Un informe reciente citado por The Guardian plantea que Cuba podría salir de su actual crisis energética con una inversión relativamente limitada en energías renovables. El análisis, elaborado por el think tank Common Wealth, sostiene que con unos 8.000 millones de dólares el país podría cubrir hasta el 93,4% de su generación eléctrica con fuentes limpias, reduciendo casi por completo su dependencia del petróleo importado.
La propuesta llega en un momento crítico. Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas de las últimas décadas, con apagones prolongados, colapso del sistema eléctrico en marzo y severas afectaciones a sectores clave como hospitales, transporte e industria. A esto se suma el endurecimiento de las restricciones desde Washington, que han limitado el acceso del país al combustible necesario para sostener su red eléctrica.
El informe plantea un escenario ambicioso: con menos de 20.000 millones de dólares, Cuba podría convertirse en el primer país del Caribe con una matriz eléctrica completamente renovable. La base del sistema sería la energía solar —que cubriría cerca del 75% de la generación— complementada por energía eólica, hidroeléctrica y bioenergía.
Pero más allá de la proyección técnica, el documento introduce un componente político explícito. Sus autores sostienen que la transición energética no solo resolvería un problema estructural interno, sino que reduciría la capacidad de presión de Estados Unidos sobre la isla. En ese marco, proponen que el financiamiento provenga de lo que denominan “financiación climática reparativa”, es decir, recursos internacionales destinados a compensar desigualdades estructurales.
El argumento no es menor: la electricidad generada con renovables sería más barata que el modelo actual basado en combustibles fósiles. Según el análisis, el costo por kilovatio hora podría reducirse a menos de la mitad en escenarios de inversión intermedia.
Sin embargo, el punto de partida de Cuba es limitado. Actualmente, las energías renovables representan una fracción reducida del sistema eléctrico. Datos recientes sitúan esa participación en torno al 9% de la generación total, aunque con un crecimiento acelerado en los últimos años gracias a nuevos parques solares. En 2025, la capacidad instalada en energía solar superó los 1.000 megavatios, con picos de generación cercanos a los 900 MW en momentos específicos del día.
Ese avance convive con una estructura energética profundamente dependiente del petróleo. Históricamente, más del 90% de la electricidad en Cuba ha sido generada a partir de combustibles fósiles, lo que expone al sistema a interrupciones en el suministro externo y a problemas de infraestructura acumulados durante décadas.
Ahí es donde aparece la principal brecha entre el diagnóstico y la ejecución. La transición que describe el informe implicaría no solo inversión en generación, sino una transformación completa de la red eléctrica: modernización de infraestructuras, almacenamiento energético, capacidad de distribución y gestión de la demanda. En la práctica, eso supone un proceso complejo que va más allá de instalar paneles solares.
Otros análisis sobre la situación energética en la isla apuntan en la misma dirección. El gobierno cubano ha anunciado planes para ampliar significativamente la capacidad renovable, incluyendo la construcción de decenas de parques solares y el desarrollo de proyectos eólicos, muchos de ellos con financiamiento y tecnología china. Sin embargo, varios de estos proyectos avanzan con retrasos o limitaciones financieras.
El propio historial del país muestra que no es la primera vez que enfrenta un reto de esta magnitud. Tras la caída de la Unión Soviética en los años 90, Cuba se vio obligada a reorganizar sectores clave de su economía bajo condiciones de escasez extrema. Ese antecedente es citado por los autores del informe como evidencia de que una transformación estructural es posible.
La discusión, en cualquier caso, no se reduce a la viabilidad técnica. La pregunta central sigue siendo quién financiaría ese proceso. El informe plantea que Cuba podría recuperar la inversión a largo plazo mediante el ahorro en costos energéticos, pero en el corto plazo dependería de capital externo en un contexto geopolítico adverso.
Mientras tanto, la realidad inmediata sigue marcada por apagones, restricciones y un sistema bajo presión. La propuesta de una Cuba energéticamente independiente a partir de renovables existe sobre el papel. Su materialización depende de factores que van mucho más allá de los números presentados en el informe.
Pero… ¿quién pudiera financiar todo esto?
La parte más frágil de toda esa propuesta no está en los paneles solares ni en los cálculos sobre el costo del kilovatio hora, sino en una pregunta mucho más incómoda: quién pondría realmente el dinero. El informe citado por The Guardian habla de 8.000 millones de dólares para cubrir el 93,4% de la demanda eléctrica de Cuba con renovables y de 19.200 millones para una red totalmente limpia, pero no identifica un financiador concreto. Lo que propone es algo más abstracto y políticamente difícil: que la comunidad internacional asuma esa transición como “financiación climática reparativa”.
Ahí aparece el primer obstáculo serio. Cuba no pertenece hoy al FMI, al Banco Mundial ni al BID, las tres grandes instituciones multilaterales que normalmente estructuran operaciones de este tamaño, y esa ausencia limita muchísimo cualquier arquitectura financiera clásica para una transformación energética nacional. Incluso cuando se ha discutido en el pasado la posibilidad de un acercamiento a esos organismos, el peso político de Estados Unidos dentro de ellos ha sido señalado como un factor de bloqueo.
Entonces, si no es por la vía multilateral tradicional, ¿quién podría estar interesado? El actor más obvio hoy es China. Ya existe una relación material en este terreno: Reuters informó en 2025 que Cuba abrió el primero de 92 parques solares previstos, con apoyo chino, y que más de 50 de esos parques debían avanzar en esa primera etapa, con el resto proyectado hasta 2028. Otra información posterior indica que la isla ya ha sumado más de 1.000 megavatios solares recientes con financiamiento y equipos chinos. Dicho de otro modo, no habría que imaginar un jugador nuevo: el socio externo que ya está dentro del proceso es China.
Rusia podría querer mantener presencia política en Cuba, pero no parece el financiador natural de una transición renovable de esa escala. Su vínculo con la isla en los últimos años ha estado más asociado al combustible, la asistencia puntual y la geopolítica que a un programa masivo de reconversión verde. Europa, por su parte, podría ser una fuente potencial de cooperación climática en términos políticos, pero desembolsar miles de millones en Cuba bajo el actual marco de sanciones y tensión con Washington implicaría un costo diplomático alto. Por eso, cuando el informe habla de “el resto del mundo”, en la práctica parece hablar de una coalición difícil de construir, no de una chequera ya disponible.
¿Podría Cuba hacerlo sola? En términos estrictos, parece muy improbable. No porque no tenga sol, viento o necesidad, sino porque una transición así no exige solo comprar paneles: exige red eléctrica, almacenamiento, mantenimiento, piezas, inversores, transporte, logística y capacidad financiera sostenida durante años. El propio programa oficial cubano hoy es mucho más modesto: elevar la participación de renovables al 24% para 2030. Ese dato, citado por Reuters, muestra la distancia entre el objetivo real del Estado cubano y el escenario maximalista del think tank. Si el gobierno apunta oficialmente a 24% en 2030, pasar a 93,4% o 100% supone un salto de otra magnitud política, técnica y financiera.
También está la cuestión del tiempo. Incluso bajo el plan actual, el despliegue de 92 parques solares se extiende hasta 2028. Eso permite una inferencia razonable: si ya un programa bastante menor necesita varios años, una reconversión que aspire a cubrir casi toda la demanda nacional difícilmente sería inmediata. Haría falta, como mínimo, una ejecución por fases, estabilidad de suministros y una infraestructura de red que hoy está envejecida y tensionada. La idea de resolver el problema energético cubano con una simple inyección rápida de dinero simplifica demasiado un proceso que en la práctica sería largo, escalonado y vulnerable a interrupciones.
¿Y un millonario filántropo? En términos de capacidad patrimonial, sí existen personas que podrían escribir un cheque de ese tamaño. Forbes sitúa a Michael Bloomberg por encima de los 109.000 millones de dólares y a Bill Gates por encima de los 100.000 millones, mientras Bloomberg Philanthropies ha comprometido más de 3.000 millones a causas climáticas. Pero una cosa es poder y otra muy distinta es querer. Financiar la transición energética completa de Cuba no sería una donación sanitaria o educativa convencional: sería una operación con implicaciones geopolíticas, regulatorias y sancionatorias enormes. No parece realista pensar que un solo filántropo estadounidense se colocaría en el centro de un proyecto de 8.000 millones de dólares en una isla bajo presión directa de Washington.
La conclusión, entonces, es menos romántica que el informe. Sí, Cuba podría avanzar mucho más rápido en renovables de lo que ha avanzado hasta ahora. Sí, ya hay base solar instalada y un socio externo —China— que ha mostrado disposición a apoyar. Pero entre “se puede modelar” y “se puede financiar” hay una distancia enorme. El cuello de botella no está solo en la tecnología. Está en el dinero, en la arquitectura política para moverlo y en la capacidad real de sostener durante años una transformación de esa escala en un país con una red frágil, sin acceso normal a los grandes bancos multilaterales y bajo un entorno internacional hostil.
Sin embargo, el debate sobre quién financiaría una transición energética en Cuba no puede separarse de un historial concreto de grandes inversiones extranjeras que no han producido resultados proporcionales a los recursos comprometidos o que han estado marcadas por retrasos, opacidad y falta de rendición de cuentas. Debido a eso, no pocas veces se encuentra uno en las redes el planteamiento que, ante casos como estos, no se les de la financiación directo a Cuba, sino que la gestione directamente el financiador.
Antecedentes de inversiones fallidas y proyectos opacos en Cuba
Uno de los casos más citados es el cable submarino ALBA-1, financiado por Venezuela y tendido entre ese país y Cuba con un costo estimado de unos 70 millones de dólares. El cable llegó a la isla en febrero de 2011 y debía mejorar de forma inmediata la conectividad a internet. Sin embargo, permaneció inactivo durante casi dos años y no fue hasta enero de 2013 que se confirmó su entrada en funcionamiento. Durante ese periodo, el gobierno cubano no ofreció explicaciones claras, mientras circulaban versiones sobre problemas técnicos, mala gestión e incluso corrupción. El resultado fue un proyecto estratégico que, pese a su costo y relevancia, estuvo rodeado de silencio oficial en una fase crítica. En teoría, según se puede ver en la mala conectividad que aún tiene el país, es evidente que fue un proyecto mal gestionado, que hubo dinero que se malgastó y se desvió. ¿Hacia dónde? No se sabe.
Otro ejemplo es el financiamiento ruso para el transporte y la infraestructura ferroviaria. En 2019, Cuba firmó con Rusia un acuerdo valorado en aproximadamente 1.000 millones de dólares para modernizar su red ferroviaria. El plan incluía la rehabilitación de líneas, la adquisición de locomotoras y mejoras en la logística del transporte. Aunque se han visto entregas puntuales —como locomotoras rusas enviadas desde 2016—, la transformación integral prometida no se ha materializado en la escala anunciada. A esto se suma que, según reportes posteriores, varios proyectos de cooperación con Rusia han sufrido retrasos o han quedado estancados, especialmente tras el impacto económico y geopolítico derivado de la guerra en Ucrania.
El puerto del Mariel es otro caso clave. Construido con financiamiento brasileño cercano a los 900 millones de dólares, fue presentado como el principal motor de atracción de inversión extranjera en Cuba. La Zona Especial de Desarrollo Mariel debía convertirse en un centro logístico e industrial capaz de dinamizar la economía del país. Sin embargo, años después de su inauguración, el ritmo de aprobación de proyectos ha sido limitado y la entrada de capital extranjero ha quedado por debajo de las expectativas iniciales. Aunque el puerto está operativo, no ha generado el salto económico que justificaba la magnitud de la inversión.
Estos ejemplos no implican necesariamente desvío directo de fondos en todos los casos, pero sí evidencian un patrón consistente: proyectos de alto costo, fuerte respaldo político y resultados por debajo de lo previsto, acompañados de escasa transparencia pública sobre su ejecución. En ese contexto, cualquier propuesta de inyectar entre 8.000 y 20.000 millones de dólares en el sistema energético cubano enfrenta no solo desafíos técnicos, sino también una pregunta clave sobre los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas que garantizarían que esos recursos se traduzcan en resultados reales.
Lo más «doloroso» de todo esto es que Cuba, en algún momento tuvo esa cantidad de dinero para emprender un proyecto de esa magnitud y no lo hizo. Lo despilfarró de una manera u otra. O priorizó otros sectores en lugar de priorizar la base que movería todos los demás proyectos. Tan solo la mal llamada Revolución Energética movilizó inversiones de varios miles de millones de dólares. Solo la rehabilitación de redes eléctricas costó unos 262 millones, y autoridades del sector han reconocido que en algunos años se destinaron entre 1.200 y casi 2.000 millones al sistema eléctrico en su conjunto.
