María Elvira Salazar y Daniella Levine Cava expresan preocupación por la medida que afecta a cerca de 350 mil venezolanos con TPS, mientras activistas y beneficiarios denuncian el riesgo de deportaciones masivas.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha autorizado a la administración de Donald Trump a cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 350.000 venezolanos, abriendo la puerta a posibles deportaciones masivas, señala en un reportaje NBC News. La decisión deja sin efecto un fallo previo de un tribunal de distrito en California que había frenado la eliminación del programa por considerar que podría causar un daño irreparable a los beneficiarios.
Desde líderes políticos hasta organizaciones de derechos humanos han reaccionado con preocupación. La congresista María Elvira Salazar expresó su «profunda decepción» por el fallo del Supremo, calificando la medida como «abrupta e insensible».
En su cuenta en X (antes Twitter), Salazar afirmó: “El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, también lidera el Tren de Aragua—una organización criminal transnacional. No podemos enviar a personas de regreso a un país tan peligroso”.
Por su parte, la alcaldesa de Miami-Dade, la demócrata Daniella Levine Cava, también reaccionó enérgicamente: “Me duele profundamente la situación de estas familias que siguieron el proceso legal y ahora enfrentan la deportación a una dictadura brutal”.
En su mensaje en redes sociales, destacó que Miami-Dade se enorgullece de albergar la comunidad venezolana más grande del país.
“La lucha no termina, la lucha se transforma”
El impacto de la decisión se sintió especialmente en Doral, Florida, conocida como «Little Venezuela». Allí, activistas como Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, declararon que “la lucha ahora se transforma”. Ferro aseguró que seguirán buscando vías legales para evitar que miles de familias caigan en un limbo migratorio. “La lucha no para. Esto apenas comienza, solo que ahora toma otra forma”, insistió.
Una de las voces más conmovedoras fue la de Cecilia González, beneficiaria del TPS de 2023 y residente en Florida, quien fue una de las demandantes del proceso legal contra la medida. “Regresar a Venezuela no es una opción segura. Muchísimas de nuestras vidas corren riesgo”, afirmó en declaraciones a Univisión. Según González, muchas familias ahora deberán “escoger entre sobrevivencia o estabilidad”.
¿Quiénes quedan sin protección?
El abogado de inmigración Armando Olmedo explicó a Univisión que los venezolanos bajo la designación de TPS de 2023 ya han perdido oficialmente su protección, así como sus permisos de trabajo. “Ya no tienen cobertura migratoria. El TPS se les expiró y su autorización laboral también”, aclaró. Añadió que el fallo de la Corte Suprema reactiva el plan de la administración Trump de poner fin a ambas designaciones fusionadas, que originalmente se habían extendido hasta 2026.
Cabe destacar que esta decisión no afecta a quienes obtuvieron el TPS bajo la designación de 2021. Sin embargo, el fallo abre la puerta a que el gobierno federal elimine esa designación también en el futuro próximo.
Vigilia y miedo en las calles de Doral
La noticia cayó como un balde de agua fría para miles de inmigrantes en el sur de Florida. En Doral, una vigilia espontánea reunió a decenas de venezolanos frente al restaurante El Arepazo. Marisol Silva, inmigrante con cuatro años bajo parole humanitario, comentó: “Siento tristeza, pero también esperanza. Nosotros no somos delincuentes; somos gente buena, trabajadora, que paga impuestos. Solo pedimos una oportunidad”, recoge Univisión en otro reportaje sobre el tema.
La situación también pone en alerta a quienes llegaron bajo el parole humanitario, otra herramienta migratoria que permite la permanencia temporal por razones humanitarias. La administración Trump también ha pedido a la Corte Suprema que le permita eliminar esta medida, que actualmente protege a más de 500.000 personas provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Aunque un tribunal inferior bloqueó temporalmente su cancelación, el pedido de la Casa Blanca ha generado preocupación en toda la comunidad migrante.
Voces desde la diáspora: “No nos pueden devolver a una dictadura criminal”
Activistas como Liz Alarcón señalaron que la comunidad venezolana está organizada y cuenta con apoyo legal a nivel nacional. “Quienes conocen la situación en Venezuela, saben que no se puede regresar. El país está en manos de una dictadura criminal”, expresó.
Ferro añadió que, apenas 24 horas antes del fallo, cinco personas seguían como rehenes del régimen de Maduro sin acceso a salvoconductos. “Eso demuestra que estamos hablando de una dictadura real, no de un gobierno democrático. No se puede hablar de retorno seguro en esas condiciones”, afirmó.
Una victoria legal y política para Trump
La Corte Suprema, con mayoría conservadora, dio así un espaldarazo a la política migratoria del expresidente Trump, quien ha hecho de la restricción migratoria una de las piedras angulares de su campaña de reelección. El fallo también refuerza la tesis de que el Poder Judicial no debe interferir con las decisiones del Ejecutivo en materia migratoria.
La decisión ha sido criticada por minimizar el papel de los jueces federales como contrapeso institucional. Organizaciones de derechos humanos advierten que esta lógica abre la puerta a abusos y deja en la indefensión a poblaciones vulnerables.
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