La administración del presidente Donald Trump ordenó suspender la asistencia de ayuda alimentaria, más conocida como food stamps o sellos de comida, a los inmigrantes que se acogieron a beneficios financieros como refugiados tras llegar a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario, implementado por Joe Biden.
Se trata de una medida que afectaría a alrededor de 321.000 cubanos y haitianos que tienen respaldo legal para recibir servicios temporales de reasentamiento, incluidos alimentación, atención médica y alojamiento.
En concreto, en el Departamento de Agricultura anunció el jueves que, tras la revocación del parole humanitario a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, implementado por el exmandatario Joe Biden, quedará automáticamente eliminado el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés) para beneficiarios de dichas nacionalidades que obtenían cupones o tarjetas de alimentos.
La notificación enviada a todas las agencias estatales que proporcionan asistencia alimentaria para inmigrantes precisa que, a partir de la fecha del vencimiento del parole, el próximo 24 de abril, las personas inscritas bajo tal estatus migratorio quedarán excluidas del SNAP.
La instrucción federal, que responde a la política antiinmigrante desatada por Trump tras su reciente regreso a la Casa Blanca, subraya que la ayuda alimentaria será retirada de inmediato, a menos que las personas puedan demostrar que se encuentran ya con otro estatus migratorio elegible para el SNAP.
Según destacó al respecto el periodista Wilfredo Cancio, si bien no se ha dicho que las personas deban informar sobre un cambio de estatus para preservar la ayuda alimentaria, lo más recomendable es reportarlo a las autoridades del Departamento de Niños y Familias para asegurar su inclusión en el programa.
Hay que recordar que aunque unos 532.000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaron en Estados Unidos con parole humanitario, bajo el amparo de un patrocinador económico que evitaría que los admitidos se convirtieran en una carga pública, cubanos y haitianos podían acogerse también a las leyes de Ayuda a la Educación de los Refugiados, de 1980, y de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales, de 1996, para recibir asistencia financiera, médica y alimentaria, y capacitación para el empleo.
Al empezar a aplicarse el parole para cubanos y haitianos en enero de 2023, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Niños y Familias dejó claro que ambas nacionalidades eran elegibles para recibir ayuda financiera y servicios adicionales, como el SNAP.
En cualquier caso, la comunicación divulgada por el Departamento de Agricultura indica que todos los cubanos y haitianos no afectados por una orden final de expulsión tienen derecho a recibir asistencia como refugiados.
La asistencia alimentaria puede extenderse hasta 12 meses y solo se extingue si la persona recibe una orden final de deportación.
Se estima que en total ingresaron a Estados Unidos bajo el parole humanitario 110.240 cubanos y 211.040 haitianos, pero no se sabe cuántos de ellos solicitaron los citados beneficios adicionales o ya han logrado regularizar su estatus en el país.
Pese a que en teoría el parole implicaba que los patrocinadores correrían con todos los gastos de los beneficiarios del parole, en la práctica fue casi obligatorio para muchos migrantes aplicar a dichas ayudas para poder acceder a su número de seguro social y posteriormente a un permiso de trabajo.
En la directiva de recorte alimentario no se habla de personas que ingresaron por la frontera mediante la aplicación CBP One o cuentan con un documento de libertad bajo supervisión, más conocido como I-220A.
