Diez oficiales de un centro penitenciario de la Florida fueron puestos en licencia administrativa y uno pidió la renuncia, luego de que un recluso muriera durante un traslado de prisión.
La muerte está siendo investigada como un «caso criminal», y los oficiales pudieran ser llevados ante un juez, han dicho las autoridades.
Lo interesante del caso es que la muerte del reo ocurrió el pasado 14 de febrero, pero solo después que el diario Miami Herald, siguiendo una pista, preguntara sobre el prisionero, fue que el Departamento de Correcciones del estado dio a conocer la información.
Lo hizo mediante un comunicado, el sábado, donde informó sobre el incidente.
Según la nota la muerte del recluso ocurrió mientras era trasladado de la Institución Correccional de Dade en Homestead, Florida, al sur de Miami.
El comunicado expresa que se actuó de inmediato, y se excusó en la demora de dar a conocer la información debido al hecho de que se trada de una «investigación abierta y activa», y por tanto el Departamento Correccional se negó a revelar más detalles.
La investigación criminal provocó la renuncia de un oficial penitenciario y la colocación de otros diez en licencia, mientras se investiga lo sucedido dijeron las autoridades al medio.
El Miami Herald informó que el recluso fue encontrado muerto en una camioneta de transferencia fuera del Centro de Recepción de Mujeres de Florida, una prisión en Ocala a unas 345 millas al norte de Homestead. El Departamento Correccional se negó a decir si el prisionero murió a causa de las lesiones sufridas antes de ser colocado en el vehículo de traslado o durante el viaje y tampoco informó si el recluso estaba encadenado durante el traslado.
Al parecer se trata de una mujer, pero tampoco el Departamento de Correccionales reveló datos sobre el prisionero. Tanto su nombre como su edad no han sido revelados. Reconocieron, eso sí, que murió mientras era trasladado y que «el Departamento inmediatamente tomó medidas para apoyar un investigación completa y garantizar la seguridad de los reclusos.»
La información llegó a oídos de Ricky Dixon, secretario del Departamento de Correccionales del estado, quien describió la investigación que involucra al Departamento de Cumplimiento de la Justicia de Florida y la Oficina del Inspector General del estado como un «caso criminal».
Dixon señaló que, si bien como secretario, sería «inquebrantable» en su apoyo al personal que realiza la investigación con respeto e integridad, dijo que también será «implacable en disciplinar al personal que actúe fuera de los estándares éticos» de la profesión.
«Serán responsables de sus acciones, incluido el enjuiciamiento penal”, dijo Dixon en un comunicado.
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