Atención represores cubanos con años viviendo en EE.UU.: También se les puede revocar la ciudadanía

Casos de represores cubanos que implican delitos graves de derechos humanos, ilustran una realidad preocupante: son personas ingresaron al país mediante fraude migratorio —ocultando su rol en la represión—, lo cual los convierte en blancos potenciales de procesos de desnaturalización o deportación; y son los candidatos perfectos para toda la sanción que les caiga encima. Eso sí, hacemos una salvedad: Daniel Morejón García (ver foto de portada) no era ciudadano. Ni siquiera residente.

Si Donald Trump se consolida en su mandato pese a sus multiples vaivenes, pudiera cumplir con algo que ha insinuado en múltiples ocasiones y que pudiera calar muy bien entre miles de cubanos residentes en el exilio y esto: que los represores cubanos naturalizados en EE.UU. podrían enfrentar la pérdida de su ciudadanía. Nos referimos a los exfuncionarios del régimen cubano que mintieron para obtener residencia o naturalización y que se encuentran desde hace ya meses, incluso años, dentro del territorio de los Estados Unidos. Muchos, incluso, son ya residentes o peor aún: ciudadanos.

La parte más triste y dolorosa para ellos – los represores cubanos – es que, existe el interés y existen las herramientas para hacerlo. Desde las publicaciones digitales y de prensa, hasta el uso de la inteligencia artificial y las redes sociales para rastrear información que, eventualmente, podrían aportar las pruebas necesarias para que les cierren su «tranquilo» paso por los Estados Unidos.

Estamos hablando de desnaturalizarlos. Pero, ¿qué es la denaturalización y por qué preocupa?

Como explicó The Nation, la desnaturalización no es un castigo penal sino un proceso civil que permite al gobierno revocar la ciudadanía de un naturalizado si se demuestra que ocultó información en su solicitud —por ejemplo, pertenecer a un partido comunista o una organización terrorista— o mintió sobre su pasado.

En ciudades como Miami y su área metropolitana, ya existen centenares de casos documentados. Organizaciones como la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba identificaron al menos 115 presuntos represores cubanos que residen en EE.UU. tras mentir en sus solicitudes migratorias. Entre ellos, exagentes de la policía política, jueces y oficiales de inteligencia — muchos con pruebas y declaraciones juradas ante autoridades federales. Por ejemplo: Daniel Morejón García, un represor de la provincia de Artemisa, fue detenido y actualmente se encuentra tras las rejas – se supone – por haber ocultado su pasado represor en la isla.

Casos como el de Morejón García, que implican delitos graves de derechos humanos, ilustran una realidad preocupante: estas personas ingresaron al país mediante fraude migratorio —ocultando su rol en la represión—, lo cual los convierte en blancos potenciales de procesos de desnaturalización o deportación; y son los candidatos perfectos para toda la sanción que les caiga encima. Eso sí, hacemos una salvedad: Morejón García no era ciudadano. Ni siquiera residente.

No pocos de los casos investigados con relación a los represores cubanos «infiltrados» en los Estados Unidos, se han realizado a partir de denuncias primarias hechas por personas vinculadas al represor y a las víctimas; sí, conocidos y familiares de ambos. Y la investigación se ha hecho hurgando en lo que existe en las redes, básicamente.

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Este trabajo, si se quiere, precaria, podría ser suplantado ahora – para bien – por la inteligencia artificial.

Según The Nation, ya es posible utilizar tecnología avanzada para hacerlo. El diario menciona que el gobierno ha desarrollado programas como «Catch and Revoke», que emplean IA para escanear redes sociales y contenido digital que pueda ser incriminatorio.

El problema es que hoy, hablando de manera general, quitándole ya la visión cerrada a quienes quieren que se aplique esta herramienta a rastrearle el pasado a María Santísima, es que esa herramienta también podría ampliarse hasta convertirse en una campaña sistemática contra una ciudadanía naturalizada que “no encaja” en la visión MAGA del país. La alerta proviene de manifestaciones públicas de Trump, quien ha defendido su disposición para revocar carnés incluso hasta a “criminales nacidos aquí” .

El problema aquí, queridos cubanos, lo aclaro y repito para que quede más claro aún, es que esto no solo se aplicará o ya se aplica, a nuestros odiados represores, sino que como bien explica The Nation, si un naturalizado —cubano o de cualquier origen— publica mensajes críticos contra ICE, participa en protestas o se vincula con movimientos marginales, esas interacciones podrían servir como base para alegar “conducta desleal” y justificar la denaturalización. Además, siendo un proceso civil, el acusado no tiene derecho garantizado a un abogado, enfrenta una carga de prueba menos exigente (“prueba clara y convincente” en lugar de “más allá de toda duda razonable”) y puede ser detenido en cualquier momento, hasta décadas después de haberse naturalizado.

¿No le quedó claro? Repito: si Ud. es de los que sistemáticamente ejerce su soberano derecho de hacer una crítica, sepa que está siendo – o pudiera serlo – monitoreado por el Gran Hermano.

El grupo de trabajo de denaturalización del DOJ

Existe, sepámoslo, un grupo de trabajo de denaturalización del DOJ; un grupo establecido en el primer mandato de Trump, que busca «turboalimentar» un esfuerzo destinado a encontrar a los ciudadanos que “no encajan” , señala The Nation. Para una comunidad como la cubana, que históricamente ha disfrutado de trato preferencial en migración, esto representa un giro radical más drámatico aún.

Entre 2022 y 2025 se han cancelado programas como el parole humanitario para cubanos y otras nacionalidades, con cientos de miles afectados

Un caso paradigmático fue el de Tomás Hernández, exoficial de inteligencia, detenido en marzo por ocultar sus vínculos comunistas, y quien sí ya había aplicado para la residencia, mintiéndole a las autoridades migratorias sobre su pasado represor dentro y fuera de la isla. Su detención fue recibida con aprobación por activistas anticomunistas, y forma, junto a Morejón García y otro más, los únicos tres casos reales y documentados de represores ya detenidos por el DHS pero, repito, la lista la conforman más de cien.

Existen, otros que ya llevan década en el país y para quienes existe el peor castigo ya anunciado: la desnaturalización.

El proceso de desnaturalización arranca con una demanda civil, sin juez penal, sin jurado ni derecho a representación pública. Y dado que no hay estatuto de limitaciones, pueden reabrir los casos de inmigrantes naturalizados décadas antes. Si se mira fuera del ámbito judicial, incluso meses o años de audiencias, apelaciones y costos legales podrían llevar al final deseado por el gobierno: que el denunciado renuncie o se declare culpable, sin importar si su situación fue menor o ya superada. The Nation explica que esto es parte de una estrategia de intimidación, diseñada para aterrorizar a comunidades naturales .

Y mientras organizaciones pro inmigrantes piden que se establezcan garantías procesales firmes: acceso a abogado, carga de prueba criminal, estatuto de limitaciones, hasta ahora, ni el Congreso ni la Corte Suprema han dado señales de actuar, ni creo que en los casos de represores cubanos exista el más mínimo interés por parte del exilio cubano a que se les brinde a tales personajes semejantes garantías.

Tampoco – y esto sí puede ser grave – hay indicios de que la comunidad cubana en EE.UU. esté exenta de este riesgo, incluso no siendo un represor sino un crítico del gobierno el que sea vigilado y posteriormente arrestado; por el contrario, parece que ya ingresamos, después de décadas de beneficios y de contar con congresistas que allá arriba nos defendían con capa y espada, en la lista de los grupos vulnerables y políticos para esta ofensiva legal.

Pero bueno, ¿de quién ha sido la culpa? ¿quién le pone el cascabel a este gato?