La escalada entre Estados Unidos e Irán entró en una nueva fase tras el ataque con drones que impactó el complejo de la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita, y la posterior amenaza iraní sobre el Estrecho de Ormuz, arteria clave para el comercio mundial de petróleo. El ataque en la capital saudí, atribuido por las autoridades de ese país a dos drones, provocó un incendio limitado y daños materiales menores, sin reportes de heridos. Aunque el impacto fue contenido, su carga simbólica es significativa: por primera vez en esta fase del conflicto, una misión diplomática estadounidense en el Golfo fue alcanzada directamente.
Washington reaccionó de inmediato. La embajada emitió alertas de seguridad y recomendaciones de resguardo para su personal y para ciudadanos estadounidenses en Riad, Yeda y Dahrán. El Departamento de Estado reforzó los canales de atención consular, insistió en la inscripción en el programa STEP y activó recursos de monitoreo permanente, en un contexto donde las instalaciones diplomáticas se han convertido en objetivos estratégicos.
El episodio ocurre en el marco de la Operación Furia Épica, la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra infraestructura militar iraní. En las primeras 36 horas, más de mil objetivos fueron atacados, incluyendo instalaciones nucleares en Natanz, Isfahan y Fordow, centros de mando de la Guardia Revolucionaria, sistemas de defensa aérea y activos navales vinculados al programa de misiles balísticos.
La Casa Blanca sostiene que las principales instalaciones de enriquecimiento fueron “completa y totalmente destruidas”. El presidente Donald Trump describió la campaña como “una de las ofensivas militares más grandes, complejas y abrumadoras que el mundo haya visto” y aseguró que continuará “hasta que todos nuestros objetivos sean alcanzados”. Ante preguntas sobre la respuesta iraní, advirtió: “Pronto sabrán”. Y al ser consultado por la posibilidad de nuevos ataques, respondió que “es parte de la guerra”.
El golpe más trascendental fue la muerte del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989. Su fallecimiento abrió una crisis sucesoria inédita en la República Islámica. Teherán anunció un Consejo de Liderazgo provisional integrado por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe judicial Gholamhossein Mohseni Ejei y el clérigo Alireza Arifi. Además de Jamenei, Washington afirmó que 48 altos funcionarios iraníes murieron en los bombardeos, entre ellos el ministro de Defensa Aziz Nasirzadeh y el comandante de la Guardia Revolucionaria Mohammad Pakpour. Según cifras iraníes, entre 555 y 600 personas han muerto en más de un centenar de ciudades.
La guerra se expandió rápidamente. Israel activó su propia operación, movilizando unos 100,000 reservistas y enfrentándose a Hezbolá en el sur del Líbano, donde se reportaron al menos 31 muertos y 149 heridos. Irán respondió con misiles contra Jerusalén Este, Tel Aviv y Haifa, además de ataques contra bases estadounidenses en Kuwait y objetivos marítimos en el Índico.
En el frente energético, Teherán declaró el cierre del Estrecho de Ormuz y amenazó con atacar cualquier buque que intente cruzarlo. Aunque el cierre formal es discutido, la sola advertencia ha disparado el riesgo marítimo. Se reportó el incendio de un petrolero tras un ataque con drones, y aseguradoras han reducido coberturas en la zona, elevando los costos logísticos globales.
El costo humano también pesa en Washington. El Comando Central confirmó que el número de militares estadounidenses muertos ascendió a seis. Legisladores han solicitado sesiones informativas clasificadas y algunos cuestionan el alcance del mandato presidencial sin autorización explícita del Congreso. Mientras tanto, Trump ha oscilado entre proyectar una operación de “cuatro o cinco semanas” y afirmar que podría “terminarla en dos o tres días” si así lo decidiera, reflejando la tensión entre estrategia militar y presión política interna.
En paralelo a las declaraciones del presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio ha asumido un rol clave en la justificación política y diplomática de la ofensiva. Rubio afirmó que existía una “amenaza absolutamente inminente” por parte de Irán y defendió la decisión de actuar de forma preventiva para evitar mayores bajas estadounidenses.
Según explicó, los servicios de inteligencia evaluaban que, ante cualquier ataque contra infraestructura iraní, Teherán respondería de inmediato contra intereses y fuerzas estadounidenses en la región. “No nos íbamos a quedar sentados esperando recibir el golpe antes de responder”, señaló en entrevista televisiva.
Rubio insistió en que el objetivo no era un cambio de régimen, sino la neutralización de capacidades balísticas y navales que, a juicio de Washington, representaban un riesgo inmediato. No obstante, dejó abierta una dimensión política al afirmar que espera que el pueblo iraní pueda eventualmente derrocar a su gobierno, aunque aclaró que ese no era el propósito directo de la operación.
Además, el Departamento de Estado activó un grupo de trabajo que opera las 24 horas para asistir a ciudadanos estadounidenses en Medio Oriente, reforzó los canales consulares y pidió a los viajeros inscribirse en el programa STEP para facilitar contactos en situaciones de emergencia. El mensaje oficial ha sido claro: la prioridad inmediata es la seguridad de los estadounidenses en la región.
Las declaraciones de Rubio también tienen impacto en el frente interno. Al subrayar la inminencia de la amenaza, busca blindar políticamente la acción preventiva ante cuestionamientos en el Capitolio sobre el alcance del poder presidencial y la necesidad de autorización legislativa para una campaña prolongada.
Más allá del balance inmediato, la muerte de Jamenei marca un punto de quiebre histórico. No es solo la eliminación de un jefe de Estado, sino la desaparición del eje ideológico que sostuvo el sistema iraní durante más de tres décadas. Lo que surja ahora en Teherán determinará si la ofensiva transforma el régimen, lo fragmenta o lo radicaliza.
Con la embajada en Riad bajo ataque y Ormuz convertido en carta de presión, el conflicto ya no se limita a bombardeos en territorio iraní. Se ha convertido en una disputa por símbolos, rutas energéticas y equilibrio regional. El desenlace dependerá tanto de decisiones militares como de la capacidad política de cada actor para sostener una guerra cuyo alcance ya supera sus fronteras originales.


















