La presión internacional sobre el Palacio de la Revolución aumenta. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) ha enviado un ultimátum al gobierno de Cuba, exigiendo transparencia total sobre lo ocurrido tras el violento choque naval del pasado 25 de febrero cerca de Corralillo, Villa Clara.
La organización Cubalex fue el motor detrás de esta respuesta del organismo internacional, tras denunciar el hermetismo y la incertidumbre que rodea a los sobrevivientes del enfrentamiento entre una lancha rápida proveniente de Estados Unidos y las Tropas Guardafronteras (TGF).
El CED ha sido tajante: las autoridades de la Isla tienen hasta el 19 de marzo para entregar un informe detallado. Naciones Unidas no solo quiere saber dónde están, sino bajo qué fundamentos legales han sido arrestados y que se presenten las actas oficiales de detención.
Los nombres bajo la lupa internacional (registrados en los expedientes AU No. 2240/2026 a 2244/2026) son: Conrado Galindo Sariol, Cristian Ernesto Acosta Guevara, Leordán Enrique Cruz Gómez, Amijail Sánchez González, José Manuel Rodríguez Castelló y Roberto Álvarez Ávila (trágicamente fallecido el pasado 4 de marzo tras haber resultado herido).
La desesperación de los familiares ha chocado contra la burocracia estatal. Según los reportes, la búsqueda en instituciones como el Hospital Arnaldo Milián Castro de Santa Clara ha sido un laberinto de contradicciones: primero confirmaron un ingreso en terapia intensiva y luego negaron cualquier rastro de los heridos.
Incluso el intento de acudir a la justicia mediante un recurso de Hábeas Corpus en el Tribunal Provincial de Camagüey resultó en un portazo. La dirección de dicha instancia se negó a procesar la solicitud asegurando que no sabían “nada sobre ese caso”. Esta falta de reconocimiento oficial de la detención es lo que activó el mecanismo de «Acción Urgente» contemplado en la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
Mientras el Minint cubano reportó en su momento que la operación en Cayo Falcones dejó un saldo de cuatro fallecidos y seis heridos bajo custodia, al otro lado del Estrecho de la Florida el caso también quema.
Fuentes en Washington confirmaron al periodista Wilfredo Cancio que ambos gobiernos han mantenido comunicación técnica, subrayando que “la investigación sobre lo sucedido se está desarrollando a profundidad en el sur de Florida”.
Este incidente no es un hecho aislado, sino que ocurre en un momento de tensión máxima. Con la Isla sumida en una crisis multidimensional y un éxodo que no se detiene, la tragedia de Corralillo se convierte en un nuevo foco de fricción política. Lo que para unos es una operación de seguridad fronteriza, para otros es una muestra más de la opacidad y el uso desmedido de la fuerza por parte de un régimen cuestionado.
