Un cubano con pasaporte uruguayo fue condenado a 30 años de privación de libertad en Argentina por el asesinato a puñaladas del ciudadano peruano Johan Deyvis Alvarado Díaz, en junio de 2021.
“El Cuba”, como llamaban al habanero Yohan Hernández Quesada, fue empleado del negocio de accesorios para teléfonos celulares que tenía Alvarado en la calle Boulogne Sur Mer de Buenos Aires, según reportes de la prensa argentina.
El cubano había sido despedido a causa de sus repetidas ausencias al trabajo, pero en ese tiempo sedujo a su jefe y mantuvo con él una relación pasajera, indica el medio digital Infobae.
El 24 junio del pasado año Hernández citó a Alvarado para encontrarse en el local y una vez en el sitio le propinó 13 puñaladas en la región del tórax que le provocaron la muerte.
De acuerdo con informes de la policía, el cubano cerró el local con llaves, pero olvidó dentro el cuchillo que utilizó para asesinar a su ex jefe.
La investigación reveló que había robado 400 mil pesos y al menos 30 mil dólares del negocio, además algunos módulos y accesorios para teléfonos móviles.
La policía bonaerense lo buscó sin éxito por barrios de la ciudad. El cubano había huido a Uruguay, donde al poco tiempo se dedicó a vender los artículos robados en Facebook e Instagram, utilizando cuentas con nombres similares al del negocio de Alvarado.
“Fue gracias a la rápida acción de la familía que se identificó a Hernández Quesada. Encontraron sus redes sociales falsas donde vendía los módulos de redes que había robado. Tras esa localización, Interpol Uruguay lo detuvo”, declaró el abogado Humberto Próspero, quien representó a la madre de la víctima.
El reporte de Infobae precisa que tras su extradición a Argentina, los jueces del Tribunal N°22 condenaron al cubano a 30 años de prisión por el delito de “homicidio agravado por alevosía”.
Hernández pudo enfrentar una pena mayor, pero durante el proceso de extradición “el Estado uruguayo le puso como condición al Estado argentino que no podía ser condenado a prisión perpetua ni más de 30 años que tiene como límite el Estado uruguayo en estos casos”, explicó Próspero, y añadió que tanto la querella como la fiscalía “pedimos 45 años respectivamente”.
