Caso de Rogel Aguilera muestra «trampas» de la Fiscalía a la Constitución

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El caso del camionero cubano Rogel Aguilera Mederos expone una falla del sistema. Y no una específica de Colorado, sino una que pasa silenciosa delante de nuestros ojos.

Atención sobre este tema. Rogel Aguilera-Mederos, el camionero cubano sentenciado a 110 años de cárcel en Colorado, por matar accidentalmente a cuatro personas debido a un fallo en los frenos del camión que conducía por una carretera de Colorado, ha dado a conocer «peligros de que los fiscales manipulen el sistema judicial» a su conveniencia.

Sobre el tema, ya patinaron no pocos «influencers» cubanos sin el conocimiento elemental sobre las leyes de los EE.UU. y de la propia constitución.

Y es que los acuerdos de culpabilidad y las amenazas de sentencias demasiado duras se han vuelto tan rutinarios, aunque derriben lo que la Constitución pretende proteger, que es el derecho a un juicio justo, que no pocos «influencers» cubanos, horas después de que Aguilera Mederos fuese condenado a 110 años de cárcel, hasta le echaron culpas al joven por no aceptar los llamados «tratos» de la Fiscalía.

Está tan manoseado el sistema, tan severamente corrupto, que la fiscal que llevó el caso del camionero cubano Rogel Aguilera se asombró cuando se encontró con un hombre que, a sabiendas de su presunta culpabilidad creyó en su inocencia y no le aceptó su regalito: Rogel Aguilera.

Ahora, el caso del camionero cubano Rogel Aguilera Mederos ha expuesto lo que USA TODAY llama «un corrupto e injusto sistema».

«Ahora está claro, dice USA TODAY, que prácticamente nadie creía que la sentencia original tuviera algún sentido, ni el juez que se vio obligado a imponerla, ni el fiscal de distrito cuya oficina procesó el caso. Sin embargo, lo verdaderamente abominable de esta situación es que la travesía de Aguilera-Mederos, en la que fue castigado con una sentencia opresiva después de ejercer su derecho a ser juzgado, no es una aberración sino un emblema de cómo funciona nuestro sistema jurídico penal en la actualidad.»

Se trata, como bien explica el medio y otros desconocen, de una verdad fundamental del moderno sistema legal penal estadounidense:

«Hemos abandonado el sistema de juicios públicos con jurado establecido por la Constitución y la Declaración de Derechos a favor de un sistema en la sombra de declaraciones de culpabilidad impulsadas por la lógica del poder procesal.«

USA Today, de la mano de Martin Antonio Sabelli, explica detalladamente como, «si un acusado tiene la audacia de insistir en un juicio, como lo hizo Aguilera-Mederos, atravesamos el espejo hacia un mundo de dolor que los redactores de la Constitución habrían detestado y temido.»

Esto es algo que Alexis King, la fiscal desconocía. Normalmente, hasta las personas que son inocentes de un asesinato, por ejemplo, pero que no tienen dinero para pagarse un buen abogado, y que tienen en su contra, digamos, una «ridícula evidencia»; gente que son afroamericanos, latinos e inmigrantes, pobres… a sabiendas de que son inocentes prefieren no ir a la ruleta rusa de un juicio y se declaran culpables de un crimen que no cometieron. Sí, se saben inocentes, pero conocen las debilidades del sistema. Y las suyas. Son conscientes de que tienen las de perder en un juicio donde su abogado no tiene cómo demostrar su inocencia. No siempre se tiene una coartada perfecta.

«Esta realidad choca con las historias que nos contamos desde la clase de educación cívica hasta la pantalla grande. Nos decimos a nosotros mismos que estamos protegidos del abuso del gobierno por un sistema de juicios con jurado en el que los jurados deciden la culpabilidad o la inocencia y los jueces determinan las sentencias. Nos decimos que este sistema está salpicado de negociaciones de culpabilidad que funcionan muy bien porque el acusado, asistido por un abogado, puede tomar decisiones racionales sin temor a ser sancionado por ejercer su derecho a ser juzgado,» indica más adelante el artículo que se enfoca o usa como ejemplo, el caso del camionero cubano Rogel Aguilera, y que resume a continuación diciendo:

«Desafortunadamente, la negociación de culpabilidad no funciona de esta manera.»

Sí, queridos sabelotodo de redes sociales, la negociación de culpabilidad no es eso. No debe ser eso.

«La negociación de culpabilidad moderna consiste en la entrega de un ultimátum por parte de un fiscal que amenaza con duplicar, triplicar o cuadriplicar una sentencia si el acusado se atreve a ejercer su derecho a ser juzgado. Esto último, que es un fundamento básico de la ley en los Estados Unidos, recogido incluso como un derecho constitucional, se viola ante nuestros ojos, y según USA TODAY se violó en el caso del camionero cubano Rogel Aguilera.

«La diferencia inconcebible entre una oferta previa al juicio y la amenaza de una sentencia posterior al juicio mucho mayor, a menudo llamada ‘pena de juicio’, dice USA TODAY, equivale a una coerción legalizada por parte de los fiscales más allá del alcance incluso de los jueces, gracias a las leyes de sentencia mínima obligatoria.

El texto que se enfoca en un análisis de lo sucedido con el camionero cubano Rogel Aguilera señala más adelante que «normalizada en la faz del sistema, la pena de juicio prácticamente ha eliminado los juicios al quebrantar la voluntad de una persona acusada tras otra.»

«Si esta realidad se convirtiera en un episodio de ‘Ley y orden’, al fiscal de distrito simplemente le bastaría con deslizar el código penal sobre la mesa señalando una disposición de sentencia obligatoria de 20 años, confiando en la amenaza de una sentencia posterior al juicio exponencialmente mayor, y no en las pruebas que tiene sobre el caso.»

Negros e inmigrantes pobres, los que peor la llevan.

USA TODAY indica además que «si bien todos los acusados ​​sufren de este sistema de justicia en la sombra, las personas de color y los pobres sufren más severamente debido a la sobrecriminalización, el exceso de vigilancia, el uso excesivo de la prisión preventiva, la necesidad de depender de sistemas de defensa pública con fondos insuficientes y, por supuesto , racismo sistémico y sesgo implícito.

«Profundas asimetrías de poder en el sistema legal han asegurado que los fiscales dobleguen rutinariamente la voluntad de la mayoría de los acusados ​​y especialmente de los más vulnerables. Estas asimetrías de poder, especialmente los mínimos obligatorios, han transformado la visión de los artífices en una cadena de montaje de ultimátums de enjuiciamiento disfrazados de regalitos en forma de gangas’,» precisa Sabinelli.

Rogel Aguilera «fue el más fácil de acusar y condenar», dice abogado

El diario indica que la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal reconoce que el poder sin control de los fiscales ha resultado en la disminución de los juicios en nuestro sistema legal penal.

Esto, que muchos agradecen a fin de evitarle gastos excesivos al erario público, en la práctica se ha convertido en esto: en la eliminación de la supervisión ciudadana del poder del gobierno, «por encarcelamiento masivo y mayor mala conducta policial, incluida la fuerza excesiva.»

«Los fiscales pueden forzar declaraciones en prácticamente todos los casos, a menudo exigiendo sentencias altas. Estos abogados rutinariamente requieren que el acusado renuncie a prácticamente todos los derechos al aceptar un acuerdo de culpabilidad, incluido el derecho a impugnar mala conducta policial. Las declaraciones de culpabilidad habitualmente requieren la renuncia a todos los derechos que protege la Constitución, desde el derecho a la libertad bajo fianza y el derecho a estar libre de registros e incautaciones irrazonables, hasta el derecho a un juicio, y, como resultado, la luz del día. rara vez llega al abuso del gobierno o de la policía’,» indica el diario.

El articulista resume su nota con dos ejemplos traídos del sistema.

«Es fácil ver cómo Colorado logró imponer originalmente una sentencia de 110 años al camionero cubano Rogel Aguilera Mederos. En pocas palabras, el fiscal de distrito optó por buscar cargos que requerían 110 años porque el camionero cubano Rogel Aguilera Mederos tuvo la audacia de exigir que el fiscal probara su culpabilidad en el juicio.«

«Asimismo, Kevin O’Brien Allen, un hombre negro, fue acusado en Luisiana por vender $20 de marihuana. Los fiscales le ofrecieron cinco años. Pero Allen optó por ir a juicio, perdió y ahora cumple cadena perpetua sin libertad condicional.

¡Cadena perpetua sin libertad condicional! por vender $20 dólares de marihuana.

(Para más referencia a este caso hacer click aquí, o ver el PDF aquí debajo)

«Ambos hombres sufrieron por ejercer un derecho constitucional, lo que ilustra por qué la gran mayoría de los acusados ​​simplemente aceptan el trato que les ofrece el fiscal, tengan o no una defensa,» indica el diario norteamericano.

«Los redactores que diseñaron nuestro sistema legal penal no reconocerían esta cultura. Ellos imaginaron un sistema de juicios diseñado para iluminar cada etapa del proceso.

«Habiendo renunciado a esta visión constitucional de la justicia, no hemos podido protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades de la mala conducta policial, el encarcelamiento masivo y las condenas injustas.

«Para restablecer el equilibrio, debemos revocar las sentencias mínimas obligatorias, elegir fiscales que usen su poder constitucionalmente en lugar de coercitivamente, y facultar a los jueces para imponer sentencias racionales como lo exige la Constitución. Es posible que estas políticas no sean buenas para la televisión nocturna, pero brindan la base para el orden constitucional justo, equitativo y humano previsto por los redactores,» termina diciendo la nota.

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