Una ola de denuncias, testimonios, demandas judiciales y protestas crece en torno al centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, en el corazón de los Everglades de Florida. Lo que comenzó como una instalación temporal para controlar la inmigración irregular se ha convertido, según sus críticos, en un símbolo de abuso sistemático, negligencia médica y violaciones de derechos humanos. Mientras los familiares de los detenidos claman por su cierre inmediato, el gobernador Ron DeSantis sostiene que todo responde a una “narrativa mediática” y que las condiciones son mejores que en administraciones pasadas.
Una demanda inicial contra el centro fue presentada hace casi un mes en el Distrito Sur de la Florida, pero en la primera audiencia judicial celebrada esta semana, abogados del estado argumentaron que el tribunal no tiene jurisdicción porque la instalación se encuentra en el condado Collier, no en Miami-Dade, señala Telemundo51.
El litigio se centra en el presunto daño ambiental causado por la infraestructura del centro, ubicada en una zona ecológicamente sensible de los Everglades. La petición judicial exige que se suspendan inmediatamente las operaciones del centro por sus impactos sobre el ecosistema y la salud pública.
Paralelamente, una demanda colectiva, que también ha sido reseñada por el propio medio de habla hispana, ha sido presentada contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el gobernador Ron DeSantis; y directores del Departamento de Manejo de Emergencias de Florida. En la demanda, acusan al estado de negar acceso a abogados a los migrantes detenidos, de grabar y monitorear las pocas llamadas telefónicas que pueden hacer, y de mantener a personas fuera del sistema de localización del ICE, dejándolos “invisibles” y sin posibilidad de defensa legal.
Uno de esos casos es el de Juan Palma Martínez, detenido pese a presentarse voluntariamente ante ICE por una orden pendiente. Su esposa denunció que no aparece en los registros oficiales. Otro, el de Michael Borrego, involucra denuncias de negligencia médica tras una cirugía de emergencia. Fue devuelto al centro sin antibióticos ni cuidados adecuados, según su madre, quien asegura que durante cuatro días no supo si su hijo había sobrevivido a la operación.
Condiciones médicas y sanitarias alarmantes en Alligator Alcatraz
Testimonios recogidos por periodistas y ONG dan cuenta de condiciones críticas dentro de la instalación.
“No se puede dormir, no se puede caminar, los mosquitos son demasiados”, relató uno de los internos en audiencia judicial. Jesús Martínez, cubano residente en EE.UU. desde hace casi tres décadas, dijo en entrevista exclusiva que las duchas colapsan, los baños se desbordan, las goteras caen sobre las camas y la alimentación se reduce a sándwiches fríos servidos de noche: “Esto es como vivir en un campo de concentración”, afirmó al periodista Alexis Boentes.
Martínez, condenado hace 20 años por conspiración relacionada con drogas y con una vida intachable desde entonces, teme ser deportado a Cuba, donde ya no tiene familia. Si la isla lo rechaza, sería enviado a un tercer país como México, donde los migrantes solo reciben permisos temporales sin opción de legalizarse. Su esposa y hermana evalúan abandonar EE.UU. ante lo que consideran una injusticia intolerable: “Lo han convertido en un infierno para que la gente se autodeporte”, declaró su abogada.
Un informe de más de 90 páginas publicado esta semana por Human Rights Watch documenta violaciones sistemáticas a los derechos humanos en centros de detención migratoria de Florida, incluido Alligator Alcatraz. Denuncia falta de atención médica, condiciones insalubres, encierro prolongado y aumento de enfermedades por exposición a desechos humanos y calor extremo.
El informe alerta además sobre el aumento del 101 % en las detenciones migratorias en el sur de Florida desde el regreso de Donald Trump al poder, destacando que más del 70 % de los detenidos no tienen antecedentes penales. La organización asegura que las condiciones de detención han empeorado respecto a administraciones anteriores.
Las denuncias también se extienden a otros centros. Llamadas al 911 desde el BRW Transal Center revelaron emergencias médicas y condiciones sanitarias graves. Según testimonios de familiares, los migrantes enfermos reciben solo aspirina, son encadenados tras cirugías y no se les permite contactar con abogados de forma efectiva.
Defensas, selfies y disputas políticas
Mientras las denuncias se acumulan, algunos sectores defienden el centro. En redes sociales circulan fotografías de simpatizantes de Trump tomándose selfies frente al cartel azul del Alligator Alcatraz, recién instalado. Una visitante de Texas dijo: “Si son criminales, esto está bien”. Cuando se le mencionó que muchos no tienen antecedentes, respondió: “Bueno, entonces no estoy totalmente de acuerdo”.
El gobernador Ron DeSantis ha calificado las críticas como exageraciones. “¿Se quejan porque el sándwich de jamón no estaba tostado?”, ironizó en una reciente rueda de prensa, señala Telemundo51 también en otro artículo. Aseguró que los detenidos pueden “aceptar la oferta del Departamento de Seguridad Nacional y regresar a su país de origen” y anunció que visitará pronto el centro.
El congresista republicano Mario Díaz-Balart, por su parte, reconoció que los centros de detención “no son lugares placenteros”, pero sostuvo que las condiciones actuales no se comparan con las de la era Obama. Sin embargo, sus declaraciones no apaciguaron a los activistas.
Florida ha destinado más de 450 millones de dólares anuales al funcionamiento de Alligator Alcatraz, financiado con poderes especiales de emergencia migratoria. Parte de esos fondos han sido adjudicados sin licitación a empresas vinculadas políticamente, como Critical Response Strategies, que recibió 78,5 millones. El Departamento de Seguridad Nacional aún no ha reembolsado estos gastos, pese a solicitudes del estado.
Demandas ambientales, acusaciones de tortura psicológica, negligencia médica y obstáculos al debido proceso confluyen en un centro que ha sido descrito por médicos como “una receta para el desastre”. En palabras de la doctora Anderson Henderson, “esto es una violación de los derechos humanos. Es inhumano forzar a personas a vivir en estas condiciones”, recoge Local 10 News.
El futuro legal del Alligator Alcatraz se decidirá en una corte federal, pero el juicio social y político ya está en marcha. Lo que está en juego no es solo la clausura de un centro, sino el alma misma del sistema migratorio estadounidense.
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