Estados Unidos amplió esta semana el radio de sus operaciones militares contra presuntas embarcaciones de narcotráfico y trasladó parte del pulso del Caribe al Pacífico oriental, por donde al parecer quisieron escaparse dos embarcaciones creyendo que los ojos estarían puestos en el primero; desconociendo que tal vez no los miran desde un avión, sino desde un satélite, y estos son capaces de ver hasta un pelo en el cuello de cada narcotraficante.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó en las últimas horas dos acciones consecutivas frente a las costas sudamericanas que dejan nuevos muertos y abren otro capítulo en la discusión sobre la legalidad de una campaña que suma ya nueve ataques y al menos 37 fallecidos en menos de dos meses.
La novedad no es solo geográfica. En los videos que el propio Hegseth ha difundido se observa un mismo patrón táctico: una lancha rápida cargada con bultos envuelta en llamas tras un impacto a distancia, y segundos después paquetes flotando en el mar como prueba del supuesto cargamento ilícito.
La Administración Trump sostiene que el país libra un “conflicto armado” contra los cárteles y que, como en la guerra global contra el terrorismo de 2001, el Ejecutivo está facultado para usar la fuerza letal sin una declaración formal del Congreso, siempre y cuando el ataque ocurra en aguas internacionales. ¿Que hay víctimas humanas? Bueno, sí, pero los narcotraficantes están advertidos. En todo caso el número de muertos será siempre muchísimo menor al que dejan las acciones de estos maleantes con el suministro de la droga.
La tesis comenzó a tomar forma desde el primer día de mandato con una orden ejecutiva que allanó la designación de organizaciones criminales como “terroristas extranjeras”, y se consolidó con otra designación formal a varias redes latinoamericanas semanas después. Desde entonces, el dispositivo militar se ha robustecido: destructores con misiles guiados, buques de asalto anfibio con distintos tipos de aeronaves embarcadas, un despliegue de F-35 en Puerto Rico y, según fuentes del Pentágono, un submarino con capacidad de lanzar misiles de crucero operando en el área. La señal fue inequívoca: Washington estaba dispuesto a ir más allá de la interdicción marítima clásica.
El calendario de ataques traza la curva del acelerón.
El primero, a inicios de septiembre, se atribuyó a una embarcación originada en Venezuela y vinculada por la Casa Blanca al Tren de Aragua. En el segundo y el tercero, a mediados de mes, el propio presidente aseguró que la inteligencia confirmaba el tráfico de cocaína y fentanilo. Ya en octubre se encadenaron golpes contra un semisumergible, una lancha que el Pentágono asoció al Ejército de Liberación Nacional de Colombia y, en los últimos días, dos operaciones en el Pacífico oriental.
En una de ellas hubo sobrevivientes que fueron devueltos a Ecuador y Colombia; uno de los repatriados fue liberado posteriormente por falta de evidencias en su país. Ese episodio alimentó preguntas en el Capitolio: si no hay incautación ni procesamiento penal, ¿cuál es el estándar probatorio para autorizar fuego letal en alta mar?
Mientras el Ejecutivo insiste en que los videos prueban la naturaleza delictiva de las embarcaciones, la controversia política crece. Senadores demócratas han cuestionado la base legal y piden audiencias, y al menos dos republicanos se han desmarcado al reclamar autorización específica del Congreso. El debate trasciende el control legislativo. Un grupo de expertos independientes comisionados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtió que estas acciones, sin aval jurídico claro, rozan la violación del principio de no intervención y elevan el riesgo de desestabilización regional. El inminente relevo del jefe del Comando Sur, anunciado para diciembre pese a su breve permanencia, añadió otra capa de ruido en medio de la escalada.
En el terreno técnico, analistas con experiencia en inteligencia describen un objetivo repetido: las llamadas embarcaciones “go-fast”.
¿Qué son las embarcaciones «go-fast»?
Telemundo51 las describe como lanchas artesanales, livianas y de gran potencia, fabricadas para velocidad y alcance, no para faenas de pesca.
Valga la aclaración porque algunos «dolidos» aseguran, por las imágenes, que son botes de pescadores y no las tradicionales lanchas rápidas; pero ningún bote de pescador «inocente» se desplaza a tales velocidades. Por fuera parecen botes rudimentarios pero, las imágenes en video no mienten. Incluso, vistas desde cerca, no se ve ni pescado, ni carnada, ni red, ni cubeta, ni vara. ¡No nos engañemos!
Suelen partir desde costas de Ecuador y Colombia, cruzar más de mil millas náuticas en poco más de dos días y medio y acercarse a puntos de trasbordo en Centroamérica. La carga, oculta bajo lonas en cubierta, puede superar la tonelada de cocaína, de acuerdo con estimaciones basadas en dimensiones y disposición del bulto. Ese perfil coincide con la embarcación mostrada en el material difundido por el Pentágono esta semana, que según Hegseth navegaba una ruta habitual del narcotráfico y fue atacada en aguas internacionales.
La ofensiva, además, se despliega en un momento de fricción diplomática con Bogotá. Tras declaraciones en las que Donald Trump calificó a Colombia como “una máquina para fabricar drogas” y anunció recortes de ayuda, el presidente Gustavo Petro defendió su estrategia antidrogas y tildó de calumniosas las palabras de Washington.
En Florida, voces como la del congresista Carlos Giménez, en cambio, respaldaron la línea dura y cuestionaron el uso de recursos colombianos. En ese triángulo —Pentágono, Congreso y capitales latinoamericanas— se resolverá en buena medida el futuro de estas operaciones.
La pregunta de fondo, sin embargo, sigue sin respuesta definitiva: qué umbral de evidencia, transparencia y control civil se exigirá cuando el blanco es un bote sin bandera ni matrícula visible que huye a toda máquina, y quién responderá por los errores en un teatro donde no siempre hay decomisos, ni detenidos, ni jurisdicción clara para judicializar a los sobrevivientes.
Por ahora, la Casa Blanca apuesta a que la doctrina del “conflicto armado” contra los cárteles y la estética de los videos —explosión, fuego, paquetes flotando— basten para sostener el relato de eficacia. Pero a medida que los ataques se multiplican y se mueven del Caribe al Pacífico, también crece la necesidad de reglas, de datos verificables y de un debate público que no se resuelva solo con un clip de pocos segundos. La guerra a los botes “go-fast”, tal como va, no se libra únicamente en el mar; se libra, cada vez más, en el terreno de la legitimidad.
