Históricamente, La Habana se ha negado sistemáticamente a recibir a los relatores cuyo trabajo central es revisar la situación general de derechos humanos. Ahora, que la nueva «relatora» de la ONU se concentre en las medidas coercitivas unilaterales forma parte de su mandato, pero el efecto político es claro: al enfatizar casi exclusivamente el impacto del embargo, contribuye, aunque no lo diga, a la versión oficial de que la crisis y la asfixia en Cuba se deben “fundamentalmente” a Estados Unidos.
Si el informe de Douhan aspira a hablar en nombre de los derechos humanos, tendrá que reconocer también esa otra mitad del problema: los derechos que no viola un embargo, sino un gobierno que hace décadas decidió gobernar sin permitir ser cuestionado.
La visita de la relatora especial de la ONU Alena Douhan terminó en La Habana con un mensaje directo a Washington: las sanciones estadounidenses contra Cuba deben ser levantadas porque, seis décadas después de su imposición, están “exacerbando” una crisis humanitaria que atraviesa todos los aspectos de la vida en la isla.
Douhan, relatora sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, pasó varios días en Cuba reuniéndose con autoridades, agencias internacionales, representantes religiosos, académicos, personal médico y actores del incipiente sector privado para evaluar los efectos del embargo.
A su salida, sostuvo que el “extenso régimen de restricciones económicas, comerciales y financieras” impuesto por Estados Unidos constituye la política de sanciones unilaterales más larga de la historia y “no se ajusta a numerosas normas del derecho internacional”.
Según la experta, las medidas endurecidas desde 2018 y reforzadas tras la inclusión de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo en 2021 han profundizado la escasez de alimentos, medicamentos, combustible, agua y piezas de repuesto, en un país que ya arrastra una profunda crisis económica y energética desde 2020, recoge Al Jazeera.
Tales declaraciones de inmediato provocaron tuits y retuits por parte del oficialismo cubano, que encontró en las declaraciones de la funcionaria una excusa perfecta para «explicarle al mundo» el porqué de la debacle cubana.
En el sector salud, Douhan citó datos que apuntan a que alrededor del 69% de los medicamentos están en falta, lo que repercute en un aumento de la mortalidad y en la incapacidad del sistema para atender adecuadamente enfermedades crónicas y emergencias, destaca por su parte AP News.
La relatora, que ya había visitado Cuba en 2023, dijo haber constatado un deterioro adicional en la atención médica, la educación y la nutrición, especialmente entre las comunidades de menores ingresos. Niños y niñas, apuntó, figuran entre los más afectados por la malnutrición y la falta de recursos para participar en actividades escolares y culturales.
Sostuve un fructífero encuentro con la Relatora Especial sobre el impacto de medidas coercitivas unilaterales en disfrute de #DDHH, @AlenaDouhan.
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 22, 2025
Intercambiamos sobre los serios daños que provoca a diario el bloqueo de EE.UU a nuestro pueblo y cómo limita el desarrollo de #Cuba. pic.twitter.com/B6Rdy847Tq
Douhan subrayó también que la sobreaplicación de las sanciones por parte de bancos y empresas de terceros países, temerosos de castigos secundarios de Washington, “sofoca el tejido social” cubano y dificulta cualquier planificación de largo plazo. Recordó que solo el Congreso estadounidense puede levantar el embargo, pese a que, por trigésimo tercer año consecutivo, la Asamblea General de la ONU aprobó a fines de octubre una resolución que pide su fin.
Desde Washington, sucesivos gobiernos han defendido que las sanciones buscan promover cambios democráticos y que el embargo no impide a Cuba comerciar con terceros ni recibir alimentos y medicinas desde Estados Unidos bajo licencias humanitarias específicas, responsabilizando al gobierno cubano de la crisis económica, recoge además Salem News Channel.
El informe completo de Douhan será presentado al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026, pero su mensaje de despedida desde La Habana deja claro el tono del documento que viene: mientras las sanciones sigan vigentes, argumenta, millones de cubanos seguirán viviendo bajo medidas que, a juicio de la ONU, castigan a la población mucho más que al gobierno.
Al escuchar a Douhan, pareciera que el drama cubano es, sobre todo, consecuencia de las decisiones de Washington, y que el Gobierno de la isla es poco menos que una víctima atrapada entre sanciones y bancos temerosos. Pero en Cuba los derechos humanos se vulneran también, y de forma sistemática, por decisiones tomadas en el Palacio de la Revolución, no en la Casa Blanca, mucho antes de que ella naciera (incluso).
La represión tras las protestas de 2021, las condenas desproporcionadas contra manifestantes pacíficos, el uso rutinario de figuras penales como la “propaganda enemiga” o el desacato, la censura a la prensa independiente y el bloqueo de internet en momentos de tensión política no pueden explicarse ni por el embargo ni por ninguna lista del Departamento de Estado. Son políticas internas, diseñadas para silenciar el disenso y mantener el control, que tienen que ver intrínsecamente con la falta de derechos humanos en la isla y, asuntos que, ella parece no interesarle o cuando menos le ha dedicado una mirada al lado.
Que la relatora de la ONU se concentre en las medidas coercitivas unilaterales forma parte de su mandato, pero el efecto político es claro: al enfatizar casi exclusivamente el impacto del embargo, contribuye, aunque no lo diga, a la versión oficial de que la crisis y la asfixia en Cuba se deben “fundamentalmente” a Estados Unidos.
En cambio, apenas se menciona la responsabilidad del gobierno cubano en la demolición de garantías básicas: el derecho a la libre asociación, a la protesta, a elegir a los gobernantes, a fundar medios y partidos, a salir y entrar del país sin castigos ni listas negras. Los millones de cubanos que hoy sufren apagones, escasez y migración forzada viven atrapados entre dos lógicas de poder: unas sanciones que agravan la precariedad y un Estado que usa esa precariedad como coartada para apretar aún más el cerrojo. Si el informe de Douhan aspira a hablar en nombre de los derechos humanos, tendrá que reconocer también esa otra mitad del problema: los derechos que no viola un embargo, sino un gobierno que hace décadas decidió gobernar sin permitir ser cuestionado.
Un repaso a la historia entre los relatores de Derechos Humanos de la ONU y Cuba
Históricamente, La Habana se ha negado sistemáticamente a recibir a los relatores cuyo trabajo central es revisar la situación general de derechos humanos.
En los años noventa, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU nombró un Relator Especial “sobre la situación de los derechos humanos en Cuba” y, año tras año, las resoluciones denunciaban que el gobierno cubano le cerraba la puerta y le impedía visitar el país. Más tarde, la Alta Comisionada designó a Christine Chanet como representante personal para Cuba y ella misma informó al Consejo de Derechos Humanos que no había logrado ningún acceso ni cooperación real de las autoridades cubanas. Hasta hoy, Cuba no ha emitido una “invitación permanente” a todos los procedimientos especiales, que es lo que hacen los Estados que se dejan monitorear sin filtros.
Alena Douhan es otra cosa. No es “la relatora de la ONU para Cuba” ni para derechos humanos en general. Es la Relatora sobre el impacto negativo de las “medidas coercitivas unilaterales”, un mandato creado en 2014 por una resolución impulsada por Irán en nombre del Movimiento de Países No Alineados, con el apoyo de Rusia, China, Venezuela y Arabia Saudita, entre otros, y el voto en contra de países como Estados Unidos, Francia, Alemania o Reino Unido. Es decir: su tarea es, por diseño, mirar sobre todo el daño que provocan las sanciones, no el conjunto del sistema político de un país ni la represión interna.
Cuando uno mira el mapa de sus visitas, se entiende mejor por qué Cuba la recibe con alfombra roja. Douhan ha hecho misiones oficiales a Venezuela, Siria, Irán, Zimbabue o Qatar, todos países sometidos a sanciones fuertes y con gobiernos interesados en responsabilizar al “cerco externo” de buena parte de sus crisis. En Caracas, por ejemplo, su informe sobre sanciones fue celebrado por el gobierno de Nicolás Maduro y duramente cuestionado por organizaciones venezolanas de derechos humanos, que la acusaron de ignorar o minimizar los crímenes de Estado y de repetir la narrativa oficialista.
A eso se suma que su independencia ha sido cuestionada: investigaciones periodísticas han revelado que recibió importantes contribuciones financieras de gobiernos como el de China, Rusia o Qatar para actividades vinculadas a su mandato. No es difícil imaginar cómo se lee eso desde La Habana: una relatora cuyo foco son las sanciones, respaldada por varios aliados de Cuba y que ya ha producido informes muy críticos con las medidas de Estados Unidos y la Unión Europea en otros países.
Entonces, ¿por qué ahora sí y antes no? Porque esta visita encaja perfectamente en la estrategia diplomática del gobierno cubano. Douhan llega con un mandato hecho a la medida del relato oficial: el principal problema son las sanciones; lo demás (represión interna, presos del 11J, censura, criminalización del periodismo independiente) queda fuera de foco o relegado a menciones marginales, si es que aparece. Sus conclusiones, previsiblemente, refuerzan la tesis de que la raíz de la catástrofe cotidiana en Cuba está en Washington, no en el modelo político y económico del país.
En resumen: cuando se trataba de relatores que iban a mirar de frente las violaciones de derechos humanos cometidas por el propio Estado cubano, hubo cerrojo total. Cuando aparece una relatora cuyo encuadre principal es denunciar las sanciones de Estados Unidos y otros actores externos, La Habana abre las puertas. No es que de repente el gobierno se haya vuelto transparente: es que ha encontrado un tipo de “relatora de derechos humanos” que le sirve para apuntalar su historia, no para cuestionarla.
