La Corte Suprema de Estados Unidos le ha otorgado al expresidente Donald Trump una victoria parcial al suspender temporalmente la orden de un tribunal federal que exigía al gobierno facilitar el regreso inmediato de Kilmar Abrego García, un trabajador salvadoreño con estatus legal en EE.UU., quien fue erróneamente deportado a una prisión de alta seguridad en El Salvador.
El fallo, emitido por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, detiene provisionalmente la orden de la jueza federal Paula Xinis, quien había dado hasta la medianoche del lunes 7 de abril para “facilitar y efectuar” el retorno de Abrego García al país. Esta decisión permite que la administración Trump, a través del Departamento de Justicia, continúe argumentando que los tribunales no pueden obligar al Ejecutivo a actuar en el ámbito de la diplomacia internacional.
Abrego García, de 38 años, fue arrestado el pasado 12 de marzo tras salir de su trabajo como aprendiz de chapa metálica. Lo detuvieron frente a su hijo de cinco años, con autismo, y fue deportado a los pocos días, pese a una orden judicial de 2019 que le impedía ser enviado a El Salvador, donde enfrentaría persecución por parte de pandillas que extorsionaban el negocio familiar.
La administración reconoció que su deportación fue un “error administrativo”, pero ha intentado justificarlo bajo sospechas no comprobadas de vínculos con la pandilla MS-13. Sin embargo, ni en los seis años previos de chequeos migratorios regulares ni durante su detención se presentaron cargos criminales contra él.
Los abogados de Abrego argumentan que el gobierno está tratando de encubrir una “acción dirigida” contra una persona con estatus protegido. “Lo detuvieron deliberadamente, lo sacaron del país en violación de una orden judicial, y ahora se rehúsan a enmendar su error con la excusa de que no pueden”, dijo el abogado Simon Sandoval-Moshenberg.
La familia de Kilmar ha denunciado el impacto devastador del hecho. Su esposa, Jennifer Vasquez Sura, ciudadana estadounidense, relató que sus hijos lloran por la ausencia del padre, mientras el más pequeño duerme abrazado a sus camisas. “Perdí al amor de mi vida en un abrir y cerrar de ojos”, dijo entre lágrimas durante una conferencia de prensa.
El caso de Abrego García ha sido emblemático en el actual enfrentamiento entre el poder judicial y el ejecutivo, que bajo Trump ha vuelto a utilizar una ley del siglo XVIII —la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798— para justificar deportaciones aceleradas, en especial de migrantes venezolanos señalados (sin pruebas públicas) como miembros de organizaciones criminales.
Aunque el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito se negó a conceder una suspensión de la orden de retorno, la intervención de la Corte Suprema podría cambiar el rumbo del caso. Por ahora, se mantiene en pausa la orden de repatriación mientras se analizan los argumentos presentados.
Este nuevo episodio con la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. reafirma la estrategia de Trump de tensar los límites del poder ejecutivo en materia migratoria, incluso cuando se trata de errores reconocidos por su propia administración. La pregunta que queda en el aire es si el país puede —o debe— aceptar como “inconveniente diplomático” la corrección de una injusticia.
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