Un reportaje del Miami Herald expone una investigación sobre el poder concentrado en una sola funcionaria dentro del sistema de protección de adultos en Miami-Dade, y cómo ese control ha generado denuncias de abusos, negligencia y posibles irregularidades en la colocación de ancianos vulnerables.
En el centro de la historia está Tania Hernandez, empleada del Departamento de Niños y Familias (DCF), quien durante años ha tenido la autoridad para decidir dónde vivirán personas mayores incapacitadas que son retiradas de sus hogares. Su rol, concebido como un mecanismo de protección, se ha convertido —según testimonios de familiares, colegas y denunciantes— en un sistema opaco donde una sola persona toma decisiones críticas sin supervisión efectiva.
El caso de Julia Rabell, una mujer de 88 años, ilustra el problema. Tras vivir en condiciones precarias en una casa de huéspedes en Miami, donde presuntamente pasaba hambre y era presionada para entregar dinero, fue expulsada y encontrada en estado vulnerable. Lo más grave es que la vivienda estaba vinculada a la propia Hernández, lo que despertó sospechas sobre conflicto de intereses. Investigadores encontraron allí condiciones insalubres, con múltiples personas viviendo en espacios improvisados, incluyendo garajes y cobertizos.
La investigación revela que Hernández tenía una influencia excepcional dentro del sistema: decidía los destinos de los ancianos, a menudo ignorando a familias y trabajadores sociales. Varios testimonios señalan que enviaba repetidamente a los pacientes a ciertos hospitales y residencias con historial problemático, como Larkin Community Hospital y varias instalaciones en Hialeah. Algunos familiares denunciaron que sus seres queridos fueron trasladados sin aviso y en condiciones indignas.
Excompañeros y denunciantes internos fueron más allá, acusándola de actuar como intermediaria en un sistema donde los ancianos se convertían en “mercancía”. Aunque no se probaron las acusaciones de sobornos, varios testimonios apuntan a un patrón de decisiones que favorecía a determinadas instalaciones. Una ex trabajadora describió el sistema como “un negocio” donde las remociones de ancianos aumentaron significativamente bajo su control.
A pesar de múltiples investigaciones entre 2017 y 2022, ninguna concluyó que Hernández hubiera cometido irregularidades. Sus superiores defendieron su desempeño, destacando su experiencia y relaciones con instituciones médicas y residencias. Hernández, por su parte, niega todas las acusaciones y afirma ser víctima de rumores y campañas en su contra.
El reportaje también documenta consecuencias humanas graves. Ancianos separados de sus familias, trasladados a instalaciones lejanas, o viviendo en condiciones deficientes. En algunos casos, murieron solos, sin que sus familiares supieran siquiera dónde estaban. La falta de registros claros y el uso de comunicaciones privadas dificultaron el seguimiento de decisiones y responsabilidades.
En conjunto, la investigación describe un sistema donde la concentración de poder, la falta de transparencia y la vulnerabilidad de los ancianos crean un entorno propicio para abusos, incluso sin pruebas concluyentes de corrupción directa. El resultado es una red institucional donde decisiones vitales dependen de una sola figura, sin controles efectivos ni garantías claras para quienes deberían ser protegidos.
