Un operativo policial ejecutado el domingo 1 de noviembre de 2026 en el municipio habanero de San Miguel del Padrón culminó con la detención de 71 personas, según informó el diario oficialista Tribuna de La Habana. La acción, desplegada en todos los Consejos Populares de dicha demarcación, fue presentada por el régimen como una medida contra la delincuencia, aunque incluyó la captura de personas acusadas de residencia ilegal en La Habana, es decir, cubanos de otras provincias sin permiso para vivir en la capital.
Entre los detenidos figuran personas calificadas por las autoridades como indocumentadas e ilegales en la capital con conducta desajustada. Este término se aplica a ciudadanos cubanos provenientes de otras provincias que residen en La Habana sin contar con el permiso administrativo exigido por el Decreto-Ley 217. El resto de los arrestados enfrenta cargos por tenencia de drogas, ejercicio de la prostitución, portación de arma blanca, actividad económica ilícita e impago de multas.
La información sobre el despliegue circuló inicialmente a través del perfil de Facebook Héroes de Azul en Cuba, perteneciente a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), aunque la publicación fue eliminada poco después de su difusión. Los detenidos fueron trasladados a la 11ª Unidad Municipal de la PNR del territorio para el inicio de los procesos correspondientes.
Crisis migratoria y violencia social marcan La Habana
El Decreto-Ley 217, vigente desde 1997, establece que cualquier cubano que desee domiciliarse en La Habana debe solicitar una autorización administrativa previa. La norma faculta a las autoridades para multar y deportar de forma forzosa a quienes no cumplan con este requisito, una medida que afecta desproporcionadamente a los ciudadanos de las provincias orientales. Según datos documentados por Human Rights Watch, la policía ha expulsado por la fuerza a personas de la capital en aproximadamente 20,000 ocasiones bajo esta regulación.
En febrero de 2026, vecinos de la zona retuvieron a dos hombres señalados por estafas y robos, quienes fueron trasladados a una unidad policial y liberados cuatro horas después por falta de una denuncia formal. En mayo de 2026, el territorio fue uno de los focos de protestas ciudadanas contra los apagones, donde residentes exigieron mejoras en el suministro eléctrico y condiciones de vida.
Asimismo, en junio de 2026, el municipio registró el asesinato de Estefany García, un caso de violencia machista que conmocionó a la comunidad de El Diezmero. Previamente, en mayo del mismo año, Gloria Almanza Céspedes, una maestra de 52 años, fue asesinada por su expareja en el barrio Los Mangos, a pesar de haber presentado denuncias previas ante las autoridades. Más recientemente, en octubre de 2026, se documentó el traslado en camilla de una mujer embarazada desde el Central hasta el hospital Hijas de Galicia debido a la falta de ambulancias.
Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la situación legal individual de los 71 detenidos ni sobre cuántos de ellos enfrentan procesos de deportación hacia sus provincias de origen.
