Catorce años después de un crimen que dejó a tres niños sin madre, una familia de Manzanillo rompe el silencio y vuelve a pedir justicia. La víctima, Edelmi López Escalona, tenía 42 años cuando, en 2011, fue asesinada presuntamente por su esposo, Roberto Días Santos, natural de esa misma ciudad de la provincia de Granma. Tras el crimen, el hombre huyó y nunca fue capturado. Desde entonces, los hijos crecieron con la orfandad y los familiares con la certeza de que el caso fue abandonado por las autoridades.
Durante años, la familia golpeó puertas en busca de respuestas. Denunciaron ante la Policía, acudieron a la Fiscalía y llegaron incluso al Consejo de Estado en La Habana. Pero nada cambió. Nadie les informó si el acusado fue buscado o si el expediente siguió abierto. El silencio oficial se volvió tan implacable como el propio crimen. Con el paso del tiempo, la esperanza se fue apagando.
“Mi madre murió de tristeza y de tanto esperar justicia”, confiesan los hijos de Edelmi, que hoy retoman el reclamo con una mezcla de dolor y coraje.
La historia resurge ahora en redes sociales, impulsada por la página Nio reportando un crimen, donde decenas de usuarios han dejado mensajes de apoyo y exigencias de acción y aparece una foto del presunto asesino, y probablemente autor material indiscutible del hecho dada su fuga y desaparición.
“¿Cómo en un país tan pequeño no se encuentra a un asesino?”, escribe una internauta en la publicación. Otros insisten en que el caso “nunca se investigó a fondo” o que “el asesino debe tener protección de alguien”. En los comentarios se mezclan la indignación y la fe: justicia humana y justicia divina, ambas reclamadas con la misma urgencia.
Un exagente de la Seguridad del Estado y actualmente residente en España, asegura que, después de tantos años sin ser capturado, el asesino podría estar viviendo en cualquier lugar de Cuba. Afirma, incluso, que pudo haber salido del país y regresar sin mayores complicaciones.
«Arturo» explica que en la isla es conocida la desconexión entre los distintos organismos encargados de la seguridad: la Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio del Interior y el Departamento de Inmigración. Esa falta de coordinación hace que personas con antecedentes graves o con órdenes de captura no aparezcan en los registros fronterizos ni enfrenten restricciones de movimiento en ocasiones.
«Máxime si ese hecho ocurrió en el campo. Aunque Manzanillo es una gran ciudad, el trabajo de esa gente en Oriente es pésimo. Más se caracterizan por no tener dos dedos de frente, los cuales emplean en reprimir a la población», dice desde Pamplona.
«Arturo» recuerda, además, un hecho ocurrido en 1994 dentro del edificio del Ministerio del Interior ubicado en Línea y A, en La Habana: un sujeto que no pudo ser identificado por él, que estaba bajo libertad condicional por un asesinato, pero que él conocía porque ambos vivían en Guanabacoa, logró eliminar la prohibición de salida del país tras pagar 4 000 dólares a un funcionario en el lugar donde él mismo trabajaba.
«Arturo», que recién comenzaba en esos vericuetos de la SE conoció cómo, con un simple pago, se resolvía lo que debía ser una traba legal. A las pocas semanas, esa persona pudo abandonar Cuba sin ningún obstáculo, como si nunca hubiese tenido antecedentes ni restricciones. Lo de cuánto pagó lo supo años después, vía chat Messenger, con la esposa del «fugado».
Ese episodio, dice, es solo un ejemplo de una práctica extendida que permite que asesinos, estafadores o funcionarios corruptos desaparezcan con facilidad dentro o fuera del territorio nacional. O que se escondan incluso. Y explica por qué, catorce años después, alguien como Roberto Días Santos podría seguir libre, moviéndose de provincia en provincia o incluso saliendo del país sin dejar rastro.
«Bueno, a lo mejor se fue en balsa y se lo comió un tiburón, lo cual sería como un castigo divino,» concluye.
