Sector de la construcción quedó fuera de la tregua migratoria de ICE en los Estados Unidos

Mientras no haya una moratoria concreta o una reforma migratoria que integre al sector de la construcción en los Estados Unidos, este conflicto estructural continuará erosionando la recuperación económica, la oferta de vivienda y el sustento de miles de familias que, más allá de su estatus legal, sostienen el progreso físico del país.

En las últimas semanas, ICE anunció una pausa estratégica en los operativos contra trabajadores inmigrantes en los sectores de agricultura, hotelería, restaurantes y plantas empacadoras, tras reconocerse que estas industrias dependen fuertemente de esa mano de obra. El propio presidente Trump admitió en redes sociales que estas redadas estaban retirando “trabajadores muy buenos, de hace mucho tiempo”, y que eso habría que “proteger”, señala The Guardian. Una directiva interna de ICE en los Estados Unidos, difundida por Tatum King, suspendió operativos en granjas, hoteles y restaurantes… pero no incluyó a la construcción.

¿Qué significa esto para quienes trabajan en la construcción? En mayo y junio de 2025 se documentaron varias redadas en obras: en Tallahassee (Florida), más de 100 trabajadores fueron arrestados durante la construcción de residencias estudiantiles, y muchos fueron trasladados a centros de detención federales o enviados a Texas y México, destaca Constructiondive.com. Operaciones similares se llevaron a cabo en San Antonio, Nueva Orleans y Wildwood (Florida), lo que evidencia que estos operativos no fueron puntuales . En un caso en Florida, la mitad de los 200 trabajadores simplemente no regresaron a laborar tras el operativo .

Estas acciones no sólo representan expulsiones masivas, sino también un efecto dominó de desconfianza. Incluso quienes cuentan con estatus legal empiezan a faltar al trabajo ante el temor de capturas indiscriminadas . Como consecuencia, muchas obras se paralizan —algunas por días—, lo cual eleva los costos, retrasa cronogramas y desestabiliza proyectos planificados con meses de anticipación.

Las cifras ilustran la magnitud del problema. Se estima que entre un 14 % y un 23 % de los constructores son inmigrantes indocumentados; algunos estudios, como los del Urban Institute, indican que más del 50 % de los trabajadores que son inmigrantes en este sector carecen de estatus legal . Permitiéndonos ser específicos: el American Immigration Council sitúa la cifra en un 14 %, mientras que el Center for American Progress llega al 23 % . En estados como California, Texas y Florida, esa proporción puede alcanzar entre el 38 % y más del 50 % de la fuerza laboral en oficios especializados .

Este déficit ya era grave antes: el sector de la construcción arrastraba una falta de unos 439 000 trabajadores en 2025, acota el ya mencionado constructiondive.com. Ahora, estas redadas intensifican la escasez y propician una subida en los salarios por la oferta limitada, con lo cual los precios de la vivienda y la infraestructura se ven impactados. Organizaciones como Associated Builders and Contractors han advertido que es preciso verificar cuidadosamente la documentación de los empleados y utilizar sistemas como E‑Verify para cumplir con la ley y evitar sanciones .

Desde el punto de vista macroeconómico, Fitch ha señalado que una deportación masiva podría reducir el crecimiento de la fuerza laboral anual de 0.3 %, con impacto directo en salarios, viviendas y financiación pública . Barron’s predice que el desempleo se desacelerará, los costos laborales subirán y las cifras de empleo se verán afectadas en los próximos trimestres . El Builders Institute apunta que la pérdida del 31 % de trabajadores de oficios implicaría un frenazo en construcción residencial, comercial e infraestructuras básicas .

Acompañando estos datos, emergen voces del sector. George Carrillo, CEO del Hispanic Construction Council, afirmaba en construccion… que las redadas “interrumpen proyectos, generan incertidumbre y provocan miedo entre trabajadores que solo quieren ganarse la vida para sostener a sus familias”. Y añade: “el 50 % de la mano de obra cualificada es hispana. Yo mismo cargo siempre mi pasaporte por si acaso… Si quieren ir tras criminales, que lo hagan, pero no contra quienes edifican nuestras casas”.

También se escuchan testimonios de empleados: en Los Ángeles, un obrero guatemalteco relató que vivía con temor constante, pendiente de redadas: “Tengo miedo de mañana… me pueden deportar y ¿quién pierde? Mi familia en Guatemala” . Y en la Bahía de San Francisco, una oficina de ICE fue convertida en una trampa: obreros acudieron allí para resolver su situación, pero terminaron siendo arrestados .

Contrastando estas realidades, Trump calificó la decisión de pausar redadas en agricultura, hoteles y restauración como un acto guiado por “sentido común”.

“No se puede quitar de un día para otro a los buenos trabajadores de granjas y hoteles”, dijo. A su vez, ICE ha aumentado los objetivos: busca realizar hasta 3 000 arrestos por día, cifra que ha incrementado diez veces desde principios de año. Esto ha generado protestas masivas en ciudades como Los Ángeles y Portland, y una respuesta autoritaria con despliegue de la Guardia Nacional. Las consecuencias ya se extienden más allá del sector: bajó el tráfico comercial en áreas de mayoría latina, lo que perjudicó a grandes cadenas como Home Depot y redes minoristas locales.

La pausa anunciada no ampara la construcción. Mientras agricultores y hoteleros obtienen tregua, los obreros de obra no corren con la misma suerte. Las redadas continúan activas –ahí está Tallahassee, San Antonio, Nueva Orleans–, generando efectos permanentes: retrasos de semanas, sobrecostos y una precarización del contexto laboral.

Una reflexión final sobre todo esto nos deja una conclusión bastante clara: mientras no haya una moratoria seria o una reforma migratoria que de verdad integre al sector de la construcción, este conflicto va a seguir ahí, minando la recuperación económica, afectando la oferta de vivienda y poniendo en peligro el sustento de miles de familias que, más allá de su estatus legal, son las que sostienen —literalmente— el crecimiento físico del país.

Pero más allá de eso, lo que quedó al desnudo con este episodio es un estilo de liderazgo que ya hemos visto antes, y que resulta cada vez más preocupante. Trump no es nuevo en esto de lanzar una medida con mucha bulla, generar alarma por todos lados, y luego recular —sin decir que se equivocó, por supuesto—, ajustando el tiro cuando las consecuencias empiezan a tocar la puerta.

Lo vimos con estas redadas. Primero fue la amenaza de ir con todo contra los indocumentados, sin excepciones. Luego, como si nada, decide que sí habrá excepciones… pero solo para agricultura y hotelería. ¿Por qué? Porque la economía no da sin ellos. Y mañana, quién sabe, tal vez la construcción entre también en la lista. Pero ni un «me pasé», ni un reconocimiento de que la medida inicial era insostenible. Solo un cambio de dirección, como quien da un volantazo sin mirar atrás.

Eso mismo pasó con los aranceles. Prometió castigos duros a aliados estratégicos, impuso tarifas, y después los levantó en silencio cuando el caos empezó a afectar la cadena de suministros. Y así va gobernando: a impulsos, con más reacción emocional que análisis. Como ese personaje que va por pescado y, al ver los ojos, se asusta y se devuelve.

Y eso, en una presidencia, es muy peligroso. No solo por lo que significa para inmigrantes, empresarios o trabajadores. Es peligroso para el sistema en general. Porque da la sensación de que no hay un rumbo firme, que las decisiones se toman según sople el viento, según quién se queje más, o según cómo le vaya al presidente en las encuestas.

La política migratoria —como tantas otras áreas delicadas— necesita firmeza, sí, pero también coherencia y visión a largo plazo. Aquí no se trata solo de mover a unos trabajadores o firmar una orden ejecutiva. Lo que se pone en juego es la credibilidad de quien lidera el país.

Si cada medida fuerte viene seguida de un “bueno, pero…” y cada anuncio termina en una marcha atrás, ¿qué señal estamos dando? ¿Qué leen los votantes? ¿Qué interpreta el mundo? ¿Qué siente un país que está buscando certezas en medio de tanta incertidumbre?

Porque esto de las redadas no es un caso suelto. Es parte de un patrón. Y ese patrón debería preocuparnos. Porque cuando la brújula presidencial se mueve según el capricho del momento, el país entero pierde norte.

Y lo más alarmante es cuando ese tipo de vaivén se traslada a temas como la seguridad nacional o la política exterior. Una cosa es lanzar una redada y suspenderla. Otra muy distinta es ordenar un bombardeo y luego arrepentirse porque los medios no lo ven bien, o porque un asesor le dijo “mejor no”.

La presidencia de Estados Unidos no puede funcionar como un experimento. Aquí no se puede gobernar a prueba y error. No se trata de publicar un tuit fuerte hoy y mañana borrarlo. Porque en temas militares no hay botón de deshacer. Un misil no se devuelve. Un dron no se “cancela” como si fuera una suscripción. Y una guerra no se frena con una historia en Instagram.

Ese es el verdadero peligro de tener al mando a alguien que se mueve por impulsos, que cambia de idea como quien cambia de canal. Hoy es una redada. Mañana puede ser una intervención. Y en el mundo en que vivimos, ese tipo de liderazgo no solo genera incertidumbre: puede tener consecuencias irreparables.

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