La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar los fondos destinados a activistas, presos políticos y grupos opositores en Cuba, Venezuela y Nicaragua ha generado fuertes críticas dentro y fuera del país. La medida, que afecta directamente a organizaciones que promueven la democracia y los derechos humanos, ha sido calificada como un retroceso en la política exterior estadounidense.
El Miami Herald reportó que la administración Trump justificó los recortes tras una revisión del Departamento de Estado, la cual concluyó que estos programas “no eran de interés nacional”. Como resultado, la mayoría de los proyectos administrados por el Instituto Republicano Internacional y la USAID han sido cancelados o suspendidos, dejando a muchas organizaciones sin financiamiento y poniendo en riesgo su operatividad.
Daniel Twining, presidente del Instituto Republicano Internacional, advirtió que esta decisión solo beneficia a los regímenes autoritarios. “Los recortes de fondos dejan desprotegidos a activistas que han trabajado por años en condiciones de represión. El impacto de esta medida podría ser devastador para la lucha por la democracia en la región”, declaró al Miami Herald.
La cancelación del financiamiento también afecta gravemente a medios independientes cubanos como Cubanet y Diario de Cuba, que durante años han denunciado las violaciones de derechos humanos en la isla. Según el director de Cubanet, Roberto Hechavarría Pilia, la medida favorece al régimen cubano. “Sin estos fondos, el gobierno de La Habana tendrá mayor libertad para intensificar su propaganda y represión”, alertó.
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Desde Cuba, funcionarios del régimen han reaccionado con otra perspectiva. El viceministro Carlos Fernández de Cossío sugirió en una entrevista con Counterpunch que estos recortes podrían eliminar el financiamiento para la “falsa oposición” que, según él, ha sido creada artificialmente con fondos de USAID. Aun así, el funcionario cubano no descartó que el Departamento de Estado busque otras vías para seguir canalizando dinero hacia grupos disidentes en la isla.
Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de redirigir los fondos restantes para mantener “programas subversivos contra Cuba”, en lugar de destinarlos al desarrollo internacional. Rodríguez señaló que la eliminación de estos programas, si bien podría perjudicar a algunos grupos opositores, no significa necesariamente el fin del financiamiento para actividades desestabilizadoras.
En el ámbito político, las reacciones han sido diversas. La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz criticó la decisión, calificándola de “inconcebible” y acusando a los republicanos de abandonar la lucha por los derechos humanos en América Latina. “Es increíble que se retiren estos fondos mientras dictaduras como la de Maduro siguen oprimiendo a sus ciudadanos”, expresó.
Por su parte, el senador Rick Scott defendió la revisión de los programas de ayuda exterior, argumentando que cada dólar debe justificarse en términos de seguridad y prosperidad para Estados Unidos. “No podemos seguir invirtiendo en programas que no muestran resultados concretos”, afirmó.
