El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha iniciado la transferencia de inmigrantes indocumentados a la base naval de Guantánamo Bay, Cuba. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad fronteriza y gestionar el flujo migratorio. Sin embargo, la decisión ha generado preocupaciones significativas en torno a los costos asociados y los derechos de los migrantes detenidos.
El 4 de febrero de 2025, un primer vuelo militar despegó desde Fort Bliss, Texas, con destino a Guantánamo, transportando a aproximadamente una docena de migrantes. Este traslado marca el inicio de un plan que busca ampliar la capacidad del Centro de Operaciones Migratorias en la base, pasando de las 120 plazas actuales a una capacidad proyectada de hasta 30.000 detenidos. Para ello, se han desplegado alrededor de 200 marines encargados de establecer la infraestructura necesaria, con la expectativa de aumentar este número a 500 en el futuro cercano.
noticia relacionada: EE.UU. envía primer vuelo con inmigrantes detenidos a Guantánamo
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó la base el 7 de febrero para evaluar el progreso de la operación y reunirse con el personal involucrado en las operaciones de detención de inmigrantes. Durante su visita, Noem enfatizó la importancia de la misión y expresó su agradecimiento al personal por su dedicación. Destacó que esta operación es diferente a las anteriores y subrayó el compromiso del gobierno en asegurar que se lleve a cabo de manera efectiva y en cumplimiento con las leyes nacionales e internacionales.
No obstante, esta iniciativa ha suscitado críticas y preocupaciones por parte de organizaciones de derechos humanos y algunos legisladores. Eunice Cho, abogada senior del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), señaló que detener a inmigrantes en bases militares como Guantánamo podría exponerlos a condiciones peligrosas y privarlos de protecciones constitucionales básicas. Además, argumentó que estas instalaciones dificultarían el acceso de los detenidos a asistencia legal y la supervisión por parte de la prensa y el Congreso, recoge el diario español El Pais.
Desde una perspectiva financiera, la operación también enfrenta escrutinio. El costo de mantener a un detenido en Guantánamo es significativamente más alto que en otras instalaciones de detención en Estados Unidos. Según informes, en 2019, el costo anual por detenido superaba los 13 millones de dólares, cifra que probablemente ha aumentado en los últimos años. Este elevado costo se debe en parte a la necesidad de infraestructura especializada y al despliegue de personal militar y de seguridad en una ubicación remota, destaca por su parte Yahoo Noticias.
Por si fuera poco, la legalidad de esta medida ha sido cuestionada en los tribunales. Un juez federal en Nuevo México emitió una orden temporal que impide el traslado de tres inmigrantes venezolanos a Guantánamo, citando incertidumbres jurisdiccionales y preocupaciones sobre el debido proceso.
En respuesta a las críticas, la administración Trump ha defendido la medida como una herramienta necesaria para abordar la inmigración ilegal y proteger la seguridad nacional. Un segundo vuelo ya fue despachado.
noticia relacionada: Trump manda segundo vuelo con “peligrosos criminales extranjeros” a Guantánamo
La secretaria Noem aseguró que se seguirán todos los procedimientos legales y que las instalaciones en Guantánamo serán un activo valioso para la repatriación de individuos a sus países de origen.
Ah, por si alguien en EE.UU. se pregunta de dónde saldrá el dinero para mantener esto, respóndale así, en spanglish: «de tu bolsillo, baby».
