El aumento de los costos diseñado como parte del “ordenamiento” de la economía cubana ha provocado la casi paralización de la construcción de viviendas en la isla, lo que afecta sobre todo a las familias de bajos ingresos que esperan por su hogar.
“El año pasado, prácticamente, ni se aprobaron nuevos subsidios, pues el cúmulo que tenemos de otros años es grande y la idea es ir saldando esas deudas”, reconoció el subdirector general de la Dirección Provincial de la Vivienda en Ciego de Ávila, Leiter Méndez.
De acuerdo con un reporte del periódico Invasor, el plan de construcción de viviendas en esa provincia apenas alcanzó el 35% de lo previsto en 2021, cuando se esperaban entregar 1.589 casas terminadas.
El medio de prensa local detalla que para el 2022 se ha planificado construir 1.757 viviendas, de las cuales la mitad correspondería a personas damnificadas por eventos climáticos, donde más atrasos se acumulan.
De lo explicado por Méndez, se entiende que no crecerá el ritmo de construcción de nuevas edificaciones, porque las casas sin terminar se pasan al plan del presente año.
El directivo precisó que 501 viviendas estaban en fase de terminación al inicio de 2022 y en enero apenas se culminaron 56, de 146 previstas.
Aclaró que “a una vivienda en terminación es mucho lo que le falta todavía, porque entra en esa fase desde que le ponen el techo” y no se entrega hasta que se declare habitable.
Para ponerse al día, el directivo afirma que tendrían que terminar 235 casas en febrero, algo improbable, debido a la escasez de materiales.
La fuente confirmó que el Grupo Empresarial de Comercio paralizó la venta de cemento a granel y de áridos, porque provocaba pérdidas a esa entidad.
“Cuando tú le sumas, al costo de producción, el costo de la transportación, se te va por encima del precio al que tenemos establecido vender, y que es por el cual se aprobó el monto actual del subsidio”, explicó la directora comercial de ese grupo empresarial, Diamelys Sánchez.
La directiva aclaró que las autoridades del gobierno les exigen ser eficientes, al tiempo que prohíben aumentar los precios.
Lo que cambió de un año a otro es que las pérdidas se asumían con asignaciones del presupuesto estatal y ahora “no está definido” quién pagará la diferencia, según Sánchez.
