En marzo de 2026, en pleno agravamiento del conflicto entre Washington y La Habana, con el bloqueo petrolero parcial ya en vigor y los apagones superando las 20 horas diarias en varias provincias, el régimen cubano gastó 36.967.947 dólares comprando productos en Estados Unidos. Entre ellos, tablas de surf y equipos acuáticos por 18.490 dólares. Lo revelan datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. publicados por Diario de Cuba el 12 de mayo de 2026.
Las compras de alimentos y productos agrícolas de entidades cubanas en su vecino del norte cayeron apenas un 0,85% entre enero y marzo de 2026 respecto al mismo período del año anterior, según el Departamento de Agricultura estadounidense. En el primer trimestre del año, Cuba gastó 102.799.469 dólares en EE.UU., frente a los 129.824.213 del mismo tramo de 2025, una caída interanual del 20,8% que, en el contexto de la retórica oficial sobre el embargo, resulta llamativa por lo pequeña.
La carne de pollo encabeza la lista de compras con 18.877.394 dólares, el 50,9% de todas las adquisiciones alimentarias. Le siguen arroz, carne de cerdo, leche concentrada, galletas dulces, jugos de frutas con vitaminas y bebidas no alcohólicas. También aparecen en la lista ostias de comunión por 686.779 dólares, huevos frescos por 527.132, vestidos de mujer y niña, aceites residuales y bloques de cemento. Y las tablas de surf.
Estas transacciones son legales. Están permitidas por excepciones al embargo codificadas en la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de la Exportación de 2000 y la Ley de Democracia Cubana de 1992. En 2025, Cuba cerró el año con compras en EE.UU. por 490.111.943 dólares, la tercera mayor cifra desde que estas comenzaron en diciembre de 2001 y la mayor desde 2009. Lo anterior ocurre mientras el gobierno cubano y sus medios responsabilizan al embargo estadounidense de las privaciones y la crisis alimentaria que vive la isla.
Pero las compras directas y documentadas son solo una parte del cuadro. La otra la revela una investigación de Diario de Cuba sobre licencias de exportación otorgadas por el Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE.UU. a entidades cubanas. El patrón que emerge plantea preguntas que ninguna autoridad, ni cubana ni estadounidense ni de los países involucrados, ha respondido.
La licencia D1351364, validada el 27 de marzo de 2024 y expirada el 31 de marzo de 2026, fue otorgada a DVA Multiservices Corp, una agencia de Hialeah, Florida, especializada en envíos a Cuba, con servicios de recargas telefónicas, renta de autos, trámites migratorios y reservas hoteleras. El perfil típico de una empresa orientada a la diáspora cubana. Su director, Ober Valdés Pérez, la fundó en 2021. Desde septiembre de 2025, la empresa dejó de publicar en Facebook e Instagram sin explicación aparente.
El consignatario en Cuba de esa licencia era Landservi SURL, una MIPYME privada de Sancti Spíritus dedicada, según sus propias redes sociales, al comercio mayorista y la distribución de productos para negocios y alimentación. Hasta ahí, nada extraordinario. Lo extraordinario son los destinatarios finales de las compras que Landservi realizó en EE.UU. a través de DVA Multiservices: 21 embajadas extranjeras en Cuba, todas con sede en La Habana.
España, Turquía, Catar, Sri Lanka, Honduras, Nicaragua, Colombia, El Salvador, Argentina, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Guyana, México, Brasil, Chile, Bolivia, Panamá, Barbados, Bahamas y Costa Rica figuran en la licencia como destinatarios finales. Landservi, una MIPYME de Sancti Spíritus sin instalaciones conocidas en La Habana ni intermediarios identificados, habría gestionado importaciones por valor de 657.300.000 dólares para esas representaciones diplomáticas en dos años.
¿Qué compraron? Veinte millones de dólares en carnes congeladas, igual suma en bebidas alcohólicas, 90 millones en televisores de pantalla plana, 180 millones en electrodomésticos de cocina, 70 millones en sistemas de aire acondicionado, 50 millones en plantas eléctricas, 14 millones en bicicletas, 20 automóviles —sedanes, convertibles, minivanes y SUV— por 800.000 dólares, cuatro millones en café y té y un millón y medio en comida para bebé.
Diario de Cuba contactó a 19 de las 21 embajadas para preguntarles sobre su vínculo con DVA Multiservices y Landservi. Al cierre del reporte, ninguna había respondido.
Las irregularidades en torno a Landservi no terminan ahí. La empresa no aparecía registrada en el listado del Ministerio de Economía y Planificación de Cuba de nuevos actores económicos aprobados hasta mayo de 2024, ni en el directorio de empresas no estatales aprobadas en Sancti Spíritus. En agosto de 2025, el periódico oficial Escambray reportó el robo de varios millones de pesos en efectivo de sus oficinas, aprovechando, según la policía, «la falta de vigilancia y la ausencia de fluido eléctrico». La pregunta que el propio Diario de Cuba formula es inevitable: ¿cómo guarda una MIPYME esas sumas en un local sin seguridad ni luz, y al mismo tiempo gestiona compras de más de 650 millones de dólares en EE.UU.?
El tercer elemento del cuadro tiene apellido conocido. Una investigación de la periodista Salomé García, publicada en Substack y citada por Diario de Cuba el 12 de mayo, revela que Héctor Castro Santana, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, es uno de los administradores mancomunados de MAY Energía España SL, la filial española de la empresa australiana Melbana Energy a través de la cual se canalizan las ventas del crudo extraído en Cuba en la provincia de Matanzas.
Castro Santana es nieto de Ramón Castro, el hermano mayor de Fidel y Raúl. Es graduado de Derecho, se mudó a España a los 24 años con la ciudadanía española que tienen todos los miembros de la familia con control sobre Cuba, y opera desde Madrid el despacho jurídico The CC Law Firm, especializado en asesoría para inversores en Cuba. MAY Energía España SL comparte domicilio con ese despacho en la calle Alcalá.
La empresa fue constituida en abril de 2024, meses antes de que trascendiera la autorización del gobierno cubano a Melbana para exportar el crudo extraído en la isla. Su único socio es Melbana Energy Limited. Sus administradores mancomunados son Andrew Purcell, presidente de Melbana, y Castro Santana, con la incorporación posterior de Uno Makotsvana, director financiero de la australiana. La condición de mancomunados significa que ninguna decisión relevante puede tomarse sin la firma conjunta de todos, lo que otorga al sobrino nieto de los Castro una posición central en el negocio.
La investigación previa del portal YucaByte, citada por Diario de Cuba en diciembre de 2024, ya había vinculado a Castro Santana con exportaciones de carbón vegetal, miel, ron, pescado y otros productos cubanos, así como con la importación de cerveza a la isla. El patrón, según el director de YucaByte, Norges Rodríguez, es consistente: «Muchos negocios están siendo heredados por nietos de los hermanos Castro.»
En diciembre de 2024, cuando se supo que Cuba autorizaba la exportación del crudo de Melbana, la isla llevaba meses con apagones que en algunos momentos superaban las 20 horas diarias. La decisión de exportar petróleo en lugar de destinarlo al consumo nacional, en ese contexto, nunca fue explicada públicamente por el gobierno. Tampoco el papel de un miembro de la familia Castro en la empresa que canaliza esas ventas desde Madrid.
Lo que el conjunto de estas tres historias describe no es una serie de anomalías aisladas. Es la anatomía de un sistema que compra en el enemigo declarado mientras lo culpa de su miseria, que mueve cientos de millones a través de empresas que oficialmente no existen o no tienen dirección en La Habana, y que deposita los negocios del petróleo nacional en manos de la misma familia que lleva 67 años administrando el país como herencia propia.
Fuentes: Diario de Cuba (12 de mayo de 2026), Departamento de Agricultura de EE.UU. / USDA Foreign Agricultural Service, Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio de EE.UU., Consejo Económico y Comercial EE.UU.-Cuba, investigación de Salomé García en Substack, YucaByte.
