El Zar fronterizo Tom Homan anuncia que continuarán las redadas de ICE, a pesar de la pausa propuesta por Trump

El jueves 19 de junio de 2025, Tom Homan, conocido como el “zar fronterizo” designado por la Casa Blanca durante la administración Trump, anunció desde Washington DC que las redadas migratorias por parte de ICE en centros de trabajo —granjas, hoteles, restaurantes— se reanudarán plenamente, pese a las sugerencias previas de una pausa señaladas por el expresidente. Homan subrayó que, aunque se priorizarán los arrestos de personas con antecedentes penales, no habrá lugares seguros para ningún trabajador ilegal que incurra en delitos o que pertenezca a redes criminales, recoge Telemundo51.

Pero… ¿qué llevó al cambio? ¿Hubo algún cambio?

A mediados de junio, Donald Trump había sugerido que se examinaría la posibilidad de eximir a los sectores agrícolas y hoteleros de las redadas, en respuesta a las protestas de empresarios que advirtieron de una pérdida masiva de mano de obra, según señaló en una nota Huffingtonpost. En una publicación en su red social Truth, Trump reconoció que:

“Nuestros agricultores y el sector hotelero y de ocio han estado afirmando que nuestra agresiva política migratoria les está quitando trabajadores muy valiosos… y que esos empleos son casi imposibles de reemplazar” 

Esto llevó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a emitir una directiva interna que suspendía temporalmente operativos en granjas, pesquerías, plantas empacadoras de carne, restaurantes y hoteles, añadía por su parte Cbsnews.

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Sin embargo, apenas unos días después, la misma Casa Blanca dio marcha atrás. Una portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, declaró que “no habrá espacios seguros para las industrias que albergan a delincuentes violentos o intentan deliberadamente socavar los esfuerzos del ICE”. Fue entonces cuando Homan declaró públicamente en NBC News que las redadas continuarán sin pausa, enfocándose en las prioridades criminales .

Homan enfatizó que el enfoque de ICE seguiría centrado en personas vinculadas a delitos graves: trabajo forzoso, trata de personas, lavado de dinero, fraude fiscal e incluso secuestro. No obstante, aclaró que esto no exime a trabajadores agrícolas o hoteleros sin papeles: si están implicados en actividades ilícitas, serán arrestados sin vacilación, agregó.

A su juicio, la estrategia era parte de una campaña nacional coordinada, dirigida especialmente a las llamadas “ciudades santuario”, como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, consideradas por la administración como epicentros que “liberan amenazas a la seguridad pública todos los días” . La Casa Blanca está presionando al ICE para multiplicar las deportaciones hasta alcanzar la meta de un millón al año, lo cual implicaría llegar a 3.000 arrestos diarios, una cifra que dista mucho de los 600 que registra actualmente la agencia.

Entonces, ¿hubo pausa o no? Probablemente nunca la hubo o mejor dicho, no hubo intenciones de reafirmarla. Todo pudo haber sido una manera sutil de quitarse presión de encima; agradar a unos cuantos millonarios y ya está: volvemos al punto de partida.

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Este plan se enmarca dentro de la llamada Operación Safeguard, iniciada en enero de 2025. Su objetivo es realizar redadas masivas en zonas urbanas santuario para deportar rápidamente a indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes penales . Chicago fue identificada como sitio piloto, pero el despliegue se extendió rápidamente a otras metrópolis.

En Los Ángeles, la ofensiva del ICE detonó protestas intensas desde el 6 de junio. Más de 100 detenidos, enfrentamientos con manifestantes y uso de granadas aturdidoras escalonaron la tensión hasta el punto de que Trump ordenó el despliegue de 2.000 miembros de la Guardia Nacional y Marines en Los Ángeles. El gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass denunciaron que esas acciones eran autoritarismo disfrazado de orden público, llegando incluso a calificar el envío de tropas como una «grave violación de la soberanía estatal».

La ofensiva ha provocado una creciente tensión entre la administración federal y gobiernos locales demócratas. Newsom llegó a decir que Trump estaba cruzando una línea inaceptable y acusarlo de dar un paso hacia el autoritarismo .

Uso de datos de Medicaid para deportaciones y redadas: una maniobra sin precedentes

A la ofensiva de redadas en centros de trabajo se suma otra medida profundamente controversial: el uso de datos personales de beneficiarios del Medicaid para localizar y deportar inmigrantes. A mediados de junio, el gobierno de Trump ordenó a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) entregar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la información de millones de personas inscritas en el programa, incluyendo nombre completo, dirección, número de seguro social y estado migratorio, según documentos obtenidos por The Associated Press.

Los funcionarios del CMS trataron de resistirse a la medida. En un memorando interno, la subdirectora de Medicaid, Sara Vitolo, advirtió que compartir esa información violaba múltiples leyes federales, incluida la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad de 1974. Además, destacó que la transferencia de datos podía tener un efecto disuasorio grave sobre los estados, que podrían dejar de enviar información al gobierno federal por miedo a poner en riesgo legal a sus residentes.

Pero el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), bajo órdenes del equipo de Trump, desestimó las preocupaciones legales. El 10 de junio, apenas cuatro días después del memorando, dio un ultimátum de 54 minutos a los CMS para que enviaran la información al DHS. Una maniobra sin precedentes, que expuso la frágil línea entre la administración de programas sociales y el control migratorio.

Expertos legales advirtieron que este cruce de datos podría utilizarse no solo para localizar a indocumentados, sino también para negar solicitudes de residencia permanente o ciudadanía, amparándose en el uso previo de fondos públicos, incluso si estos fueron pagados por los estados y no por el gobierno federal.

El gobernador de California, Gavin Newsom, denunció la medida, calificándola de “potencialmente ilegal” y alertando que pondrá en riesgo la salud y seguridad de miles de personas. Illinois, Washington, D.C., y otros estados también expresaron su alarma por lo que consideran una violación directa de la privacidad de sus residentes.

Este uso de datos médicos para fines migratorios marca un antes y un después. Hasta ahora, los CMS nunca habían compartido información tan delicada con autoridades de deportación. Como lo resumió Jeffrey Grant, exfuncionario de los CMS: “El DHS no desempeña ningún papel en Medicaid. Esto rompe décadas de precedentes”.

Entonces, ¿qué tenemos? ¿Una nueva era de deportación masiva? ¿A qué les recuerda esto?

Con Homan alzando la bandera de la convicción de Trump y McLaughlin descabezando espacios seguros en industrias clave, lo que viene es una intensificación sistemática y nacional de redadas, enfocadas primordialmente en indocumentados con antecedentes penales, pero extensivas a trabajadores comunes en caso de cometer delitos.

Decenas de ciudades santuario se encuentran en el frente de este choque federal-local, presagiando una fase aún más tensa y visible en la política migratoria estadounidense. El plan de alcanzar hasta 1 millón de deportaciones al año marcaría un renovado y fuerte giro al enfoque de mano dura inaugurado en los primeros días de la presidencia Trump, ahora bajo una estrategia sistemática y militarizada.

¿Podrán frenar estas acciones los tribunales o los gobiernos estatales? ¿O el rumbo seguirá hacia una ampliación sin precedentes del poder ejecutivo para perseguir y deportar migrantes indocumentados? Por ahora, el mensaje desde Washington es claro: las redadas continuarán, se intensificarán y serán priorizadas, a pesar de toda resistencia política y social.