Un grupo de denuncias sobre supuestas “detenciones” de activistas del convoy “Nuestra América” a su regreso a Estados Unidos desde Cuba han circulado con rapidez en redes sociales, acompañadas de términos como “intimidación”, “hostigamiento” o incluso “represión”. Sin embargo, lo ocurrido en el aeropuerto de Miami responde a un procedimiento habitual dentro del sistema migratorio estadounidense: la inspección secundaria.
Cuando una persona entra a Estados Unidos —especialmente si proviene de un país considerado de interés o con determinadas implicaciones geopolíticas— los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) tienen la potestad legal de someterla a una revisión más exhaustiva. Incluso, aún siendo ciudadanos norteamericanos. Este proceso no constituye una detención en términos legales, sino una extensión del control fronterizo que permite verificar información, revisar dispositivos electrónicos y realizar preguntas adicionales.
Cuba figura en la lista de países designados por Estados Unidos como patrocinadores del terrorismo, una clasificación que, más allá de las lecturas políticas, tiene consecuencias prácticas en los controles de entrada. Que Ud. como simpatizante del régimen cubano no crea que Cuba deba estar en la lista es otra cosa; pero está. Y como tal, los agentes de inmigración proceden a hacer su trabajo.
Cualquier viajero que haya estado recientemente en la isla, o que mantenga vínculos directos con ella, puede ser seleccionado para este tipo de inspección. En ese contexto, el perfil de los integrantes del convoy —activistas políticos, algunos con presencia pública, que participaron en actividades oficiales dentro de Cuba— encaja dentro de los criterios habituales de revisión.
Además, no se trata únicamente de un viaje turístico. Varios de los participantes documentaron en redes sociales su participación en encuentros con autoridades cubanas, incluido Miguel Díaz-Canel, así como su presencia en actividades de corte político junto a grupos que se definen como antiimperialistas. Desde la perspectiva de las autoridades estadounidenses, este tipo de interacciones puede justificar un mayor nivel de escrutinio al momento de reingresar al país.
Las publicaciones en redes sociales han insistido en que los activistas fueron “detenidos” y que se les incautaron dispositivos. Sin embargo, en el marco de una inspección secundaria, la revisión de teléfonos, ordenadores y documentos personales es una práctica reconocida. También lo es la retención temporal de estos dispositivos para análisis adicional, algo que ha sido documentado en múltiples casos, incluso fuera de contextos políticos.
El episodio en Panamá, que involucró al activista brasileño Thiago Ávila, ha sido presentado en términos similares, por un medio tan poco creíble como Telesur. Ávila afirmó haber sido interrogado durante varias horas por agentes que hablaban inglés y a quienes describió como “hostiles”. No obstante, más allá de esa caracterización, no se han presentado pruebas que permitan verificar el contenido del interrogatorio ni las condiciones específicas en que se produjo. El hecho de que un coordinador de una iniciativa internacional de carácter político, efectuada en un país patrocinador del terrorismo, sea sometido a preguntas adicionales en un aeropuerto internacional tampoco resulta, en sí mismo, extraordinario dentro de los protocolos de seguridad de cualquier país.
No se trata tampoco de una persecución contra la izquierda tal y como quisieron hacer ver. Stu Smith, quien en sus redes sociales se identifica como «Analista de Investigación interesado en exponer el radicalismo y el extremismo, y exponerlo ante la opinión pública,»
también fue inspeccionado con un rigor más allá de lo normal, por llegar desde La Habana.
By the way, boys, esas imágenes que han difundido para sostener su versión, fueron tomadas dentro de áreas de inspección migratoria; espacios donde se aclara en distintos lugares de manera visible que el uso de teléfonos móviles está restringido o directamente prohibido.
Por tanto, hubo una violación de las normas en un espacio federal. Mientras hablan de “abusos”, lo que están mostrando es que violaron normas básicas dentro de un control migratorio; pues en los puntos de control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), especialmente durante inspecciones secundarias, los agentes suelen limitar el uso de dispositivos electrónicos por razones de seguridad, confidencialidad y protección de procedimientos. No es una norma informal: forma parte del protocolo operativo.
Para entender la dimensión real de estos procedimientos, conviene contrastarlos con experiencias habituales de viajeros sometidos a controles migratorios. Una persona consultada para este reportaje, que pidió no ser identificada, relató haber sido sometida en múltiples ocasiones a inspecciones similares en distintos puntos de entrada a Estados Unidos y Canadá.
Según su testimonio, por el hecho de ser ciudadano cubano y haber tenido antecedentes migratorios irregulares —incluido el cruce ilegal de la frontera estadounidense— fue revisado en aeropuertos como Nueva York, Houston y Miami, así como en Canadá, independientemente del país desde el que viajara.
“Me han revisado viniendo de México, de Brasil, de España, de Italia, de Alemania, de República Dominicana… países que no tienen el peso político de Cuba”, explicó.
En uno de esos episodios, ya residiendo en Miami desde hacía una década y sin antecedentes penales, fue retenido durante aproximadamente cuatro horas en una sala de inspección secundaria. Durante ese tiempo, fue interrogado sobre sus viajes, su historial migratorio y sus estancias en el extranjero.
“Te preguntan por qué estuviste fuera tanto tiempo, en qué países, qué hiciste. Es un proceso incómodo, pero es normal dentro del sistema; y jamás, jamás, fueron hostiles conmigo. Incluso, a pesar de que en esa ocasión me alteré un poco”, señaló.
Ese tipo de experiencia, lejos de ser excepcional, forma parte del funcionamiento cotidiano de los controles fronterizos en Estados Unidos. La diferencia en el caso del convoy radica en la visibilidad pública de sus integrantes y en la carga política de su viaje.
Las reacciones en redes sociales reflejan esa tensión. Mientras algunos usuarios, la mayoría de ellos desconocedores de cómo se vive en este mundo donde a cada rato hay un acto terrorista, o simpatizantes del régimen cubano o la izquierda, denuncian lo ocurrido como una forma de persecución política, otros lo interpretan como la aplicación de protocolos estándar. Comentarios que califican las inspecciones como “lo normal” o que apelan a la seguridad nacional conviven con acusaciones de abuso de poder, en un debate que trasciende el hecho concreto.
En este contexto, el uso del término “detención” resulta un error. En el lenguaje jurídico estadounidense, una detención implica condiciones y garantías distintas a las de una inspección migratoria. Equiparar ambos conceptos puede contribuir a una percepción distorsionada de lo ocurrido, especialmente cuando se trata de audiencias que no están familiarizadas con estos procedimientos; pero claro, a la dictadura cubana le interesa hacer ruido con todo esto.
El caso del convoy “Nuestra América” se inscribe en un escenario más amplio, donde Cuba vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política regional e internacional. Las iniciativas de apoyo a la isla, ya sea mediante donaciones o misiones solidarias, conviven con un entorno de alta sensibilidad geopolítica, donde cada gesto es observado desde múltiples ángulos.
Lo ocurrido en Miami no escapa a esa lógica. Más que un episodio aislado, refleja el cruce entre activismo político, seguridad fronteriza y narrativa pública.
Hay, además, una hipocresía difícil de ignorar en todo este episodio. Los mismos personajes que han convertido una inspección secundaria en aeropuerto en una supuesta escena de persecución política vienen de pasar por Cuba sin que les removiera demasiado la evidencia de un sistema que sí practica, de manera sistemática, detenciones arbitrarias, hostigamiento, vigilancia, golpizas y encarcelamientos contra quienes disienten de verdad y dentro de la isla.
No se trata aquí de opiniones aisladas ni de relatos de redes sociales. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional llevan años documentando que el Estado cubano recurre de forma rutinaria a detenciones de corta duración, amenazas, vigilancia y prisión para intimidar a críticos, activistas, periodistas y opositores. Human Rights Watch sostiene que el gobierno cubano “continúa reprimiendo y castigando virtualmente toda forma de disenso y crítica pública” y que utiliza la detención arbitraria para hostigar a sus críticos, mientras Amnistía señala que persistieron los arrestos arbitrarios y la criminalización de activistas, periodistas y manifestantes.
Ese contraste se vuelve todavía más obsceno cuando se mira a quiénes golpea con mayor frecuencia esa represión. Amnistía ha advertido que en Cuba los detenidos sufren acoso y malos tratos, en un contexto donde persiste la discriminación contra mujeres y afrodescendientes. No es un detalle lateral. En la práctica cubana de control social, las mujeres opositoras y las personas negras suelen cargar con una dosis adicional de violencia física, humillación pública y ensañamiento policial. Las Damas de Blanco son probablemente el ejemplo más conocido: Human Rights Watch ha documentado que la policía y la Seguridad del Estado las acosan, las empujan y las detienen de forma rutinaria antes o después de asistir a misa o intentar marchar pacíficamente; Amnistía también ha denunciado arrestos arbitrarios e intimidación contra ese grupo desde hace años.
No se está hablando, por tanto, de viajeros molestos porque les retuvieron un teléfono o los mandaron al cuartico de inspección. Se está hablando de un país donde cientos de personas siguen presas por razones políticas, muchas de ellas vinculadas a las protestas del 11 de julio de 2021. Human Rights Watch señaló en su informe mundial más reciente que centenares de críticos del gobierno siguen encarcelados, y en 2025 volvió a documentar abusos graves en prisión contra manifestantes, incluidos golpes, aislamiento y falta de atención médica. Amnistía, por su parte, denunció en 2024 una nueva ola represiva y declaró presos de conciencia a varias personas, entre ellas la Dama de Blanco Sayli Navarro. Incluso en febrero de 2025, la propia organización reportó nuevas detenciones arbitrarias de opositores que ya habían salido de prisión, como Pedro Albert, interrogado y multado por visitar la sede de las Damas de Blanco.
Por eso cuesta tomarse en serio el melodrama y el llanto de quienes estuvieron un momentico en un cuarto de inmigración de un aeropuerto de los Estados Unidos. Quienes regresan de retratarse con funcionarios del régimen, de reunirse con estructuras oficialistas y de repetir el libreto antiimperialista como si estuvieran descubriendo el fuego, llegan a Miami y descubren, de pronto, que el Estado puede revisar, preguntar, incomodar y retener.
Entonces sí hablan de derechos, de abuso, de intimidación. Pero cuando la intimidación real ocurre en Cuba, frente a opositoras arrastradas por la calle, periodistas sitiados en sus casas o manifestantes negros y pobres condenados por salir a protestar, ahí el lenguaje cambia. Ahí aparece la excusa, el contexto, la geopolítica, el embargo, el “hay que matizar”.
Ese es el problema de fondo: no la exageración terminológica sobre lo que pasó en Miami, sino la jerarquía moral que deja ver. Una inspección fronteriza la convierten en escándalo; la represión cubana, en nota al pie.
