad».
La carta puntualiza que el único fallecido conocido de las protestas reconocido por el gobierno fue el joven Diubis Laurencio Tejeda, ultimado por un balazo por la espalda a manos de la policía, mientras que ningún oficial «resultó muerto, ningún funcionario tuvo que ser hospitalizado y muy pocas propiedades, teniendo en cuenta la magnitud de las protestas, sufrieron daños definitivos», señalan.
Los firmantes lamentan que «sin embargo, a nuestros familiares se les piden condenas de entre uno y 27 años por supuestos delitos de incitación a delinquir, atentado, resistencia, sabotaje, desorden público, daños a la propiedad y por el fuerte delito de sedición que, tenemos entendido, se aplica fundamentalmente en tiempos de guerra».
