La nueva Ley de Apropiación del Congreso de Estados Unidos contempla la restricción de visas a funcionarios y empleados de gobiernos y organizaciones que contribuyan al tráfico de médicos cubanos, según resaltaron este miércoles los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez.
“Hemos incluido la prohibición de visas para entrar a los Estados Unidos a cualquier gobierno o grupo en el extranjero que trafique con los médicos cubanos. No podrán entrar a Estados Unidos porque las visas les serán negadas a ellos y a sus familiares”, apuntó Díaz-Balart, citado por Martí Noticias.
“Esto no es tráfico humano. Esto es esclavitud. Ellos (los médicos) son los esclavos del régimen cubano. Todas las naciones que estén involucradas en ayudar al régimen a utilizar sus esclavos están involucrados en la esclavitud, así que se necesitan más sanciones contra esos países y organizaciones”, subrayó Giménez.
Ambos legisladores republicanos recordaron la eliminación del Programa de Inmigración Profesional para Médicos Cubanos ordenada por el expresidente Barack Obama en enero de 2017, que permitía a médicos cubanos, enfermeras y otros profesionales de la salud solicitar la visa de entrada a Estados Unidos tras abandonar sus contratos en el exterior.
Además de penalizar a quienes tengan que ver con la explotación de médicos cubanos en el exterior, que es una de las principales fuentes de ingreso de la isla, la legislación, ya firmada por el presidente Joe Biden, prohíbe destinar fondos federales a las pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes, vinculadas con el gobierno cubano.
Como parte de la Ley de Asignaciones Estatales, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados para el Año Fiscal 2024, esta última medida “elimina toda posibilidad de que fondos federales estadounidenses puedan ser utilizados en el fomento del emprendimiento en Cuba”, de acuerdo con lo que recalcó el periodista Mario Pentón.
La ley también incluye un incremento de los fondos para la Oficina de Transmisiones a Cuba, encargada de Radio y TV Martí, y un fondo adicional de 43,6 millones de dólares para promover tecnologías que fomenten la libertad en internet en sistemas totalitarios.
En concreto, la ley niega cualquier financiamiento a programas de promoción de la democracia en Cuba en temas empresariales, la reforma económica, el emprendimiento o cualquier otra asistencia que no tenga que ver con el fomento de la democracia “como expresamente autoriza la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996 y la Ley de Democracia Cubana de 1992”.
Lo anterior podría afectar iniciativas como la de la Embajada de Estados Unidos en La Habana que cuenta con un fondo de hasta 400.000 dólares para apoyar al sector privado cubano.
