The New York Times examina el espinoso tema de las propiedades confiscadas por Cuba: miles de millones en juego si el régimen cae o negocia.
Décadas de espera, miles de millones en reclamaciones: el NYT revela cómo el tema de las propiedades confiscadas en Cuba ha vuelto al centro de las negociaciones con Washington.
Miles de millones en juego. Dos familias cubanas cuentan su historia.
En una esquina de Santiago de Cuba hay una casa azul y blanca que durante años fue el centro de reunión de una familia de industriales cubanos — ocho hijos, veintiún nietos, una matriarca que lo presidía todo. Después de 1959, Raúl Castro vivió en ella durante un tiempo. Hoy la ocupa una asociación árabe que la llama «Casa del Árabe» y ofrece comidas en el restaurante del primer piso. El dueño original nunca recibió un peso de compensación. Esa casa, según un extenso reportaje publicado este lunes por The New York Times, es el símbolo de una deuda histórica que podría volver al centro de las negociaciones entre Washington y La Habana.
El artículo de NYT, firmado por Frances Robles — periodista que lleva más de veinte años cubriendo Cuba — recoge los testimonios de familias del exilio cubano que perdieron fortunas en los primeros años de la revolución y llevan décadas esperando algún tipo de justicia. Teo A. Babún Jr., de 78 años, cuya familia perdió un ferrocarril, un astillero, una fábrica de cemento y una serrería, encargó en 2018 una tasación de sus propiedades perdidas: el resultado fue $874.2 millones. Nicolás J. Gutiérrez, abogado cubanoamericano en Miami, representa a una familia que perdió dos ingenios azucareros, quince haciendas ganaderas, un banco, una aseguradora, una planta arrocera y una distribuidora de alimentos — valorados en $50 millones a principios de los 60, una cifra que hoy sería exponencialmente mayor.
Según el NYT, una comisión del gobierno de EE.UU. certificó casi 6,000 reclamaciones de empresas y ciudadanos americanos con un valor de $1,900 millones. Con el 6% de interés acumulado, esas reclamaciones rondan hoy los $9,000 millones — una suma que Cuba difícilmente podría pagar de una sola vez. Entre los principales reclamantes: cinco compañías azucareras americanas, Exxon, Coca-Cola, Colgate-Palmolive y Woolworth’s.
El reportaje del NYT llega en un momento de máxima presión: con Cuba en colapso energético y económico, y con delegaciones del Departamento de Estado reuniéndose en secreto con funcionarios cubanos — incluido el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro — las reclamaciones de propiedades han vuelto a surgir como condición para cualquier acuerdo. Por ley estadounidense, para que se levante el embargo, Cuba debe devolver las propiedades o compensar a sus dueños originales. Los funcionarios americanos que negocian con Cuba han dejado claro, según el NYT, que ese punto sigue siendo una prioridad.
Resolver las reclamaciones sería complicado y llevaría años, reconocen los expertos consultados por el diario. Pero hay precedentes: Vietnam y Alemania usaron activos congelados en EE.UU. para pagar reclamaciones en los 90. En la Unión Soviética y China, los propietarios recibieron solo una fracción del valor real. Cuba, por su parte, tiene su propia lista de reclamaciones contra Washington — en 1999, un tribunal cubano declaró al gobierno americano responsable de daños por $181,000 millones por el embargo y la invasión de Bahía de Cochinos.
Lo que nadie discute, según el NYT, es el punto de partida: nadie va a expulsar a las familias que hoy viven en apartamentos que antes eran mansiones.
Lo que el NYT no dice explícitamente, pero que cualquier cubano del exilio conoce de memoria, es que ese argumento — «si reclamáis las propiedades, dejarán a la gente en la calle» — fue precisamente la herramienta que el régimen castrista usó durante décadas para blindar las confiscaciones ante la opinión pública cubana e internacional. Fidel Castro convirtió el miedo al desalojo masivo en el escudo ideológico perfecto: cada vez que el exilio o Washington mencionaban el tema de las propiedades, La Habana respondía con imágenes de familias humildes siendo expulsadas de sus hogares por millonarios de Miami. El argumento era efectivo porque era emocionalmente poderoso — y porque mezclaba deliberadamente dos realidades completamente distintas.
La primera realidad es la de las viviendas. Nadie en su sano juicio — ni los propios exiliados cubanos, como demuestra el NYT en las declaraciones de Babún y Gutiérrez — está pidiendo expulsar a las familias que llevan décadas viviendo en casas que el régimen les asignó. Los expertos que cita el diario son explícitos: resolver las reclamaciones de viviendas requeriría fondos de compensación, no desalojos. La segunda realidad es completamente diferente: decenas de mansiones históricas ocupadas por embajadas extranjeras, ministerios del gobierno cubano y empresas internacionales — como la sede de Lloyd’s of London en el Vedado que menciona el NYT — que no tienen ningún ocupante vulnerable al que proteger. Ahí el argumento del desalojo no aplica, y el régimen lo sabía perfectamente.
Durante sesenta y cinco años, Castro y sus sucesores usaron a las familias cubanas más pobres como escudo humano ideológico para no devolver ni compensar lo que arrebataron. El pueblo cubano que vive en esas casas nunca fue el objetivo de las reclamaciones. Fue la excusa.
Sin embargo, hay decenas de embajadas extranjeras, ministerios del gobierno y empresas internacionales ocupando propiedades que algún día pertenecieron a familias que salieron de Cuba sin llevarse nada. La pregunta no es si eso debe resolverse. La pregunta es cómo — y cuándo.
